La ley de responsabilidad fiscal vigente en Mendoza tiene 19 años, se gestó en el 2004, cuando -aunque suene increíble-, en el país no había inflación. Por tanto, en el Gobierno entienden que es urgente renovarla, actualizarla a los vaivenes de la economía y hasta endurecerla para sostener algunas políticas que creen que se deben mantener más allá de quien gobierne.
Una norma que tiene 19 años
Víctor Fayad ingresó a la Legislatura una reforma que endurece la ley de responsabilidad fiscal
El ministro de Hacienda remarcó que la reforma de la ley de responsabilidad fiscal que llevó a la Casa de las Leyes, incluye el fondo anticíclico y endurece las normas para contratar personal en los fines de mandatos
El ministro de Hacienda, Víctor Fayad, dio detalles del proyecto de reforma de la ley de responsabilidad fiscal.
"La realidad nos obliga a modificarla y cristalizar lo que se ha hecho en los últimos años en materia de consolidación fiscal, superávit, control del gasto corriente o incremento en infraestructura pública. Creemos que esta norma nos va a ayudar a mantener estas nuevas prácticas y generar un nuevo esquema de transparencia", destacó el ministro de Hacienda, Víctor Fayad, al llegar a la Legislatura.
El proyecto de reforma, al que aportaron también desde el Tribunal de Cuentas y del Consejo Económico, Ambiental y Social, incluye una reforma del Fondo Anticíclico y crea el Consejo Provincial de Responsabilidad Fiscal, que en teoría va a involucrar a los municipios para que puedan sostener gestiones eficientes en materia fiscal.
Pero además, la norma hace más rigurosos los controles sobre las decisiones fiscales que se tomen en cada fin de mandato.
"Tiene un capítulo entero de las normas de fin de mandato, que son más rigurosas. Lo que buscan es que la administración saliente no le genere ningún compromiso a la entrante, en materia de contratación de personal o de contratación, plazos o endeudamientos", adelantó Fayad.
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Que implica tener un fondo anticíclico, un ahorro para época de crisis
La Ley 7.314 provincial que en realidad es una adhesión a la ley nacional 25.917 llamada "de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno", se aprobó en la gestión de Julio Cobos. El espíritu de esa norma era ahorrar en épocas de vacas gordas, para gastar en épocas de vacas flacas.
En aquella gestión de Cobos el fondo anticíclico se generó en el 2006 y 2007, y hay quienes aseguran que él terminó su gestión con un ahorro superior al de una masa salarial estatal completa, según las mediciones del momento fueron $165 millones. Otros le endilgan a su sucesor, Celso Jaque, haberse gastado ese ahorro aún cuando la economía era creciente y no había estos índices inflacionarios.
Desde aquel momento y pese a la vigencia de la ley, todos los gobernadores sucesivos suspendieron la norma para conformar ese ahorro.
La ley indica que si se recauda más de lo presupuestado, el 50% de ese excedente debía ir a conformar el Fondo Antíciclico y le fijaba el tope de cubrir hasta el 2% del Producto Bruto Geográfico de la provincia. Hoy ese PBG es de alrededor de 140.000 millones de dólares, por lo que llegar a ese 2% significaría en la actualidad un tope de algo así como 280 millones de dólares, una cifra muy superior al costo de una masa salarial estatal mensual actual que ronda los $18.000 millones.
Esa condición, entre otras, habría sido la que empujó a varios gobernadores a no conformar el citado fondo. Porque además la norma no contemplaba la posibilidad de que el incremento de la recaudación se debiera al crecimiento de la inflación, y no a que la actividad económica hubiera crecido.
Por eso Fayad y su equipo, pretenden redefinir cómo se conforma un Fondo Anticíclico en un contexto inflacionario descontrolado, no sólo para actualizarlo a estos tiempos y que esa herramienta económica se pueda usar, sino también para blindarlo y establecer en qué situaciones se podría usar, y cómo se debería devolver ese ahorro.
Así el nuevo Fondo Anticíclico se constituya gradualmente hasta alcanzar una suma mínima equivalente a una nómina salarial mensual. Es decir, al cierre de cada ejercicio deberá registrar un saldo equivalente a una nómina salarial (calculada como las remuneraciones más contribuciones y beneficios sociales liquidados durante el mes de noviembre), excepto en aquellos ejercicios fiscales en los cuales se verifiquen situaciones de recesión.
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