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Cumplido ese lapso de un año, si se consolida la relación laboral, el empleador deberá pagar la totalidad del salario y por tanto se extinguirá el cobro del plan social. Si así no fuere, el beneficiario continuará percibiendo sólo el monto del plan.
Twitt de Mariana Juri sobre su proyecto de generación de empleo.JPG
Para incentivar a las empresas a tomar a estos beneficiarios, el Estado le bonificaría a quien tome beneficiarios de planes sociales con este programa un 20% de los impuestos patronales del Régimen Nacional de Seguridad Social.
En tanto que el programa Enlace, que Juri pretende reeditar en la Nación, está dirigido a los mayores de 18 años que estén desempleados o tengan planes sociales, quienes podrán tener una capacitación que va de los 2 a los 6 meses, y la carga horaria no podrá superar las 4 horas diarias, ni las 20 horas semanales.
Tal cual ocurre en Mendoza, la autoridad de aplicación -que en Nación sería el Ministerio de Trabajo- deberá certificar los acuerdos a los que lleguen las empresas que se adhieran y los beneficiarios que se sumen. En ellos debe constar que las empresas deberán pagar una suma de dinero no remunerativa en carácter de asignación de estímulo que tomará como referencia el Salario Mínimo Vital y Móvil o el salario básico neto del convenio de la actividad que desarrolle y ese monto será proporcional a la carga horaria que se fije en la capacitación.
Ambas iniciativas están alineadas con el planteo que hace escasos días hiciera el gobernador Rodolfo Suarez, quien fue más allá y se mostró partidario de ir eliminándolos con el argumento de que “el gran cambio cultural que tiene que hacer la Argentina es salir de los planes sociales”.
Fue cuando Suarez reconoció a 7 pymes que se involucraron en la tomar personal bajo la modalidad de los programas de Enlace y Enlazados y remarcó que con ambos planes en un año se crearon 7.408 puestos de trabajo formales. El 30% de ellos cobraba planes sociales nacionales que dieron de baja para tener un empleo formal.
Cobos también apunta a capacitar a jóvenes excluidos del sistema laboral
El diputado nacional Julio Cobos propuso el Programa Integral de Terminalidad Educativa y Capacitación Laboral, una suerte de Servicio Cívico Voluntario pensando en miles de jóvenes que están excluidos del sistema educativo y laboral.
Explicó que hay un "incremento en el abandono escolar y repitencia, bajo rendimiento en lengua y matemáticas, aumento de las brechas educativas conforme a los ingresos familiares, baja comprensión lectora son algunas de las situaciones que enfrentamos, todo agravado por la pandemia", enumeró el legislador mendocino.
Por eso, propone un "programa que ayude a terminar la trayectoria educativa a quienes, por la razón que sea no pudieron hacerlo, y a su vez a capacitarlos en oficios para facilitarles una salida laboral".
"Tenemos que hacer realidad el cumplimiento de la obligatoriedad de la educación establecida por la ley 26.206 y no dejarla en una mera declaración de intenciones", consideró.
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