A fines de marzo, D´Amore advirtió a sus superiores, en la etapa de consulta que prevé la ley, de que los imputados debían ser sobreseídos.
Porque transcurrió un tiempo prudencial y no se incorporaron pruebas concretas a la pesquisa, justificaron Nazar y Capizzi la decisión de impulsar el sobreseimiento de los imputados.
Este se produjo en 2019 y fue sorpresivo porque se produjo en plena veda electoral y a pocas horas de las elecciones que llevaron a Rodolfo Suarez a la gobernación de Mendoza y a Righi a conducir Lavalle por quinto período consecutivo.
De ahora en más, deberá sortearse un juez penal que convocará a la audiencia y sin más trámite dicte el sobreseimiento, porque así lo indica la ley en casos cómo éste en los que la Justicia se encuentra frente a la inexistencia de un delito.
Además de Righi y Parisi serán sobreseídos: Carmelo Simó, Manuel Moreno Serrano y Jorge Pérez, José Blanco, David Acuña, Jorge Álvarez y Carolina Arribi.
El origen
Esta investigación se desprendió de la pesquisa judicial por el manejo de dineros públicos que la organización social Tupac Amaru recibía para la construcción de casas sociales en varios departamentos de Mendoza: Lavalle, Luján, Maipú, Las Heras, Tupungato, Santa Rosa, San Martín y Tunuyán.
La pesquisa madre sigue su curso y nada tiene que ver con la que involucra a Righi y otros.
Tras el pedido de compulsa (de investigación) realizado por la fiscal Chaves, su par D´Amore avanzó sobre las operatorias de viviendas sociales. Puntualmente sobre las que funcionaron en Lavalle.
La teoría de Chaves, que con el avance de la causa perdió fuerza hasta desvanecerse, apuntaba que Righi y los ex funcionarios de IPV y municipales, podrían haber contribuido al desvío de fondos públicos destinados a las casas sociales con tan solo haber omitido la fiscalización y el control del circuito de esos fondos. Porque ella entendía que esas conductas eran propias de los cargos que ejercían.
