En un enero distinto, en el que son pocos los legisladores que se han podido tomar vacaciones, el epicentro de la política está en el Congreso de la Nación y sus alrededores. Allí se debate la Ley Ómnibus, que conlleva entre sus 660 artículos el futuro de las provincias y es por eso que poco de lo que ocurra tierra adentro de Mendoza parece ser tan atractivo como lo que se discute en la gran capital.
Retenciones al vino: los legisladores mendocinos que las rechazan, los que apoyan y los que dudan
Sin poder despojarse de la camisa de manga larga, ni lograr usar el short, varios de los legisladores nacionales -no todos, claro está- se muestran dispuestos a batallar contra las retenciones a las exportaciones de vino, que impactarán de lleno en toda la cadena productiva de la vitivinicultura, y con ella en varias actividades aledañas.
A esos efectos nocivos se suma que volver a aplicar ese impuesto que eliminó el ex ministro Sergio Massa en septiembre del 2023 le supondría al Estado nacional una recaudación de unos 50 millones de dólares, una suma ínfima en la estructura de ingresos, más si se compara con el daño que provocaría en las exportaciones y por tanto al ingreso de divisas.
"La puerta está entornada" responden en el Gobierno cuando se les consulta por el avance de las negociaciones políticas encaradas desde Mendoza para frenar las retenciones al vino que la Ley Ómnibus elevó de 0% a 8%.
La imagen es clara: perciben que el Gobierno de Javier Milei no está del todo abierto a eliminar ese impuesto a las exportaciones vitivinícolas, ni tan cerrado ante el pedido de las provincias que lo reclaman en un tándem con la COVIAR.
Sin que la Casa Rosada haya dado muestras claras de querer modificar ese impuesto, como lo hizo por ejemplo con las reformas que pretendió aplicar a la ley de pesca, en las que dio marcha atrás luego de una férrea oposición de 5 gobernadores patagónicos y sus legisladores; en Mendoza saben que la batalla clave será en el Congreso y se ilusionan con poder tachar las retenciones en la discusión previa que se dé en las comisiones, esto es sacarlas de la Ley Ómnibus antes de que llegue al recinto del Congreso.
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Quiénes están dispuestos a frenar retenciones, quiénes no y los que dudan
Aquella ilusión de frenar las retenciones en el debate de comisiones no es antojadiza ni irreal. En parte se basa en las voluntades que se revelaron en la reunión que el miércoles concretó la COVIAR con los legisladores nacionales de las provincias vitivinícolas.
A esa cumbre que se hizo en Buenos Aires, a sólo 3 cuadras del Congreso para favorecer que pudieran asistir los diputados que estaban en plenario de comisiones analizando la Ley Ómnibus, acudieron legisladores de 9 provincias productoras de vino, entre ellos algunos libertarios que entienden lo nocivo de ese impuesto.
De los 13 legisladores nacionales mendocinos sólo asistieron 5: las senadoras Anabel Fernández Sagasti (PJ) y Mariana Juri (UCR) y los diputados Adolfo Bermejo (PJ) y los radicales Pamela Verasay y Lisandro Nieri y todos coincidieron en la necesidad de eliminarlas.
A la cumbre de legisladores faltaron los libertarios Mercedes Llano, Facundo Correa Llano y Lourdes Arrieta, que tenían como gran excusa el hecho de que estaban participando del plenario de comisiones de Diputados y así se pudo ver en distintos posteos que hicieron en sus redes sociales con sus participaciones.
Sin embargo, más allá de esa circunstancia, hoy la lupa está sobre ellos. La gran duda es si acompañarán el reclamo de la industria madre mendocina y sostendrán aquella bandera que arriaron en campaña contra la manía del kirchnerismo de frenar con impuestos el desarrollo industrial, o si en cambio les pesará más la obediencia partidaria y esta vez avalarán subir un impuesto recaudatorio.
Ante la consulta puntual de Diario UNO, Mercedes Llano respondió: "Ante el desastre económico heredado del kirchnerismo, el Presidente ha impulsado reformas de shock para evitar una hiperinflación y restaurar el equilibrio de las cuentas públicas. Esas reformas requerirán un esfuerzo de todos los sectores. Las retenciones serán temporales. Se inscriben dentro del objetivo de alcanzar el déficit cero y en el marco de un programa económico liberal secuencial que tiene como horizonte, en el corto plazo, la liberación del comercio. En el caso de la vitivinicultura, los referentes de la industria señalan que las retenciones impactan negativamente sobre la competitividad de sus productos en un contexto de contracción de sus mercados. Si bien se han impulsado medidas que buscan apoyar las exportaciones, como la devaluación, entre otras, desde distintos sectores de la vitivinicultura plantean que las retenciones, pese a los incentivos propuestos, son perjudiciales por la suba de los costos de insumos, fletes y acumulación de stocks, entre otros. Ante esta situación, recibí las inquietudes y las acerqué al gobierno para intentar encontrar coincidencias y puntos de acuerdo".
Es claro que la diputada entiende que este impuesto, en este contexto económico, es necesario y para mitigar el reclamo asegura que será temporal.
Su compañero de bloque, Facundo Correa Llano, también adoptó una postura similar, aunque en su intervención en el plenario sólo tímidamente se atrevió a plantear la preocupación de la industria vitivinícola por el impacto de las retenciones. Ante el secretario de Agricultura, Fernando Vilella, remarcó la pérdida de divisas que generaría ese freno a la exportación, pero aún no ha hablado de cómo votará llegado el momento.
Nada se sabe de la postura que tomará la más joven de los libertarios mendocinos que llegaron al Congreso, Lourdes Arrieta, que optó por no responder ante la consulta de este medio.
A aquella reunión tampoco acudió Álvaro Martínez, el único diputado de La Unión Mendocina que oficia de aliado de La Libertad Avanza. Según adelantó el legislador, él ya hizo planteos al Ejecutivo para saber si es posible que las retenciones sean temporales o si barajan algunas alternativas "sobre todo considerando la situación del país", aclaró, en referencia a la necesidad del Estado de acrecentar su recaudación elevando ese impuesto al vino, con lo cual pareciera dispuesto a apoyar esa suba en las retenciones.
Entre los ausentes a la cumbre que convocó la COVIAR también figuraban la peronista Liliana Paponet que también adujo estar en la reunión de comisiones de Diputados, mientras que Martin Aveiro contó que sufrió una fractura en un pie que le impidió acudir.
Ambos remarcaron que rechazan la suba de ese impuesto y de hecho junto a Adolfo Bermejo presentaron un proyecto para mostrar ese rechazo.
Tampoco fue el ex gobernador y hoy senador nacional Rodolfo Suarez, quien argumentó que no estaba en Buenos Aires, pero que se había puesto en contacto con los dirigentes de la COVIAR y avalaba el pedido de eliminar las retenciones.
Entre los ausentes también figuró el diputado Julio Cobos, que argumentó haber hablado con los dirigentes de COVIAR para ratificarles que votará en contra de las retenciones.
Por tanto, el punteo que hacen la COVIAR y el Gobierno los lleva a creer que tienen los números de legisladores para rechazar esas retenciones. En el caso de los mendocinos, de los 13 legisladores nacionales, creen tener confirmados al menos 9 rechazos: esa es la suma de diputados y senadores del PJ y la UCR.
Otra muestra del rechazo que darían los radicales se dio el jueves cuando en medio de la discusión de la Ley Ómibus, Lisandro Nieri reclamó conocer el número de cuánto impacta ese impuesto puntualmente en la recaudación y en la meta de mitigar el déficit fiscal.
"No tienen los números para la discusión de todo el paquete de retenciones. Por eso estamos confiados en que se puede dar marcha atrás, como ya ocurrió con el tema de hidrocarburos", develan en la mesa chica de Alfredo Cornejo y es en esa carencia de la Libertad Avanza en donde reafirman sus esperanzas de negociación.
Por fuera de lo que se da en el Congreso, el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu también intenta convencer no sólo al ministro del Interior, Guillermo Francos, sino también a su vice, Lisandro Catalán con quien viene hablando para mostrarle cómo esas retenciones harían polvo las pretendidas exportaciones tanto del vino como del mosto que tenían en carpeta en Mendoza.
Vargas Arizu traerá su tropa y convivirá con una ex funcionaria de Vaquié
Mientras se divide entre negociar para intentar frenar las retenciones al vino y evalúa los daños que provocó el granizo del jueves en San Rafael, el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu también busca definir quiénes serán los funcionarios que lo acompañarán en su gestión.
En ese ministerio aún resta conocer los nombres de quienes serán los subsecretarios de Agricultura y Ganadería y de Industria y Comercio, por ejemplo.
Al parecer los cargos del nuevo organigrama ya estarían ofrecidos, pero falta el aval de Cornejo para que finalmente se den los nombramientos.
Quien sí tendría su lugar asegurado es el empresario agropecuario Andrés Vavrik, quien integrara el plantel de Vargas Arizu en Activá Mendoza, esa línea interna y empresarial de Cambia Mendoza, que compitió en las últimas PASO para varios cargos legislativos y algunas intendencias.
El alvearense sería el titular de la delegación Sur de ese ministerio y deberá ser quien articule políticas con el sector privado, que conoce muy bien ya que presidió la Cámara de Comercio y Ganadería de su Alvear natal. Su nombramiento podría darse en los próximos días, aunque él ya comenzó a trabajar con Vargas Arizu.
Entre los pocos funcionarios del ex ministerio de Economía que lideró Enrique Vaquié y que ahora mutó a Producción, se quedaría Emilce Vega Espinosa, la titular de la ex Dirección de Empleo y Capacitación de aquel ministerio a quien "le habrían ofrecido una subsecretaría", contaron fuentes de Casa de Gobierno.
¿Está en los planes de Milei privatizar IMPSA?
En medio de la discusión de la Ley Ómnibus en el plenario de comisiones de Diputados, la libertaria mendocina, Mercedes Llano consultó a los enviados de Ejecutivo si estaba en los planes de Javier Milei privatizar IMPSA, la empresa metalmecánica mendocina de la familia Pescarmona que recibió un salvataje estatal de poco más de $1.816 millones en el 2021.
Pasa que el nuevo gobierno tiene en la mira a una treintena de empresas estatales en las que comenzará con un proceso de saneamiento para su posterior transformación en sociedades anónimas, es decir previo a la privatización.
En ese enorme listado aparecen: Administración General de Puertos, AR-SAT, AYSA, Trenes Argentinos, Aerolíneas Argentinas, Belgrano Cargas, Coviara, Casa de Moneda, Contenidos Públicos, Corredores Viales, Correo Argentino, Fabricaciones Militares, Dioxitek, Educ.ar; Empresa Argentina de Navegación Aérea, Enarsa, Fábrica de Aviones, Intea, Intercargo, Nucleoeléctrica Argentina, Polo Tecnológico, las radios de las universidades del Litoral y de Córdoba, Radio y Televisión Argentina, Tandanor, Telam, Veng, la minera YMAD y Yacimientos Carboníferos Fiscales.
Si bien IMPSA no es formalmente una empresa estatal, el Estado nacional es dueño del 63,7% de las acciones y el provincial de otro 21,3%.
"IMPSA, más allá del romanticismo que ha tenido parte de la alocuciones en este ámbito, es un ejemplo de cómo la estatización de una empresa generó la pérdida de esa entidad que tenía, porque a mi entender todo lo que toca el Estado no solamente lo funde; lo tiñe de corrupción", disparó Llano y puso la lupa en la firma metalmecánica.
Sin embargo hay que recordar que IMPSA, Industrias Metalúrgicas Pescarmona Sociedad Anónima, ya es una sociedad de firmas privadas que hoy conservan más del 15% de la empresa, y por tanto no haría falta de una ley para llevarla a ser una sociedad anónima como sí se necesita para otras empresas estatales.
Sí resta saber si Milei pretende desprenderse de aquel paquete accionario mayoritario que hoy tiene el Estado. Por su lado, el estado provincial en la gestión de Rodolfo Suarez ya comenzó con el proceso de venta de acciones.
Es más: según confirmaron desde la firma en la asamblea de abril del 2023, el directorio resolvió solicitar a la CNV (Comisión Nacional de Valores) el ingreso de IMPSA al régimen de oferta pública de acciones (IMPSA ya está en el de oferta pública de Obligaciones Negociables). Eso responde al fin que habrían tenido tanto Alberto Fernández como Rodolfo Suarez a la hora de adquirir acciones de la firma: que en un momento las acciones de IMPSA coticen en la Bolsa para venderlas y recuperar la inversión inicial.










