En medio de la Marcha Federal por la Educación Pública, el gobierno nacional confirmó que iniciará una ronda de consultas con las autoridades de las instituciones académicas para analizar la situación financiera de las universidades que reclaman la actualización de partidas destinadas al funcionamiento operativo y los salarios y el cumplimiento de la ley que garantiza esos recursos.
Educación
Tras la Marcha Federal Universitaria, Nación se reunirá con los rectores para analizar el presupuesto 2026
La Secretaría de Educación convocará a los rectores nacionales con el objetivo de establecer una mesa técnica sobre el financiamiento tras la Marcha Federal
El secretario de Educación, Carlos Torrendell, mantendrá reuniones con rectores de universidades.
La convocatoria, que será canalizada a través del Ministerio de Capital Humano, busca desactivar el conflicto que mantiene en alerta a todo el sistema de educación superior. Según fuentes oficiales, el gobierno tiene la intención de revisar los números presentados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para garantizar que las facultades puedan completar el ciclo lectivo actual sin contratiempos financieros de gravedad.
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Desde el entorno del secretario de Educación, Carlos Torrendell, se enfatizó que la prioridad es establecer un cronograma de pagos que brinde previsibilidad a la gestión académica. No obstante, el Ejecutivo mantiene su postura sobre la necesidad de realizar auditorías externas para transparentar el uso de los fondos públicos que se transfieren a las instituciones.
El impacto del presupuesto en las universidades
La principal preocupación de los rectores radica en que el presupuesto vigente es una prórroga del correspondiente al año 2023. Ante una inflación que superó los 3 dígitos, las universidades manifestaron que los recursos actuales son insuficientes para cubrir servicios básicos como luz, gas y mantenimiento edilicio, los cuales sufrieron aumentos exponenciales en el último trimestre.
En este contexto, las autoridades universitarias esperan que la reunión no se limite a una foto protocolar, sino que derive en una resolución administrativa que incremente los gastos de funcionamiento. Hasta el momento, se había anunciado un aumento discrecional del 70% en marzo y otro porcentaje similar para mayo, cifras que el sector considera alejadas de la realidad económica.
Negociaciones salariales y futuro académico
Un eje central de la mesa de negociación será la recomposición de los salarios para el personal docente y no docente. Los gremios del sector han denunciado una pérdida del poder adquisitivo cercana al 40% desde diciembre, lo que derivó en paros, clases públicas y movilizaciones en diversos puntos del país, incluyendo la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza.
Por su parte, el gobierno sostiene que los incrementos deben estar alineados con las metas de equilibrio fiscal que se trazó la actual administración. Esta diferencia de criterios entre el techo salarial propuesto por el Estado y las demandas sindicales será uno de los puntos de mayor tensión en las próximas semanas para las universidades públicas.
La administración central reiteró que, si bien la educación es un pilar fundamental, el contexto de escasez de recursos obliga a una reasignación eficiente. Las instituciones educativas mantienen su estado de asamblea permanente a la espera de que los anuncios se traduzcan en transferencias efectivas a sus cuentas bancarias.
El escenario es complejo, ya que la masividad de las últimas protestas otorgó un renovado capital político a los rectores de las Universidades para negociar desde una posición de mayor fuerza frente al Ejecutivo.
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