Jueces civiles que rechazan la decisión de la Suprema Corte de trasladar a parte de su personal a la Justicia de Familia decidieron no asistir al acto oficial de apertura del año judicial convocado para este jueves por el presidente del máximo tribunal, Jorge Nanclares.
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Asimismo, convocaron a las demás instituciones políticas y sociales invitadas a no acudir al Salón de Actos del Poder Judicial.
Por otra parte, la Asociación de Magistrados, institución que nuclea a todos los jueces de Mendoza y no solo a los civilistas, informó este miércoles por la tarde que “acompañará protocolarmente” al máximo tribunal de Justicia en el desarrollo de esa actividad, a la vez que reafirmó que sigue
vigente el reclamo de que sea dejada sin efecto la acordada 29.489, que dispone el traslado de personal.
Desde la Oficina de Protocolo de la Justicia hicieron circular públicamente la invitación que también fue enviada al gobernador Rodolfo Suarez, al resto del Poder Ejecutivo y a las autoridades del Poder Legislativo.
La noticia de que los civilistas darán el faltazo fue confirmada este miércoles al cierre de una intensa jornada de deliberaciones internas y cabildeos.
Más temprano, el Colegio de Abogados y Procuradores exhortó a las partes en pugna, a través de un comunicado, a encontrar una solución que contemple a los judiciables, es decir a la ciudadanía que es destinataria del servicio judicial.
El tradicional acto de apertura del año judicial ha sido programado para este jueves a las 11 en el Salón del Poder Judicial, espacio destinado a las reuniones protocolares y actividades judiciales más importantes e incluso para la realización de los juicios por jurado popular.
Nunca antes el acto de inicio del año judicial estuvo teñido de semejante descontento por parte de un ala importantísima para la prestación de ese servicio público: los jueces.
Lo más cercano, en cuanto a estado de ánimo caldeado se refiere, fueron los históricos enfrentamientos entre el Poder Ejecutivo y la Suprema Corte por asuntos presupuestarios y salariales durante las gobernaciones de Iglesias, Cobos y Jaque.
Pero la acordada que firmaron los supremos de la Sala Tercera instaló una conflictividad interna e inédita en el Poder Judicial. Con las rúbricas de Nanclares, Omar Palermo y Julio Gómez se dispuso el traslado de personal del fuero Civil y Comercial al de Familia para hacerle frente a la crisis operativa de estos últimos tribunales.
Sin embargo, ese acto administrativo desató una feroz rebelión interna no solo entre supremos y civilistas, sino que significó una profunda grieta dentro del propio máximo tribunal de Justicia.