El intendente de Junín y candidato a la vicegobernación, Mario Abed, conoce la realidad de los viñateros y productores locales como pocos. A fines de octubre pasado inauguró la bodega municipal que elabora a 470 productores y así palpó la crisis que viven: padecen no sólo la caída del precio del vino, sino que deben soportar que los bodegueros les paguen en cómodas cuotas, sin intereses y con cheques del 2020.
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"Lo que hacen los bodegueros son contratos leoninos, pagan el litro de vino a $8, y encima lo hacen a 8 o 10 cuotas sin interés y con cheques a abril del próximo año. Es una barbaridad, en este país se paga diferido sin interés. Resulta que ese vino se exporta y es ahí en donde Fiscalización y Control podrá tener una visión más concreta de lo que ingresa por ese vino. Resulta que ellos exportan, lo cobran y dejan los depósitos en el banco para conseguir mayor rentabilidad, entonces hay deslealtad comercial", desnudó Abed.
El intendente juninense, el ministro de Economía, Infraestructura y Energía, Martín Kerchner, y el jefe de gabinete de esa cartera, Alfredo Aciar, aprovecharon su viaje a Buenos Aires para discutir el congelamiento de las naftas y se reunieron con el director de Lealtad Comercial de la Secretaría de Comercio, Marcos Nazar. A él y su equipo le plantearon la situación de los viñateros y productores mendocinos "que es insostenible, porque los bodegueros que son formadores de precio, les pagan mal y tarde".
Desde diciembre pasado en la provincia rige la ley de Registro de Contratos para la compra de productos agrícolas. En ellos deberían figurar el precio del producto, las formas de pago, calidad del producto y la cláusula de ajuste, la que será obligatoria para el caso de los contratos cuyos plazos de pago superen los 90 días contados desde la entrega del producto.
Quienes deben inscribir esos contratos son los establecimientos receptores y aquellos que no lo hagan podrían recibir una sanción del 5% del valor del contrato e incluso la clausura del establecimiento o la inmovilización de vinos.
Por eso atentos a los constantes planteos de los productores locales, los funcionarios mendocinos decidieron pedirle a las autoridades nacionales de Lealtad Comercial que investiguen y decidan si corresponde aplicar sanciones.