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El Gobierno tiene en la mira tres casos judicializados y seriamente sospechados de corrupción con fondos públicos para aplicar la futura ley de extinción de dominio. Se trata de la Tupac Amaru (viviendas sociales), La Rosadita mendocina (obras públicas) y los sueldos liquidados a empleados fantasmas de Guaymallén.

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La iniciativa que permitirá recuperar dinero y bienes de la corrupción para invertir en políticas públicas será analizada desde este martes a la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales del Senado. Aunque difícilmente alguna facción con representación legislativa pretenda hacerla fracasar, la aprobación será largamente debatida en comisiones y en el recinto por tratarse este de un año electoral y porque puede ser tomado como una bandera de la transparencia.

"La extinción de dominio es un instituto jurídico dirigido contra los bienes de origen o destinación ilícita. Es un instrumento de política criminal" "La extinción de dominio es un instituto jurídico dirigido contra los bienes de origen o destinación ilícita. Es un instrumento de política criminal"

De un reconocido jurista

Nélida Rojas (líder la Tupac Amaru local), Claudio Barraza (ex funcionario de Obras de Paco Pérez) y el ex intendente peronista Luis Lobos, la esposa, Claudia Sgró, y la suegra, María Elena Fernández, tienen asuntos pendientes con la Justicia por el manejo de fondos públicos. Tres fiscales tramitan las causas: Gabriela Chaves, Hernán Ríos y Susana Muscianisi. 

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"Nuestro proyecto es mejor que el DNU de Macri"

Alfredo Cornejo dialogó con Radio Nihuil al respecto del proyecto provincial de extinción de dominio y se mostró optimista por la aprobación del mismo en la Legislatura.

"La oposición no ha opinado mucho. Creemos que nuestro proyecto es bastante más completo que el DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) del Gobierno Nacional", dijo el Gobernador.

En ese sentido, consideró que las críticas del kirchnerismo pasaban por el hecho de devolver los bienes sin que esté probado el delito, pero que el proyecto contempla un juicio específico hasta tanto se resuelva lo penal, donde las personas puedan defenderse y probar que los bienes son legítimos.

"Si no lo pueden probar van a parar al Estado, al fondo de reparación y construcción de escuelas", detalló Cornejo.

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