Jueces, magistrados, fiscales y funcionarios judiciales de todo el país salieron al cruce del Presidente de la Nación, a quien le atribuyen el intento permanente de "deslegitimar" al Poder Judicial mediante fuertes acciones y declaraciones políticas.

La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y la Federación Argentina de la Magistratura defendieron "la independencia de la Justicia" y desecharon el "control cruzado de las sentencias" solicitado por Alberto Fernandez al Congreso.

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Desde Mendoza apoya la Asociación de Magistrados que preside la civilista Silvina Furlotti.

"El control cruzado del contenido de los fallos judiciales solicitado por el Presidente al Congreso Nacional es ajeno al orden institucional", dijo la Asociación de Magistrados acerca de uno de los puntos más ríspidos del discurso de Fernández en la apertura de sesiones ordinarias.

La declaración jurada de bienes de esos magistrados fue otro de los cuestionamientos presidenciales. Entonces, las agrupaciones le contestaron que la ley 27.430, que está en plena vigencia, establece que los nuevos jueces y fiscales promovidos o designados a partir de 2017 están sujetos al gravamen impositivo al trabajo.

Y aprovecharon para reclamarle que "están demoradas cientos de designaciones en cargos vacantes", situación que, una vez regularizada y más adelante en el tiempo, permitiría gravar más sueldos y por ende acrecentar la recaudación fiscal tan perseguida por el Poder Ejecutivo Nacional.

"Todos aquellos designados o promovidos desde el 1º de enero de 2017 están sujetos al gravamen sobre el trabajo" "Todos aquellos designados o promovidos desde el 1º de enero de 2017 están sujetos al gravamen sobre el trabajo"

"Respetar a las instituciones fijadas por el orden constitucional má que cuestionarlas y no promover una mirada descalificante hacia la Corte Suprema de Justicia de la Nación y sus fallos y demás pronunciamietos", reclamaron públicamente desde la Federación Argentina de la Magistratura al Presidente de la Nación.

Lo hizo el magistrado Ariel Ariza, quien remarcó que las autoridades de los demás poderes públicos deben someterse a esta consigna en un estado de derecho, al igual que el resto de la sociedad.

Repetido

Instituciones que nuclean a magistrados de todo el país salen nuevamente y en pocos días a replicar al Poder Ejecutivo Nacional.

El antecedente inmediato data de fines de febrero cuando se supo que ANSES intimaba a "renunciar en un plazo de 30 días" para jubilarse a aquellos usías que iniciaron el trámite previsional en los últimos diez años.

La utilización del término "renuncia" fue considerada una intromisión del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial ya que legalmente nadie puede pedirle la renuncia a los usías porque sus cargos están garantizados por la inamovilidad. Los más antiguos pueden irse cuando quieran. Los más jóvenes, a los 75 años.