El Gobierno tiene en la mira tres casos judicializados y seriamente sospechados de corrupción con fondos públicos para aplicar la futura ley de extinción de dominio. Se trata de la Tupac Amaru (viviendas sociales), La Rosadita mendocina (obras públicas) y los sueldos liquidados a empleados fantasmas de Guaymallén.
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La iniciativa que permitirá recuperar dinero y bienes de la corrupción para invertir en políticas públicas será analizada desde este martes a la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales del Senado. Aunque difícilmente alguna facción con representación legislativa pretenda hacerla fracasar, la aprobación será largamente debatida en comisiones y en el recinto por tratarse este de un año electoral y porque puede ser tomado como una bandera de la transparencia.