El agente digital encubierto será un funcionario de seguridad o miembro del Ministerio Público fiscal autorizado para enviar o recibir información e interactuar a través de internet para obtener información que sea útil en el esclarecimiento de un delito complejo
La Cámara de Diputados, por mayoría de votos, remitió en segunda revisión al Senado el proyecto por el cual se establecen modificaciones al Código Procesal Penal referidos al agente encubierto digital. La iniciativa tenía media sanción de la Cámara Alta pero fue modificada durante el tratamiento en comisiones de Diputados.
De esta manera, la iniciativa sigue el curso legislativo para convertirse en ley, sin el apoyo del bloque del PJ. El presidente de la bancada peronista, Germán Gómez, aseguró que se precisan más especificaciones que la norma no está considerando.
La próxima semana se retomará la discusión en la Cámara Alta provincial.
De acuerdo a la iniciativa, en los casos de la investigación de delitos en que resulte necesaria la interacción en entornos o plataformas digitales, el fiscal podrá requerir fundadamente ante el Juez Penal Colegiado, la actuación encubierta de un agente.
En tal sentido, se considera agente encubierto digital al funcionario de las fuerzas de seguridad o miembro del Ministerio Público Fiscal autorizado, que previo prestar su consentimiento, oculte o utilice un perfil digital encubierto, interactúe y se relacione digitalmente a través de tecnologías de la información y de la comunicación con el objeto de: identificar o detener a los autores, participes o encubridores de un delito; impedir la consumación de un delito; o para reunir información o elementos de prueba necesarios para la investigación.
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La autorización de este medio de investigación excepcional, se emitirá por decreto fundado, en el marco de la investigación de delitos previstos en los artículos 128, 131 del Código Penal, delitos concretos de especial gravedad o de investigación compleja y siempre que existan motivos suficientes que acrediten que el éxito de la investigación esté seriamente dificultado de no recurrirse a este medio, o que se trata de delitos cometidos a través de medios informáticos que no permiten otra forma de investigación.
El texto legislativo dispone, además, que la actuación encubierta no podrá exceder de 180 días a contar desde su autorización, y que los perfiles o identidades digitales en ningún caso podrán ser imágenes de personas reales, serán creados y administrados por personal técnico idóneo del Ministerio Público Fiscal y bajo el control directo del Fiscal a cargo de la investigación, quien hará constar las directivas, reservando en caja de seguridad: la denominación y características del perfil utilizado por el agente encubierto; plataformas digitales donde se actuará; claves de acceso validadas y actividad concreta a desarrollar por el agente. Una vez concluida la intervención del agente encubierto informático el agente Fiscal dejara constancias de su existencia en el legajo/expediente
Asimismo, establece que este agente encubierto digital, con autorización específica para ello, podrá intercambiar o enviar por sí mismo archivos ilícitos por razón de su contenido. El agente encubierto informático estará exento de responsabilidad criminal por aquellas actuaciones que sean consecuencia necesaria del desarrollo de la investigación, siempre que guarden la debida proporcionalidad con la finalidad de ésta y no constituyan una provocación al delito.
Por otra parte, contempla que siempre que se vincule con la investigación de un delito de su competencia, el fiscal podrá ordenar por decreto fundado, a cualquier persona humana o jurídica en el territorio provincial, la presentación de datos informáticos, electrónicos o digitales o en un dispositivo de almacenamiento informático que obre en su poder o bajo su control, relativos a la identificación o localización u otra información asociada de un usuario y/o abonado y que se pueda acceder al sistema legítimamente aunque no se encuentre dentro del territorio.
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Asimismo, el fiscal podrá ordenar a toda persona humana o jurídica que preste un servicio de comunicaciones o a los proveedores de Internet de cualquier clase en jurisdicción argentina, la entrega de datos personales o de identificación de los usuarios y/o abonados u otra información asociada, que tengan bajo su poder o a los que pueda acceder de manera legítima, aunque estén fuera de esa jurisdicción. La orden podrá contener la indicación de que la medida deberá mantenerse secreta bajo apercibimiento de sanción penal y con las limitaciones establecidas en el Art. 225 del C.P.P..
El destinatario quedará obligado a adoptar todas las medidas técnicas de seguridad necesarias, para mantener en secreto la medida ordenada por el Magistrado.
Finalmente, incluye artículos relacionados con el aseguramiento de datos informáticos almacenados, el secuestro, apertura y análisis del sistema Informático e incautación de datos, y la custodia o depósito.
Tanto el presidente del bloque del PJ, Germán Gómez, como la diputada Verónica Valverde, explicaron cuál es la postura de la bancada a la que pertenecen.
Dijeron estar de acuerdo con el espíritu de la ley (el esclarecimiento de un delito) pero no con ciertos tramos del texto.
Ambos diputados explicaron que cuando se habla de temas como la protección de la infancia, la ley tiene que ser precisa, no puede tener grises. Sostuvieron que se necesita más tiempo para discutir una idea como esta y lograr la mejor ley posible.
Antes de concluir, aclararon que no están en desacuerdo con condenar a los delincuentes, sino que detectan que existe una problemática en la herramienta que se ha elegido para concretar este fin. También puntualizaron que hay una gran diferencia entre los agentes encubiertos en la policía y los encubiertos en delitos informáticos.
Por su parte, José Luis Ramón, del bloque Protectora -que pertenece al frente UP- manifestó que este proyecto “tiene un objetivo que es limitar las garantías constitucionales, que van en línea con disminuir los derechos humanos básicos".
por último, sostuvo que “este proyecto no tiene consenso civil, sí técnico” y que “tiene como objetivo que los derechos quede en manos de un fiscal”.