Sin embargo, cuando le preguntaron al acusado de dónde había sacado su patrimonio -que creció explosivamente desde que ingresó en la administración pública-, él argumentó que eran fondos que había traído "en negro" desde el país del norte. Y aseguró que esos ahorros eran de unos 200.000 dólares.
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Luis Lobos este viernes, entre el abogado Fernando Lúquez y una colaboradora. Detrás, Claudia Sgró.
La época en el municipio de Guaymallén
Después de la experiencia canadiense y los alfajores, Lobos se metió fuerte en el municipio. Entre entre 2003 y 2015, adquirió junto a Sgró una vivienda de 620 m² cubiertos, un terreno de 1.666 m², un departamento, una pick up Volkswagen Amarok, un Peugeot 308 Feline, un cuatriciclo y -a través de la empresa Gerenciar S.A- un lote de 519 m² del barrio Sol Andino.
En medio de todo eso, hubo una circunstancia que lo favoreció. Quien a la sazón era intendente del municipio, Alejandro Abraham (PJ), obtuvo una banca como diputado en el Congreso de la Nación. Y al ser Lobos presidente del Concejo Deliberante, le tocó asumir la jefatura comunal.
Los siguientes dos años fueron clave por varias razones. Se acusó a Lobos de haber aprovechado su poder para concretar actos de corrupción. Para entonces, él y Sgró desempeñaban cargos públicos.
Llegado cierto punto, concejales guaymallinos y parte de la prensa comenzaron a sospechar del suntuoso modo de vida que llevaba la pareja.
Pero en 2015 comenzó otro tramo digno de Netflix: Abraham quiso volver a la intendencia, Lobos le compitió en las internas del PJ y le ganó.
Aquellos comicios, de todos modos, terminaron con la victoria de Marcelino Iglesias (Cambia Mendoza), quien se transformaría en uno de los archienemigos del flamante recluso.
Las causas contra Luis Lobos
A Lobos se le acumularon las causas y empezaron a aparecer cuentas que no cerraban. De acuerdo con una pericia contable que pidió en su momento la fiscal Susana Muscianisi, el exintendente no podía justificar un crecimiento patrimonial de $3.923.099.
La bola de nieve se agrandó y hasta la Municipalidad de Guaymallén -con Marcelino a la cabeza- se constituyó como querellante en algunos de los expedientes que se acumulaban. Entre ellos, el que lleva la carátula de fraude contra el Estado y que significó para Lobos pasar a ser el segundo intendente en la historia de la provincia que marcha preso luego de otro peronista, el santarrosino Sergio Salgado.
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