La Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza inició al menos 5 sumarios administrativos a funcionarios y empleados de los Tribunales Federales desde que comenzó, hace más de 3 años, la compleja trama judicial que derivó en la destitución y el juicio oral y público al ex juez federal Walter Bento.
Renunció una empleada del juzgado de Walter Bento, investigada por la compra de un departamento
El último de esos procesos internos se inició a fines de 2023, tras la declaración de un testigo en una de las audiencias del debate a cargo del Tribunal Oral Federal 2.
Sin embargo, quedó cerrado esta semana porque Carolina Bartolini, empleada del Juzgado Federal 1 -que trabajó con Bento- renunció sorpresivamente al Poder Judicial de la Nación, al que había ingresado en 2008.
Aunque el sumario quedó automáticamente extinguido por haber terminado la relación laboral, la mujer quedó bajo sospecha de integrar la asociación ilícita que, según la acusación fiscal, vendía resoluciones judiciales firmadas por Bento y se enriquecía ilegalmente.
En octubre, un testigo declaró que el esposo de Bartolini compró por 180 mi dólares un departamento a un procesado en el Juzgado a cargo de Bento, y que el expediente había sido tramitado por la propia Bartolini en su rol de empleada judicial. De ahí en más, esa operación inmobiliaria quedó en la mira de ser un movimiento delictivo.
► TE PUEDE INTERESAR: Capturaron en San Luis al sospechoso del femicidio de María Victoria Ruiz
Los otros sumarios derivados del caso Bento
Tres de los cinco sumarios iniciados por la Cámara Federal de Apelaciones apuntaron a la esposa y a dos hijos del ex juez Bento.
El reglamento interno del Poder Judicial de la Nación establece que cuando un empleado o funcionario está imputado en una causa judicial debe ser sumariado. Y que cuando esa situación se agrave y se le dicte el procesamiento, automáticamente debe ser suspendido.
Nahuel y Luciano Bento, ambos integrantes del plantel de la Justicia Federal de Mendoza, fueron sumariados por estar implicados en el caso de la asociación ilícita junto con el padre y la madre.
Ambos procesos concluyeron: el primero de los hijos de Bento fue cesanteado por la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, decisión que la Corte nacional confirmó. A Luciano Bento no se le renovó el contrato y también quedó fuera del sistema.
La esposa del ex juez, Marta Boiza, también sumariada por los procesamientos judiciales, está suspendida en sus funciones mientras se desarrolla el debate. De la sentencia dependerá su futuro, incluso el laboral.
Otro sumario recayó en Paula García, abogada, ex relatora de la Cámara Federal de Apelaciones y con el Juzgado Federal Civil y Comercial como último destino laboral conocido desde que estalló el caso Bento.
García tiene licencia por razones de salud y por esto el sumario no avanza.
Su situación quedó comprometida cuando se supo que ella y su esposo, el abogado Francisco Chato Álvarez -otro de los acusados de ser parte de la red delictiva- tenían estrecha relación con Diego Aliaga, sindicado como nexo entre Bento y el mundo del hampa.
El matrimonio vive en el mismo barrio privado que los Bento y Aliaga utilizó la camioneta BMW X6 negra de Álvarez en sus últimos días.
► TE PUEDE INTERESAR: El SUTE también bajará a las bases la nueva propuesta de aumento del Gobierno



