La concejal Cristina Da Dalt presentó un proyecto de ordenanza para que los denunciados por violencia de género no puedan ser proveedores de la Municipalidad de San Rafael.
La iniciativa establece en su primer artículo que la Comuna deberá exigir en forma obligatoria "la presentación de un Certificado de Buena Conducta actualizado y vigente en cada concurso de contratación o llamado a licitación de cualquier tipo, todo ello a fin de comprobar que ningún proveedor de la Municipalidad esté denunciado por actos de violencia de género".
La edil manifestó a Canal 6 que "no podemos pretender que dentro del Municipio haya proveedores con sentencias firmes de violencia de género y sigan prestando un servicio o vendan un bien" y con esto "de alguna manera es cerrarles este cerco para que se encarrilen en su vida y empiecen a vivir respetando a las mujeres sin violencia alguna".
Da Dalt dijo que "pretendemos que en algunas de las sesiones especiales o extraordinarias (la ordenanza) salga lo más rápido posible, ya que el período de sesiones ordinarias terminó el 31 de octubre y todo lo que viene es a pedido del intendente o en consenso con los concejales".
Licencias a víctimas de violencia de género
En el mismos sentido, la concejal Natalia Galamba, acompañada por sus pares Fabiana Esperanza y Da Dalt, impulsa un proyecto de ordenanza para establecer un régimen especial de "Licencia por Violencia de Género" con goce íntegro de haberes, para empleadas municipales de planta permanente o temporaria, contratadas por locación de servicios o cualquier otra forma de prestación de servicios laborales al Municipio en cualquiera de sus dependencias. Tendrá un máximo de 180 días, pudiendo ser ampliada previa evaluación.
"Es una situación que debe ser visible y pública, esto significa que la mujer tiene que animarse a denunciar porque es la forma en la cual puede llegar a acceder a alguna solución", expresó Galamba.