Renuncias y despidos en la obra social de los militares que intensifica su crisis

La salida se produjo mientras la deuda del organismo continúa acumulándose y persisten dificultades para garantizar las prestaciones médicas a los afiliados. Según informó La Nación, el pasivo de la estructura residual ronda los $200.000 millones y, en el detalle de las obligaciones con prestadores, alcanza los $213.000 millones.

Guzmán tenía a su cargo la liquidación del antiguo IOSFA, mientras que la nueva Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) comenzó a asumir la administración de los aportes actuales de los afiliados. El esquema dejó al viejo organismo con la responsabilidad de afrontar las obligaciones acumuladas durante años de funcionamiento.

Una transición que quedó atrapada por las prestaciones

Uno de los principales problemas surgió porque la estructura que debía avanzar hacia su cierre continúa involucrada en la atención médica.

De acuerdo con la información publicada por La Nación, el presidente del directorio de OSFA, el general de brigada Pablo Guillermo Plaza, solicitó que el IOSFA siguiera utilizando su red de prestadores para garantizar la atención de los afiliados más allá del 30 de septiembre, fecha establecida para el fin de esa etapa.

El planteo generó un problema adicional para la liquidación: mientras OSFA recibe los aportes de los afiliados, el organismo residual continúa acumulando facturas y obligaciones vinculadas con prestaciones médicas.

La situación ya había sido advertida por Guzmán en una comunicación elevada al Ministerio de Defensa, en la que señaló las dificultades financieras para sostener el funcionamiento de la estructura residual mientras avanza el proceso de cierre.

La continuidad de las prestaciones, además, se produce en un contexto en el que distintos prestadores suspendieron servicios por falta de pago y se registraron dificultades para acceder a medicamentos e insumos médicos.

ATE denuncia el riesgo para cientos de trabajadores

En paralelo, la crisis financiera derivó en un conflicto laboral. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocó a una movilización frente a la sede de la obra social y denunció un proceso de ajuste que podría afectar a cientos de empleados.

Según informó Clarín, el gremio cuestiona el recorte de 576 puestos de trabajo: 400 contratos finalizarían el 30 de septiembre y otros 200 trabajadores de planta pasarían a disponibilidad, de acuerdo con la denuncia sindical.

ATE también cuestionó el cierre o traspaso de establecimientos vinculados con la obra social. Entre ellos figuran hoteles, centros recreativos y farmacias que hasta ahora formaban parte de la estructura administrada por el organismo.

El gremio sostiene que la reorganización puede dejar a unas 600 personas sin trabajo. Esa cifra es presentada por ATE como una estimación del impacto laboral del proceso y no como un número oficial de despidos ya concretados.

Hoteles, farmacias y centros médicos, en el centro del ajuste

El patrimonio de la antigua obra social también quedó involucrado en la reorganización.

Según el diario Clarín, está previsto el cierre o traspaso de 13 establecimientos hoteleros, además de dos recreos, mientras que las Fuerzas Armadas recibirían parte de los complejos que hasta ahora administraba la obra social. El diario detalló establecimientos ubicados en Mar del Plata, Córdoba, Bariloche y otros puntos del país.

Entre los establecimientos mencionados aparecen los hoteles Antártida y Tierra del Fuego, en Mar del Plata, y otros complejos que pasarían a depender directamente del Ejército, la Armada o la Fuerza Aérea.

El proceso también alcanza a las 33 farmacias propias de la obra social. A esto se suman 11 centros médicos ubicados en distintas provincias, entre ellos establecimientos en Mendoza, según el relevamiento citado por La Nación.

Una deuda que condiciona la nueva obra social

La Nación señaló que el antiguo organismo mantiene una deuda de alrededor de $213.000 millones con prestadores de todo el país. Por su parte, otras publicaciones recientes situaron el pasivo consolidado en torno de los $213.900 millones, con una parte importante correspondiente a prestaciones vinculadas con las fuerzas federales de seguridad.

La reorganización comenzó en febrero de 2026, cuando el Gobierno dispuso mediante el DNU 88/2026 la separación de la cobertura sanitaria de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas federales de seguridad. La primera quedó bajo la órbita de OSFA y la segunda, a través de OSFFESEG, quedó vinculada a Prefectura y Gendarmería.

El objetivo era que la nueva estructura militar comenzara a operar separada de las obligaciones acumuladas por el antiguo IOSFA. Sin embargo, la continuidad de prestaciones por parte del organismo en liquidación terminó prolongando la generación de nuevas obligaciones.

Fuentes: La Nación y Clarín.