Los jueces mendocinos intimados recientemente por la ANSES a renunciar para no perder el beneficio jubilatorio otorgado analizan reaccionar del mismo modo que sus pares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: demandando judicialmente al organismo previsional por inmiscuirse en la potestad del Poder Ejecutivo, como pedirles la renuncia a los magistrados. Incluso hablan de coacción para que decidan contra su voluntad.

Así, los efectos del emplazamiento quedarían congelados hasta que haya alguna definición.

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Los jueces de CABA accionarán unidos. Los usías mendocinos lo harían individualmente pero con el respaldo de la Asociación de Magistrados de Mendoza, que ya advirtió a sus colegas nacionales acerca de la llegada de las primeras notificaciones.

En las últimas horas, ANSES, tensó los ánimos dentro de la Justicia de Mendoza, que este viernes se apresta a escuchar el discurso del jefe de la Corte, Dalmiro Garay, para dar por iniciado el Año Judicial 2021.

Aquí, no solo el histórico juez de la Suprema Corte Pedro Llorente, de 79 años, fue intimado a renunciar en 30 días al cargo al que accedió en 1987 para acceder a la jubilación que él mismo tramitó hace muchos años.

Lo mismo sucedió con Eduardo Lalo Brandi, de 69 años de edad, miembro de la Cámara Penal de Menores y ex presidente de la Asociación de Magistrados de Mendoza, y la jueza civilista Elda Scalvini, de 75 años. Pero hay más.

Llorente, Brandi, Scalvini y los demás intimados tienen en común haber iniciado el trámite jubilatorio durante los últimos 12 años y nada tienen que ver con la nómina de casi 30 jueces que renunciaron para retirarse desde que comenzó la gestión de Rodolfo Suarez, quienes, intuyen, deberán seguir esperando mucho más para jubilarse.

Mucho se habla en las últimas horas acerca de las intimaciones de ANSES. Se dice que afectan "derechos adquiridos" porque los jueces que no renuncien perderán la mejor jubilación posible y deberán tramitar una nueva y menos conveniente en dinero.

Pero de lo que más se habla es de una palabra grabada a fuego en las intimaciones: renuncia. Entonces, los jueces consideran que ningún organismo ni local ni nacional -ANSES en este caso- puede meterse con la potestad de los gobiernos de provincias de pedir la renuncia de los magistrados porque así lo fija la Constitución.

El modelo CABA

Carlos Rolero, titular del Colegio de Magistrados, anticipó que esa institución cuestionará judicialmente la validez constitucional de la reglamentación de ANSES.

Será a través de un planteo colectivo que reúna a todos los magistrados de la zona en conflicto. Para el juez Rolero y sus pares, la intimación emitida por el organismo previsional "determina una coacción indebida e ilegal para con nuestros magistrados. Una resolución administrativa no puede determinar la aplicación retroactiva de una ley”.