La decisión de trasladar empleados judiciales del fuero Civil y Comercial a los tribunales de Familia y Minoridad es la nueva grieta que separa a los miembros de la Suprema Corte de Justicia.
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De un lado, los tres supremos que firmaron la polémica acordada número 29.480: Jorge Nanclares, Julio Gómez y Omar Palermo, quienes integran la Sala III del máximo tribunal de Justicia y por ende tienen la firma habilitada para mover piezas dentro de la estructura judicial y hasta para designar nuevo personal.
Del otro lado de la divisoria podemos ver a todos los demás miembros de la cúpula del Poder Judicial: el peronista Mario Adaro y los radicales Dalmiro Garay, José Valerio y Pedro Llorente. Los que se enteraron de la existencia de la acordada por los diarios.
Otra vez la Corte mendocina se partió partida en dos. Como en noviembre, hace apenas tres meses, cuando Nanclares fue reelecto presidente hasta 2021 gracias a un ajustada votación que terminó 4 a 3. Hasta entonces, en la historia del Poder Judicial primaban los consensos y esas elecciones de autoridades terminaban con 6 supremos apoyando la candidatura de uno solo. Un trámite.
Es que durante la última década la Corte mendocina se politizó de manera fenomenal y adquirió un tinte inédito. Y eso, gracias a las designaciones que hicieron los últimos gobernadores.
Así, Adaro, Palermo, Valerio y Garay llegaron al máximo tribunal para dictar fallos, sí, es verdad, pero también para sacudir la modorra jurídica e imprimir un sello distinto: el de hacer política.
Y hacer política significa ejercer el poder. Y ejercer el poder genera divisiones. Grietas que ubican a unos y otros de un lado y del otro. Como sucede por estas horas con la acordada de traslado de los empleados civiles.
¿Se apuraron los supremos de la Sala Tercera al firmar esa acordada antes del comienzo formal del Año Judicial? Todo indica que sí, sobre todo porque en apenas 48 horas esa decisión política generó un fuerte rechazo colectivo, un sólido bloque institucional integrado por los 30 jueces civilistas perjudicados por el traslado de personal, el gremio de empleados judiciales, el Colegio de Abogados y Procuradores y la mismísima Asociación de Magistrados.
¿Debilita el poder de la Sala Tercera la acordada 29.480? Todo indica que sí. Que el conflicto generado en el Poder Judicial haya discurrido hacia los despachos del Poder Ejecutivo, adonde los jueces civilistas acudieron este miércoles en busca de apoyo y una mediación con la Corte para generar una reunión. Para ser escuchados.
La decisión de trasladar personal a la Justicia de Familia es leída colectivamente como una equivocación: desarmar la Justicia Civil de primera instancia para salvar al fuero de Familia. ¿Desvestir un santo para vestir otro?