El 7 de abril de 2016 fue un día parcialmente nublado en Buenos Aires. La temperatura varió entre los 15 y 23 grados y en Comodoro Py hubo un poco de viento. “Acorralado”, el juez Norberto Oyarbide renunció después de 21 años. Lázaro Báez, que estaba recién detenido, se negó a declarar. El fiscal federal Federico Delgado imputó a Mauricio Macri por los “Panama Papers”.
Te puede interesar:ANSES pagará un nuevo subsidio de $6.000.
Habían pasado cuatro meses de la asunción de Macri como presidente. La noticia no cayó bien. El diputado nacional del PRO y miembro del Consejo de la Magistratura Pablo Tonelli apuntó contra el fiscal en distintos medios: “¿cómo se atreve a imputarlo?”;“No tengo la menor duda de que detrás hay una finalidad política orientada a perjudicar al presidente Macri. El fiscal Delgado pertenece a ese colectivo denominado Justicia Legítima que todos sabemos que está identificado con el kirchnerismo y es contrario al gobierno de Cambiemos”.
La titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, también habló del tema por Twitter y dijo: "Acá está lo que leen pero no citan: constituir sociedad en paraíso fiscal no es delito en sí mismo, señores".
La causa comenzó a raíz de la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación sobre documentos vinculados a sociedades offshore del estudio panameño Mossack & Fonseca. Se hablaba de una usina de sociedades que se constituían para colaborar con maniobras de lavado de dinero. El impacto de ese trabajo en Argentina se dio con una serie de sociedades vinculadas a la familia Macri en un sentido doble.
“Por un lado las firmas en las que Franco, Mauricio y Mariano Macri aparecían relacionados y por el otro con las acciones de Mauricio Macri como funcionario público frente al sistema de declaraciones juradas que rige en nuestro país, como una derivación de los mecanismos de protección y sanción de la corrupción”. El Diputado del Frente Para la Victoria Norman Darío Martínez fue el primero en hacerse eco y presentar la denuncia penal.
Macri aparecía primero como integrante de la sociedad “Fleg”, registrada en 1998, que no había sido incluida en su declaración jurada de bienes. Luego, por ser parte de la sociedad “Kagemusha”, y por nuevas firmas que fueron surgiendo de la investigación judicial.
El fiscal Delgado y el juez Sebastián Casanello enfocaron su trabajo en determinar si el primer mandatario omitió consignar datos en su declaración jurada patrimonial y también en dilucidar si como integrante de esas firmas comerciales participó de un delito. En particular, de lavado de dinero.
En diciembre de 2016 la fiscalía de Hamburgo le envió a la justicia argentina la información de que una offshore vinculada a dos hermanos de Mauricio Macri, que operaba en Alemania, hizo dos movimientos sospechosos días antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2015. En consecuencia, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) remitió la documentación al juez Casanello y al fiscal Delgado, por considerarla vinculada a los Panamá Papers.
En 2017, los tiempos de la justicia se aceleraron en sentidos contrapuestos. El resultado final fue el de siempre: más allá de la culpabilidad o inocencia, la primera causa que incomodaba al gobierno de Macri se planchaba hasta desmoronarse, antes de que los funcionarios judiciales recibieran toda la información que el fiscal consideraba necesaria para avanzar o descartar.
En un dictamen de febrero de 2017 el fiscal Delgado señaló: “Los acontecimientos que se desarrollaron a partir de la creación de ´Fleg´evidentemente presentan los rasgos de lo que se conoce como Lavado de Dinero. Repasemos. Se trata de inversiones cuyo origen se desconoce, de sociedades que se disuelven dentro de otras sociedades -muchas veces compartiendo domicilios e incluso socios-; de sociedades que al disolverse se mudan de país; de sociedades que nacen con personas físicas y que luego forman sociedades cuyos órganos son otras sociedades cuya voluntad se encarna en personas de las no se conocen sus rostros con facilidad. O de sociedades cuyo recorrido es singular, porque su vida comienza en paraísos fiscales, en los que se hacen pocas preguntas por el origen de los fondos, y que luego hacen pie en terceros países para realizar inversiones como sociedades extranjeras”.
Pero el 18 de abril de 2017 el juez Sebastián Casanello hizo un lugar a un pedido de la Unidad de Información Financiera (UIF) y se declaró incompetente para investigar a Macri por lavado de dinero. “El juzgado valoró que los exhortos diligenciados por la justicia de Bahamas, Panamá, Brasil y Uruguay no habían aportado ningún dato relevante sobre la hipótesis sospechada, en tanto, no se hallaron pruebas vinculadas con transacciones sospechosas, ni cuentas o movimientos bancarios de dudosa procedencia”. Casanello sostuvo que no había elementos para avanzar por lavado, pero que había otros delitos, como la omisión maliciosa y la evasión impositiva que no estaban descartados.
El 19 de abril, tras un recorrido con el gobernador Gustavo Bordet y el Jefe Comunal Sergio Varisco, Macri habló en conferencia de prensa: “No hubo omisión maliciosa ni lavado de dinero y me alegro que se haya terminado”.
El 21 de abril de 2017 el fiscal Delgado apeló. “De lo que pudo hacer la justicia de nuestro país se hizo casi todo. Falta completar algunas diligencias que hemos identificado. Es necesario, asimismo, insistir con la dimensión internacional. Pero aquí la justicia carece de capacidades legales para trabajar sola. Recién cuando la información esté disponible, el juez podrá tomar una decisión de acuerdo a la teoría de la elección racional y resolver, en consecuencia: si las maniobras de lavado de dinero permanecen fuera de la ley penal, por aplicación del artículo 18 de la Constitución Nacional”.
Pero el fiscal de Cámara Germán Moldes no mantuvo el recurso.
El 4 de agosto de 2017, días antes de las PASO legislativas, los entonces jueces de la Sala II de la Cámara Federal Eduardo Farah y Martín Irurzun confirmaron el fallo de Casanello y resolvieron que “no existió lavado de dinero”.
El tramo sobre la supuesta evasión impositiva cayó en manos del juez en lo Penal Económico Diego Amarante. Por su parte, la omisión maliciosa fue a parar al juzgado de instrucción 20.
A comienzos de 2018, Casanello también se declaró incompetente en el tramo de la investigación por presunto lavado de dinero mediante sociedades offshore de los hermanos presidenciales a partir de la información de la justicia alemana. El fiscal Delgado apeló la decisión de Casanello. Pero tampoco tuvo suerte. La investigación cayó en manos del juez Amarante y la fiscal Ruiz Morales, que ya investigaban la supuesta evasión impositiva en Panamá Papers.
A fines de 2018, la jueza de instrucción Elizabeth Paisan cerró la investigación de la supuesta omisión maliciosa.
Justo antes de las PASO de 2019 el juez Amarante sobreseyó a Macri por considerar que no había pruebas para acusarlo de evasión impositiva en relación a las sociedades “Fleg Trading” y “Kagemusha”.
De acuerdo a fuentes judiciales consultadas, la fiscal que intervino también solicitó el sobreseimiento de la investigación sobre la offshore vinculada a los hermanos presidenciales Gianfranco y Mariano Macri. Unas horas antes de esta publicación, el juez Amarante difundió que rechazó hacer lugar al sobreseimiento de los hermanos de Macri.
El martes asume Alberto Fernández. Las preguntas se imponen: ¿qué pasará con los restos de la primera investigación que incomodó a Mauricio Macri como presidente? ¿La usarán para perseguir a los que ya se fueron? ¿La justicia investigará seriamente para determinar si hubo o no delitos?
Final abierto.
Fuente A24.com: Catalina de Elía