En total, Macho enfrenta cinco causas activas, mientras que Iranzo enfrenta tres.
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Roberto Macho, secretario general de ATE.
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Las palabras de Macho tras salir de la audiencia
Al salir de la primera audiencia de acusación, el gremialista denunció ser un "perseguido político" y disparó contra el Ejecutivo: "Es absurda la impunidad que tiene el Gobierno para manejar a los títeres fiscales del poder de turno, como son los que nos están acusando".
"En plenas negociaciones paritarias nos han imputado y nos quieren llevar a juicio por protestar por el salario de los trabajadores, por manifestarnos pacíficamente en las calles o por ir a una reunión paritaria", continuó.
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El gremialista, junto a otros miembros de ATE, es acusado por entorpecimiento de la vía pública.
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En tanto, su abogado expresó que la fiscalía "no tiene pruebas suficiente del delito" y denunció que les indilgan un "delito tipificado por la dictadura militar, que lo utilizan los gobiernos de turno para perseguir a las dirigencias gremiales y con esa medida oprimir cuando se lucha por el salario de un obrero".
Desde ATE lanzaron un comunicado en donde asegurar que "el Gobierno mantiene una clara impronta autoritaria y represora, siguiendo la línea que pregona la Nación, acallando los justos reclamos que la clase trabajadora, con sus dirigentes sindicales al frente de las batallas, vierten en las calles de manera pacífica".
Una causa que sirve como antecedente
En 2021, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza revocó -en fallo dividido- la condena a los sindicalistas Raquel Blas (CTA) y Roberto Macho (ATE), que habían sido sentenciados por obstruir la circulación pública en calle Peltier en 2016.
En aquella oportunidad, tal como lo contó el periodista de Diario UNO José Luis Verderico, fue el ala "peronista" del máximo tribunal la que contribuyó a que esa causa, que también se inició en el contexto de las paritarias, quedara sin efecto.
Así, con los votos de Omar Palermo y Mario Adaro, la Sala Segunda del máximo tribunal de justicia de Mendoza revocó, en decisión dividida, la condena a 3 meses de prisión que por entonces se había impuesto a los dirigentes sindicales.
El voto en minoría fue de José Valerio, para quien sí debió mantenerse la condena del Segundo Juzgado Penal Colegiado.
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