Un ex empleado de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) fue condenado por abuso de autoridad en un contexto de violencia de género y la Justicia Federal ordenó que indemnice económicamente a su víctima, sin necesidad de que ella inicie un proceso civil por separado. La decisión la tomó la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, que revocó parcialmente la sentencia anterior que dejaba esa reparación en manos de la Justicia civil.
Trabajador del rectorado
Revisaron la condena por acoso a un empleado de la UNCuyo y la Justicia lo obligó a indemnizar a su víctima
Osvaldo Pulenta ejercía un cargo en Recursos Humanos y hostigó a una trabajadora desde 2018. Casación revocó la decisión que la obligaba a iniciar otro juicio
El hombre condenado trabajaba para el Rectorado en la UNCuyo.
Foto: UNCuyo.El condenado, Osvaldo Nicolás Pulenta, ocupaba un cargo administrativo en el área de Recursos Humanos de la UNCuyo y comenzó a hostigar a una trabajadora en 2018. El acoso se desarrolló principalmente en el ámbito laboral, donde alternaba actitudes de aparente cordialidad con episodios de maltrato.
También se inscribía en actividades académicas y sociales en las que participaba la víctima para mantener una cercanía constante pese a sus negativas, según se comprobó en el juicio. Durante la pandemia, el hostigamiento continuó mediante mensajes personales.
Lo que agravaba la situación era que Pulenta tenía injerencia en las decisiones sobre la renovación de contratos de la denunciante, lo que generaba una relación de dependencia que profundizaba su vulnerabilidad y el temor a represalias laborales.
La investigación también acreditó la existencia de violencia simbólica naturalizada en el entorno de trabajo, con comentarios inapropiados y circulación de contenido sexual en grupos compartidos.
La condena al empleado de la UNCuyo y la decisión de Casación
En el juicio realizado en marzo de 2025, el Juzgado Federal de Mendoza condenó a Pulenta a 4 meses de prisión condicional. El Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal Fernando Alcaraz y la auxiliar Melina Juan, había pedido además una reparación económica para la víctima, pero el tribunal la rechazó al considerar que debía canalizarse por la vía civil.
La Cámara de Casación consideró que esa interpretación era incorrecta. El juez Diego Barroetaveña, cuyo voto lideró el acuerdo, sostuvo que el artículo 29 del Código Penal habilita a los tribunales penales a disponer la reparación del daño como consecuencia directa de la condena, sin necesidad de un juicio civil previo.
El magistrado señaló que obligar a la víctima a iniciar otro proceso judicial para cobrar una indemnización "puede generar una revictimización" y "poner en cabeza de la víctima mujer que sufrió violencia la desgastante tarea de iniciar, transitar y culminar otro proceso judicial para hacer valer su derecho".
"Como miembros del Poder Judicial nos vemos llamados a defender enérgicamente el resguardo de la dignidad de toda persona humana", concluyó Barroetaveña.
La sentencia en 2025
Los fundamentos de la condena al empleado de la UNCuyo se conocieron el 1 de abril de 2025 y dan cuenta de un proceso judicial que comenzó a fines del año 2020 cuando la mujer denunció a Pulenta, hoy de 45 años, licenciado en Administración que se desempeñaba como coordinador administrativo del área Vinculación del Rectorado de la UNCuyo.
Los fundamentos del juez Quirós dan cuenta de que "el licenciado Pulenta hostigó, persiguió y amedrentó a la víctima por su condición de mujer". Los actos de acoso sucedieron en la UNCuyo desde 2018 cuando el imputado le decía a la víctima "que no podía manejar sus sentimientos hacia ella; estaba empecinado con que se enamore de él".
Luego, esos actos se trasladaron al ámbito personal de la víctima durante el aislamiento social y laboral impuesto por la pandemia "a través del envío de mensajes a su teléfono particular".
El condenado "utilizó su posición laboral como empleado de la UNCuyo para someter y perjudicar a una mujer (también empleada)", dijo el magistrado.
Pulenta tenía, entre sus funciones, la obligación de reunir la documentación de contrataciones, pagos, gestiones, rendiciones, renovaciones de los cargos, caja chica, manejaba los fondos públicos y los recursos humanos, licencias y declaraciones juradas, según se ventiló en el debate.