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Piden que pase a la Justicia Federal la causa de los gremialistas imputados

El abogado Pablo Salinas, en representación de los principales dirigentes del SUTE (Sindicato Unido Trabajadores de la Educación) se presentó ante el fiscal Lauro Monticoni para reclamar que la causa que involucra a sindicalistas por haber violado la cuarentena pase a la Justicia Federal.

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Salinas, reconocido por su labor en defensa de los derechos humanos y en los juicios de lesa humanidad representa al titular del gremio docente, Sebastián Henríquez y a Pablo Masutti, también dirigente de ese gremio. Además defiende a Jenifer Mejía, Verónica González y Mariana Páez, quienes como los nombrados anteriormente fueron imputados por el fiscal.

"Vengo a plantear la incompetencia de la justicia provincial y la remisión de la causa a la justicia federal. A raiz del sumario labrado por la Policía de Mendoza y por la Fiscalía Correccional a cargo de Lauro Monticone a mis defendidos se le imputa la supuesta comisión del delito previsto en el artículo 205 del Código Penal, por violar -presuntamente- las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación del coronoravirus" "Vengo a plantear la incompetencia de la justicia provincial y la remisión de la causa a la justicia federal. A raiz del sumario labrado por la Policía de Mendoza y por la Fiscalía Correccional a cargo de Lauro Monticone a mis defendidos se le imputa la supuesta comisión del delito previsto en el artículo 205 del Código Penal, por violar -presuntamente- las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación del coronoravirus"

Pablo Salinas, abogado

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"Esta defensa solicita se declare incompetente para intervenir en la causa, por considerar que los hechos en presunta infracción del artículo 205 del Código Penal y del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 297/20, son de exclusiva y excluyente competencia federal", agregó Salinas en su presentación.

"Es así porque la conducta que prohíbe el artículo 205 del Código Penal implica la afectación del bien jurídico salud pública, cuyo alcance, por la extraordinaria excepcionalidad del fenómeno pandémico que estamos atravesando, afecta intereses nacionales que activan el fuero de excepción", amplió el letrado.

En declaraciones a la prensa Salinas añadió: "Los manifestantes no violaron el distanciamiento en ningún momento, lo violaron los policías cuando los detuvieron".

El domingo durante un reclamo gremial, un grupo de dirigentes y de militantes fue detenido. Entre ellos estaban los dirigentes del SUTE quienes, además denuciaron públicamente que fuer golpeados por la policía.