Aunque se trata de hechos no muy complejos, quizás el que pueda generar más interrogantes es el de concusión, ya que no un término común, sino más bien estrictamente judicial. Se trata de la acción de exigir impuestos, multas o prestaciones de modo arbitraria por un funcionario público. En el caso del ex dirigente peronista se relaciona con el cobro de una contribución a quienes estacionaban en el predio de la feria popular La Saladita.
"Se cobraba y se repartía en forma antojadiza los recursos que se adquirían a través del cobro de la playa de estacionamiento, que se hacía con personal municipal. No se sabe qué pasaba con lo recaudado los domingos y tampoco quedó el registro a quién se destinaba, cuando tenía el deber de transparentar esto como funcionario público", alegó el fiscal de Cámara, Sebastián Capizzi en 2018. Salgado siempre aseguró que no se quedó con nada y dice que esto es comprobable por el modo de vida que lleva.
La causa por desobediencia es porque no respondió a un pedido de informes del fiscal adjunto de Investigaciones Administrativas de la Fiscalía de Estado sobre una licitación. En verdad son innumerables los pedidos de informes que no responden los funcionarios pero no hay muchos antecedentes de condenas como es el caso de Salgado.
Respecto a la malversación de fondos es por la utilización de 1,5 millones de peseos para fines diferentes a los que estaban destinados.
Finalmente el fraude fue por facturas irregulares y libramiento de cheques sin fondos cuando era intendente.
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