El Gobierno aseguró que priorizará medidas alternativas antes de encerrar a chicos de 14 a 16 años

Un peronista y un radical: Omar Parisi y Néstor Majul en la reunión de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales.

Foto: Senado de Mendoza

Apertura a cambios y observaciones

En la discusión del texto normativo en la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) del Senado, representantes del Poder Judicial, jueces de menores y especialistas expusieron sugerencias técnicas vinculadas con los plazos de imputación, procedimientos de flagrancia y particularidades territoriales del interior de la provincia.

Ante estas intervenciones Mercedes Rus, remarcó la disposición del Ejecutivo provincial para enriquecer la norma: se dejó asentado que todas aquellas observaciones que se consideren razonables y aporten a la operatividad del sistema serán incorporadas al despacho final antes de su tratamiento en el recinto.

Medidas alternativas como regla general

Las autoridades provinciales recalcaron que la privación de la libertad continuará aplicándose de manera excepcional y como último recurso. De acuerdo con las proyecciones oficiales sustentadas en las estadísticas actuales del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil de Mendoza:

• Estadística histórica: el 91% de los adolescentes bajo el sistema penal juvenil transita penas o procesos con medidas alternativas, mientras que solo 9% está privado de la libertad.
• Proyección de ingresos: con la inclusión de los menores de 14 y 15 años, el Gobierno calcula que la masa total de causas y jóvenes alcanzados por el fuero penal juvenil se incrementará 30%.
• Tipología de delitos: se remarcó que la inmensa mayoría de los hechos cometidos por adolescentes menores de 16 años corresponden a contravenciones, hurtos, robos o lesiones, sin registrarse una incidencia significativa en delitos graves o violentos como homicidios.

Cómo es la reforma provincial

Si bien el proyecto que adecua las reglas procesales provinciales continúa su trámite en la Legislatura, la norma nacional ya entró en plena vigencia. Por tal motivo, los mecanismos de la Justicia penal juvenil y la Policía de Mendoza ya se encuentran habilitados para intervenir formalmente ante hechos delictivos tipificados que involucren a menores desde los 14 años.

Desde AMPROS hicieron observaciones al proyecto de ley del Gobierno.

Las advertencias de AMPROS

En contraposición a las proyecciones oficiales, la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (AMPROS) sentó postura y sostuvo que muchas de las inconsistencias detectadas podrían haberse evitado si se hubiera consultado a los trabajadores de planta que abordan la problemática a diario.

Entre los principales cuestionamientos expresados por AMPROS destacan:

• Riesgo institucional: advirtieron que el artículo 3° del proyecto deroga la Ley 8.550 (creadora de la Dirección de Responsabilidad Juvenil), poniendo en riesgo la autarquía, la descentralización y la estructura organizativa actual de la entidad.
• Falta de recursos humanos: señalaron la ausencia de partidas para reforzar la plantilla de profesionales o cubrir vacantes por jubilaciones frente a la nueva demanda que generará la norma.
• Desigualdad territorial en el Sur: denunciaron que en Malargüe y General Alvear no existen equipos técnicos ni unidades de abordaje, obligando a traslados de más de 300 kilómetros hasta la capital provincial.
• Imposibilidad de cubrir guardias: sostuvieron que es inviable cumplir la exigencia de guardias de 24 horas los 365 días del año sin personal suficiente, registrándose hoy solo 8 horas mensuales en San Rafael y cobertura nula en Malargüe y Alvear.
• Crisis en salud mental: Beatriz Zanini, de la secretaría gremial de AMPROS, alertó sobre el desbordamiento en la atención psiquiátrica y de adicciones en jóvenes: "El colapso de los efectores de Salud Mental atraviesa todo. No hay respuesta a esto y es clave para implementar cualquier medida".