Cambios en el máximo tribunal

Omar De Marchi puso condiciones para que el PRO avale el proyecto de reforma de la Corte

El diputado nacional que lidera el PRO, Omar De Marchi, aseguró que el proyecto de reforma de la Suprema Corte que impulsa Rodolfo Suarez debería complementarse con una iniciativa de su partido. El radicalismo necesita del voto de sus aliados.

El libre avance del proyecto oficialista de reforma de la Suprema Corte, que el radicalismo tenía como asegurado para este martes, ahora parece tambalear. Es que el líder de los socios del PRO, Omar De Marchi salió a poner condiciones para que el PRO le de al radicalismo el voto que necesita para aprobar en comisiones el proyecto de reforma de Suprema Corte. Aseguró que la iniciativa de Rodolfo Suarez "debería complementarse" con una ley que ellos impulsan, algo que los radicales habrían pateado para más adelante.

En la tarde del lunes, las negociaciones y los acuerdos entre la UCR y el PRO ardían. Los radicales que ya daban por acordado el dictamen de la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales que se reúne este martes para llevar el proyecto al recinto en la Cámara de Diputados, hasta la tarde noche del lunes veían que sus planes se empantanaban una vez más.

Para que finalmente esa iniciativa llegue a debatirse en el recinto, los radicales necesitan con urgencia del aval de al menos un aliado en la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, en donde tienen 6 diputados y necesitan de 7 firmas. Por eso, es clave el respaldo del diputado Gustavo Cairo del PRO, ya que no contarían con el voto del presidente de esa comisión, el massista Jorge Difonso, también aliado a Cambia Mendoza.

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Horas antes de que se reúna la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, todas las miradas oficialistas se dirigen al diputado del PRO, Gustavo Cairo, que tiene la llave para que el proyecto de reforma de la Suprema Corte avance o no.

Horas antes de que se reúna la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, todas las miradas oficialistas se dirigen al diputado del PRO, Gustavo Cairo, que tiene la llave para que el proyecto de reforma de la Suprema Corte avance o no.

Esa urgencia se da por que a los 4 diputados opositores del PJ, se sumó la diputada del PD, Mercedes Llano, con los que se terminan de conformar los 13 integrantes de la comisión de LAC. Por es que los oficialistas no tendrían más opciones que negociar con sus aliados.

Y es justamente ese aval el que ahora esta condicionado porque en el PRO entienden que para que haya un cambio real en el funcionamiento del máximo tribunal es necesario que el proyecto de Suarez se le sume la creación de una Cámara de Casación Laboral, que sirva de filtro para que a la Suprema Corte no lleguen todos los litigios laborales que hoy se acumulan en la Sala II.

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Así lo marcó explícitamente el mismo Omar De Marchi, en un comunicado que envió este lunes. "Creo que, si no se complementa con reformas más profundas, no se conseguirán los objetivos perseguidos de acelerar y mejorar el funcionamiento del órgano cabecera del Poder Judicial. Es más, creo que el actual proyecto tratado en forma solitaria, sin complementar con otras reformas, no sólo que no resuelve sino que complica aún más el proceso de emisión de fallos", aseguró el diputado del PRO.

Para argumentar esa necesidad de complementar el proyecto del radicalismo con la creación de aquella Cámara de Casación Laboral, De Marchi apeló a las cifras del alto tribunal.

"De todas las causas que llegan a conocimiento del alto tribunal, más del 60% corresponden sólo a las materias Laboral y Penal. Eso indica que es en esos fueros donde debe explorarse eventuales soluciones. Es muy fácil de relacionar el origen del problema a la falta de una instancia intermedia de alzada. En efecto, tanto en materia Laboral como Penal, los fallos del decisor de primera instancia sólo pueden ser revisados por la Suprema Corte, mientras que en materia Civil, Comercial, Familia y Tributaria, existe un tribunal intermedio entre el juez de primera instancia y la Corte que son las Cámaras de Apelaciones, que resuelven en forma definitiva una enorme cantidad de pleitos evitando que saturen la Corte", justificó.

"Por lo tanto creemos que la solución a la acumulación de causas en la Corte debe buscarse en la creación de esa instancia intermedia, en lo Laboral y en lo Penal, apuntando entonces al origen del problema y no a sus consecuencias", definió De Marchi.

Más allá de los dichos del líder del PRO, es claro que en el seno del partido entienden que es necesario acordar el aval a su proyecto ahora, en paralelo con la votación de la reforma de la Suprema Corte, y no dilatarlo para más adelante, como proponen los radicales. Por tanto es probable que dilaten un tiempo más la discusión del proyecto oficialista entre tanto llegan a un acuerdo. De hecho ese fue el tema central de la reunión del partido en la tarde de ayer.

Hay que recordar que esos mismos socios del PRO son los que negaron al radicalismo la firma del dictamen la semana pasada, y desde entonces comenzaron las negociaciones para conseguirlo este martes, algo que aún tiene un final abierto.

A eso se suma que en la tarde del lunes, también hubo varias reuniones en la Corte para acercar posiciones y poder proponer alternativas al proyecto original. Entre algunos puntos en discusión estaban en qué momento se debe llamar a los plenos o plenarios del tribunal, y cómo se podrían aplicar los discutidos sorteos de jueces para conformar las salas.

Desde el PRO podrían acompañar el dictamen de comisión si en la Corte hay acuerdo. Si no, el partido que tiene como referente a de Marchi no avalará el despacho.

Los jueces de la Corte no deberían haber sido candidatos ni tenido cargos electivos

En medio del debate por los intereses del oficialismo para reformar el funcionamiento de la Suprema Corte, y de cruces de acusaciones sobre cómo los partidos políticos ejercen presiones sobre los jueces del máximo tribunal, De Marchi salió a marcar lo que entiende deberían ser las condiciones que los magistrados deberían cumplir para llegar a la cumbre del Poder Judicial.

"Creo oportuno que se debe calificar con mayor exigencia las condiciones que debe tener cualquier ciudadano para acceder a integrar el máximo Tribunal de Justicia de la Provincia. Es fundamental no haber ocupado funciones ministeriales o de relevancia en el Gobierno Provincial, o no haber integrado listas de candidatos a cargos electivos, durante una determinada cantidad de años. Estas restricciones eliminarían en forma objetiva al menos, la controversia cada vez más presente, de pertenencia directa de un juez supremo a un círculo de poder político en los mismos tiempos donde se ejercen funciones jurisdiccionales", puntualizó el diputado nacional.

Para calmar las ansiedades y los apuros de sus socios radicales para aprobar el proyecto de reforma, el líder del PRO, se permitió recordarles que la ley que rige el funcionamiento de la Corte, la 4969, tiene casi 40 años y que por tanto, cambiarla no debería precipitarse a un debate de un mes.

"Por el contrario, creemos que deben incluirse en la discusión los proyectos que proponemos, y advertiremos, que de avanzar con esas soluciones, resultaría innecesario modificar el sistema de integración de salas de la Corte, sencillamente porque habrá disminuido el número de causas que llegue a revisión del máximo tribunal. El apuro atenta contra una solución equilibrada y eficiente", cerró.

Hacia el final de su propuesta de debate, De Marchi también presionó para que la misma Corte haga un aporte vital en el debate sobre su propio funcionamiento y resaltó que "sería una clara demostración de madurez republicana, que la propia Suprema Corte proponga, en proyecto unánime, cuáles son los cambios necesarios, abstraídos de cualquier interés político partidario circunstancial, que contribuyan a prestar un servicio de justicia más eficiente y teniendo como destinatario al ciudadano mendocino y no a la política".