La nueva estrategia del Gobierno

Rodolfo Suarez planea presentarse en la Justicia si no hay respuesta por Portezuelo

Los asesores del gobernador ya piensan en una estrategia judicial si no hay respuesta al pedido de laudo. El 22 de agosto vence el plazo para que Alberto Fernández dé su veredicto sobre la viabilidad de la obra y, de seguir sin un fallo, insistirán por esa vía

El tiempo para decidir sobre Portezuelo del Viento se agota. El próximo 22 de agosto se acabará el plazo para que Alberto Fernández defina si se puede avanzar con el proyecto, o si efectivamente pedirá más estudios de impacto ambiental. Como no hay respuestas, en el Gobierno de Suarez evalúan presentarse en la Justicia para exigir una reacción del Ejecutivo nacional.

Lo que se planea es un amparo por mora de la Administración, según fuentes cercanas. Un procedimiento que manifiesta que, ante el silencio o la inacción de efectores públicos, el Poder Judicial pueda emitir una orden concreta de resolución y un -nuevo- plazo límite para llevarlo a cabo. Con eso cuentan en la provincia si es que vuelven a quedarse esperando la palabra oficial. Además, ya están listos para pedir otro pronto despacho.

El amparo por mora está fundado en las leyes 16.986 y 19.549. La primera de ellas reza que puede usarse "contra todo acto u omisión de autoridad pública que, en forma actual o inminente, lesione, restrinja, o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, garantías reconocidas por la Constitución Nacional".

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Significa que ahora Mendoza tendría la fuerza de un juez respaldando la solicitud, pero en términos generales sería muy similar al pronto despacho que ya se presentó a finales del año pasado. Como se sabe, aquel intento de los funcionarios mendocinos terminó desestimado por el Presidente, ya que estaba "mal pedido" el laudo y por lo tanto no corría ningún plazo (según manifestó el Ministerio del Interior, pero desmienten en la provincia).

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Desde la órbita de De Pedro llegó la novedad de que no corría ningún plazo, aún cuando Mendoza esperaba que el 14 de enero fuera la fecha límite. Esta vez, quieren que la respuesta llegue sí o sí.

Desde la órbita de De Pedro llegó la novedad de que no corría ningún plazo, aún cuando Mendoza esperaba que el 14 de enero fuera la fecha límite. Esta vez, quieren que la respuesta llegue sí o sí.

"La vía administrativa también está, pero se suma a la judicial. Son dos estrategias que se están trabajando sólo en caso de que el 22 no haya resolución. Antes de eso no se puede hacer nada, porque hay que ser respetuosos de los plazos legales", dicen en el Gabinete. Lo que explican es que ninguno de los caminos está decidido hasta que no llegue la fecha estipulada. Durante los poco más de veinte días que quedan, la Casa Rosada puede ofrecer una sorpresa.

Estrategias en medio de la espera

En Casa de Gobierno nadie da una explicación certera de por qué se demora el fallo. Tampoco lo ha explicado el propio Fernández, quien hace casi tres meses anticipó su postura contra los intereses del Ejecutivo local. Sin embargo, más allá de todas esas expresiones públicas, y de que Suarez y Fernández ya tuvieron un careo en Casa Rosada, el laudo no aparece; y en Mendoza se impacientan cada vez más.

Por eso el lunes 18 al atardecer hubo un encuentro entre el gobernador y algunos funcionarios, con la presencia de al menos dos ministros. El encuentro no trascendió demasiado, pero tuvo a Portezuelo del Viento como uno de los temas que pusieron sobre la mesa. Específicamente se habló del destino de los fondos, que, congelados como están en el fideicomiso, pierden valor a una velocidad inédita por la inflación en dólares.

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Suarez dijo que el mensaje de Fernández contra Portezuelo había sido

Suarez dijo que el mensaje de Fernández contra Portezuelo había sido "un cachetazo para todos los mendocinos".

Allí resurgió la alternativa de volver a pedir el pronto despacho liso y llano, tal como se empleó aquella vez. Hace una semana, Suarez anunció explícitamente que su equipo trabajaba en ese sentido: "Si no ocurre el laudo antes de esa fecha (el plazo límite de agosto), vamos a pedir un pronto despacho. Si el Presidente falla como dijo, haciendo un estudio de impacto ambiental, que es como decirnos que no porque demoraría años, que nos lo diga rápido", sentenció.

El oficialismo decidió esperar la respuesta. Incluso ha habido reuniones del Coirco de las que el propio gobernador participó, y a las que no volvieron a llevarse reclamos por este tema. Algo que explica esa cautelosa conducta es que no sólo se aguarda por un sí o un no, sino que también están latentes preguntas más profundas: cómo se puede usar el dinero, y para qué.

Es que el Gobierno necesita que les digan si van a poder hacer otro tipo de proyectos, en lugar de tener que quedarse sólo en los de carácter hidroeléctrico. Esto se pidió a través de documentos y cartas oficiales que llevaron el apoyo de los asesores técnicos de calle Peltier. "Permitir obras para crear energía (y/o) ampliar la capacidad productiva; sin perjuicio (aclararon) de avanzar en obras hídricas". En esos términos fue solicitado. Como todo lo que tenga que ver con los 1.023 millones de dólares, la respuesta sigue pendiente.

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