Régimen Penal Juvenil: qué pasó con los primeros menores detenidos y por qué algunos fueron liberados

Ante el intento de este diario de conocer un poco más de la historia de ese adolescente -obviamente sin la pretensión de identificarlo-, la fiscal de la causa se amparó en que el artículo 22 de la ley de Protección Integral de los Derechos de los Niños prohíbe difundir o divulgar datos que vulneren su dignidad.

Una situación similar se dio con un joven de solo 16 años, a quien se lo atrapó este jueves in fraganti con 1.397 envoltorios de cocaína en el oeste de Godoy Cruz. La policía lo detuvo cuando se desprendió de un morral que llevaba. El pesaje posterior mostró que tenía en su poder 538 gramos de cocaína, pero la Justicia Federal lo imputó, le impuso una medida correccional y regresó con su familia.

Es que si bien el nuevo Régimen Penal Juvenil avanzó con la posibilidad de imputar delitos a los 14 años, y prevé que a los mayores de 16 se les pueden imputar todos los delitos del Código Penal y no solo algunos como era antes, también establece para ellos una escala de sanciones que van desde privaciones y multas a restricciones como pueden ser la prisión domiciliaria con tobillera electrónica. En esa escala, la última opción es la privación de la libertad, que en Mendoza supone enviarlo a la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil, que es el ex COSE.

Dónde se alojará a los adolescentes detenidos con drogas o por delitos federales

Además de ampararse en la escala de la nueva ley, el fiscal al que le llegó el caso del adolescente de 16 años detenido con drogas en Godoy Cruz debió resolver otra urgencia: dónde alojar a ese menor.

Es que por ley el chico no podía pasar demasiado tiempo alojado en la U32, que es la dependencia en donde se detiene a todos los imputados por delitos federales como es el narcotráfico, y porque la Justicia Federal aún no cuenta con un lugar especial para alojar a los menores detenidos por esos delitos en Mendoza.

Para paliar ese vacío, es muy probable que este miércoles la ministra de Seguridad, Mercedes Rus, firme un convenio con María Gloria André, que es la jefa de los fiscales de Cuyo del Ministerio Público Federal, para que a futuro esos menores que cometan delitos federales sean alojados en las nuevas comisarías llamadas UPANA (Unidad de Procedimiento y Abordaje de Niñez y Adolescencia), que son las ex comisarías del menor.

De esa manera, luego de que ocurran las detenciones de esos menores, la provincia podría eventualmente cobrarle a la Nación los gastos que generen esas detenciones. Si bien esas detenciones son provisorias, y los adolescentes no pueden pasar allí más de 12 días, en la provincia quieren dejar bien claro que los gastos que pudieran ocasionar esas detenciones a futuro sean restituidos por la Nación.

Como se ve, pese a que el nuevo Régimen Penal Juvenil ya entró en vigencia, la Nación no ha asegurado la infraestructura para responder a las detenciones que muy probablemente generen las nuevas imputaciones de los adolescentes mayores de 14 años.

Cornejo se verá obligado a ampliar el ex Cose

“El problema de infraestructura carcelaria lo tienen todas las provincias porque no se ha invertido en cárceles. Humildemente, Mendoza sí ha invertido mucho en ese sentido”, recalcaba Alfredo Cornejo en aquel foro de gobernadores. El mendocino casi que les enrostraba a sus pares que en 10 años en la provincia se había duplicado la cantidad de detenidos y que en paralelo se habían creado 2.000 plazas en el Sistema Penitenciario.

"No obstante eso, la aplicación de leyes más duras hace que los detenidos sean más”, asumía al final.

Es que en el Gobierno saben que, si bien el nuevo Régimen Penal Juvenil no va a generar "una explosión de menores detenidos" -porque la misma ley establece un sinfín de opciones antes del encierro-, a futuro sí van a necesitar ampliar las instalaciones de la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil, el ex Cose; y que también necesitarán crear otras comisarías para las futuras detenciones. Hoy por ejemplo, no hay ninguna en el Valle de Uco, por lo que de concretarse una detención ese menor debería ser trasladado a la UPANA más cercana, que sería la del Gran Mendoza.

Es que la misma norma exige que a futuro los adolescentes de 14 y 15 años que terminen privados de la libertad deben ser alojados en módulos distintos a los que tienen 16 y 17 años. Además de que -como se hace ya en Mendoza- deben transitar esa detención en módulos separados por género.

Eso exigirá más espacio y en el Gobierno ya especulan con que será necesario construir al menos dos módulos más, por lo que esa inversión que debiera habilitarse para el Ministerio de Educación, Cultura e Infancias, se debería incluir en la letra del nuevo presupuesto 2027 que en breve llegará a la Legislatura.

Según los datos oficiales, hasta que entró en vigencia la nueva ley de imputabilidad, de un total de 511 jóvenes con algún tipo de conflicto con la ley, en el ex Cose solo había alojados 47 menores, de los cuales casi la mitad ya tiene 18 años.

Las estimaciones del Ministerio de Infancias que comanda Tadeo García Zalazar suponen que la población podría crecer en un 30%, lo que en principio podría ser contenido en el mismo ex Cose, que tiene unas 80 plazas.

Pero además en el Ministerio de Seguridad y Justicia se esperanzan con que los jueces penales de menores comiencen a aplicar los criterios de la nueva ley nacional que los obliga a mandar al penal a los mayores de 18 años, algo a lo que algunos eran reticentes hasta ahora.

"La nueva ley obliga a los jueces penales a derivar a los detenidos de 18 años a un penal en diciembre del año calendario en que cumplieron la mayoría de edad. Es decir que si un joven cumplió los 18 en febrero puede permanecer en el ex Cose hasta diciembre, pero no más. Eso también debería descomprimirlo a fin de año", advirtió una fuente del Ministerio de Seguridad.

El Código Procesal Penal Juvenil incorporó sugerencias de jueces

Este jueves avanzó en comisiones del Senado provincial el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que busca establecer el nuevo Código Procesal Penal Juvenil de la provincia para adecuarse al Régimen Penal Juvenil que rige en el país desde el 5 de septiembre.

Allí se crea:

• Tribunal Penal Juvenil
• Juzgado Penal Juvenil
• Ministerio Público Fiscal Penal Juvenil
• Ministerio Público de la Defensa y Pupilar

Pero además ese proyecto mantiene la prisión, pero no funciona exactamente igual que para un adulto. El juez deberá analizar especialmente:

• arraigo familiar, educativo, laboral y comunitario;
• antecedentes de conflictos con la ley penal;
• naturaleza y gravedad del hecho;
• edad y grado de madurez;
• capacidad real de escapar del proceso;
• posibilidad de que amenace o influya sobre víctimas o testigos.

En paralelo deben evaluarse las condiciones concretas del adolescente y la información de la Unidad de Medidas Alternativas (UMA)

En la discusión de los cambios que implementará el nuevo Código Procesal Penal Juvenil se incorporaron varios aportes de los jueces penales de menores de la provincia, sobre todo referentes a los plazos de la investigación -que no podrá superar los 12 meses, incluidas las prórrogas-; a los tiempos de la prisión preventiva -que no podrá ser mayor a los 18 meses- y al tiempo que tendrá un fiscal para imputar a un menor de edad -que será de 12 horas prorrogable por otras 12 horas más-.

Todos coincidieron en que esos cambios persiguen el objetivo de garantizar la celeridad de ese proceso.

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia y la cartera de Educación, Mercedes Rus y Tadeo García Zalazar precisaron que el foco de la reforma en Mendoza no estará puesto en el encarcelamiento masivo, sino en garantizar esquemas pedagógicos, de capacitación y de reinserción social.