El intendente de Guaymallén, Marcos Calvente está a un paso de avanzar con la demolición de un edificio de San José que fue usurpado y quemado, y tiene riesgo de derrumbe. Si bien se trata de 12 departamentos de propiedad privada, el jefe comunal decidió destinar un presupuesto de $61 millones para esa demolición, para luego cobrarles el servicio a sus propietarios.

Con esa meta Calvente lanzó ya la licitación pública para que el próximo 20 de febrero se presenten las ofertas de las empresas que podrán concretar la demolición.

“La provisión de mano de obra, equipos, herramientas menores y totalidad de de materiales par la obra de demolición de departamentos de Cervantes y Venezuela, Barrio Jardín del Sol, de Guaymallén, con destino a la Dirección de Obras Municipales con un presupuesto oficial de $61.800.711,61", se publicó en el Boletín Oficial.

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Tras la explosión que derivó de una pérdida de gas, 5 de los 12 departamentos quedaron con serio riesgo de derrumbe, por lo que debieron se apuntalados.

Tras la explosión que derivó de una pérdida de gas, 5 de los 12 departamentos quedaron con serio riesgo de derrumbe, por lo que debieron se apuntalados.

Se trata de los departamentos que fueron usurpados en septiembre del 2024 y que más tarde fueron incendiados por los vecinos, quienes aseguraban que esos okupas que se refugiaban allí eran delincuentes que tenían a maltraer a la zona con constantes robos.

Esa propiedad de tres pisos se construyó en 1997 con créditos del IPV y veinte años más tarde, en julio del 2017 tuvieron una pérdida de gas que generó una explosión y los dejó al borde de la demolición.

"Desde la comuna se intimó a los dueños de los departamentos para que avanzaran con la demolición, pero como no ocurrió el intendente decidió avanzar con la licitación para demolerlos, porque al ser una propiedad vertical la comuna no tiene la capacidad técnica para hacer esa tarea", confirmó Ramiro García, secretario de Obras y Servicios Públicos de la municipalidad.

Según el funcionario, la decisión de la intendencia es costear esos más de $61 millones que costará la demolición y luego cobrárselos a los propietarios en los padrones inmobiliarios que tengan.

"Es un tema de seguridad y salud pública del que la comuna no se puede desentender porque esos departamentos tienen evaluación de riesgo 1 de derrumbe y hay que actuar cuanto antes para evitar posibles accidentes", añadió.

De hecho, para evitar que los okupas vuelvan a instalarse en esos departamentos, el Ministerio de Seguridad colocó en el ingreso un móvil policial que le da custodia día y noche.

La penosa novela del edificio que Calvente va a demoler

Esos departamentos que se ubican entre las calles Cervantes, Venezuela y Manuel A Sáez, tienen una penosa historia de explosiones e incendios.

De hecho fueron incendiados tres veces, presumiblemente por los vecinos de la zona, que buscaban así espantar a varios okupas a los que los acusaban de delinquir en la zona.

El derrotero de accidentes comenzó en el 2017 cuando 5 de los inmuebles terminaron seriamente dañados por una explosión derivada de una pérdida de gas.

En ese momento esos departamentos fueron inspeccionados por la comuna y de esa revisión surgió que esos 5 inmuebles más dañados tenían riesgo de derrumbe 1, es decir el de mayor peligro, y los 7 restantes tenían condición de derrumbe 2, con menos riesgo pero endebles.

Por eso, en aquel momento se los apuntaló y se citó a los dueños para que realizaran las tareas necesarias, pero eso nunca ocurrió.

Dado que varios de los dueños tenían registrado como domicilio el mismo edificio siniestrado y por ende nunca respondieron ni se presentaron ante la convocatoria oficial, la comuna publicó los edictos en el Boletín Oficial, y en estos días volverá a hacerlo pero aclarando la intimación para los propietarios.