La ley 7.722 vio la luz el día de la bandera de 2007 y fue precisamente ese símbolo nacional el elegido para defenderla. Este lunes, cuando puertas adentro de la Legislatura se derogó la ley 9.209 que la modificó sólo por una semana, afuera miles de banderas argentinas flamearon en forma de victoria por la recuperación de la norma que impide el uso de sustancias contaminantes en la explotación minera metalífera.
La ley que recuperó plena vigencia este lunes, desde aquel 2007 a la fecha soportó presiones políticas y empresarias y se consolidó con el pleno aval de la Suprema Corte de Justicia que le confirmó su constitucionalidad.
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Un 20 de junio del 2007 se sancionó la norma que se había gestado en San Carlos. Fue después de dos años de discusión y luego de que aquella comunidad se levantara contra la minera canadiense Tenke y su representante local Depromin, que en febrero del 2015 comenzó a explorar el área Papagayos, a unos 20 kilómetros al sur de la Laguna del Diamante, en donde pretendía extraer oro y cobre.
"Después de que el ex gobernador Julio Cobos vetara la ley que suspendía el otorgamiento de derechos mineros, comenzó la discusión por esta ley. En ese momento el Director de Minería era Carlos Monjo y con él nos enfrentamos en un debate televisivo. Ahí pude demostrar que el funcionario tenía vinculación con una minera que pretendía explorar aquí y al día siguiente Cobos le pidió la renuncia a Monjo", recordó el ex intendente de San Carlos, hoy diputado provincial, Jorge Difonso.
El legislador fue uno de los autores de la ley que recobró vigencia este lunes, pero junto a su firma aparecen como coautores la del actual ministro de Economía, Enrique Vaquié y de los ex legisladores Alejandra Naman y el alvearense Walter Saenz.
La ley sólo tenía un año de vida, cuando en 2008, ya en el gobierno de Celso Jaque, la firma Coro Mining Corp, a través de su operadora Minera San Jorge, presentó su informe de impacto ambiental ante la Dirección de Minería de la Provincia sobre la mina San Jorge, ubicada en Uspallata.
Ese informe se aprobó por autoridades provinciales y nacionales a principios del 2010 y en julio los vecinos de Uspallata presentaron su rechazo en el Concejo Deliberante lasherino y el tema se metió en la campaña política. Hacia fin de ese año se realizó una audiencia pública, de la que también participaron las mineras.
Finalmente, en 2011 el ya candidato del PJ a la gobernación, Francisco Pérez, encabezó el pedido a los legisladores de su partido para rechazar la Declaración de Impacto Ambiental y la negativa fue total. San Jorge se paralizó.
Los embates en la Justicia
Desde que se sancionó en el 2007 la ley recibió 10 recursos de inconstitucionalidad de distintas firmas mineras, pero recién después de 8 años de discusión la Suprema Corte en pleno confirmó su consitucionalidad en diciembre del 2015.
Más tarde, en 2018 hubo dos intentos más por reformarla con sendos proyectos de los legisladores del peronismo Alejandro Abraham y Juan Antonio Agulles. Sin embargo ninguno consiguió el aval político para avanzar y sólo se quedaron en el intento.
Finalmente el pasado 10 de diciembre se conoció el proyecto del gobernador Rodolfo Suarez para modificar la ley 7722. Esa iniciativa se sancionó 10 días más tarde y sólo estuvo vigente otros 10 días, aunque nunca se reglamentó. En ese lapso se sucedieron en la provincia un sin fin de manifestaciones a favor de la 7722 y hasta hubo una caravana que nació en San Carlos, recorrió 100 kilómetros y culminó en Casa de Gobierno.
Fue esa presión social, que demostró que la nueva ley no tenía legitimidad la que llevó al gobernador Suarez a tener que derogarla y enviar ese proyecto a la Legislatura.
Así, la única reforma que sufrió la ley antiminera sólo duró 10 días, tal vez el menor tiempo que pudo tener una norma en la historia legal mendocina.