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Los laberintos políticos, económicos y judiciales que abrió el proyecto de Tolerancia Cero

Los empresarios del sector intentarán persuadir a Anabel Fernández Sagasti, convencidos de que puede partir el apoyo peronista en Senadores. Ya se está armando la estrategia judicial si la ley es aprobada. El derrotero de un lobby parlamentario que no rindió frutos

Con la media sanción al proyecto de Tolerancia Cero, sectores vitivinícolas Mendoza intentarán convencer a Anabel Fernández Sagasti para que influya en contra de su avance definitivo. Según referentes cercanos a ella, la senadora aún no tiene decidido su voto ni qué gestiones podría realizar en la Cámara Alta. Por fuera de eso, la estrategia ahora se posa en la Justicia, donde bodegueros y afines intentarán declararla inconstitucional y ya comenzaron a trabajar sobre un eje concreto: la falibilidad que tienen los medidores de alcohol en sangre. Hay temor, porque aseguran que el 5% de la población mendocina vive de actividades relacionadas al vino.

Pocas veces ha ocurrido lo que pasó con este tratamiento en el Congreso. Se trata de una decisión que atañe a todo el país por igual, pero que, sin embargo, tiene en Mendoza a la más afectada de todas las provincias de la República. Hay dos millones de personas a las cuales esta ley las toca más de cerca que a las 45 millones restantes. Tan sólo ese dato explica la tensión que se ha despertado sobre la política local, y cómo el empresariado acciona con cada vez más fuerza, y por distintas vías, para torcer algo que se les asoma como irreversible.

Ni el lobby que hicieron, ni la concientización sobre los peligros de este cambio dieron sus frutos hasta acá. Únicamente ayudaron a que se dilatase su tratamiento, que en principio iba a darse en 2021 y terminó quedando casi para el año que viene. Ahora el tiempo apremia a los referentes del sector, y aunque el mismo jueves en que la aprobaron, la documentación fue girada a Senadores, no está claro si podrá tratarse antes de enero, o si se hará directamente en 2023.

Esperan lo segundo. Esos meses de ventaja podrían apuntalar sus estrategias políticas y judiciales -aseguran-, que por ahora no ofrecen grandes detalles: sólo apelar a que los tres representantes de Mendoza en esa cámara (Alfredo Cornejo, Mariana Juri y la mencionada Fernández Sagasti) logren torcer el rumbo en el Congreso y que se logre, al menos, uno de sus objetivos: que el proyecto vuelva a Diputados para hacerle modificaciones y que ahí se retome la discusión sobre si es sensato o no que el límite de alcohol en sangre al conducir sea cero.

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Fernández Sagasti es señalada por el sector. Creen que tiene el músculo político suficiente para torcer el rumbo del proyecto en Senadores.

Fernández Sagasti es señalada por el sector. Creen que tiene el músculo político suficiente para torcer el rumbo del proyecto en Senadores.

La COVIAR y la Unión Vitivinícola supieron que el resultado sería adverso incluso meses antes de que se votara. Fatigaron despachos oficiales y oficinas de distintos legisladores en encuentros públicos y, en ciertos casos, en otros que fueron casi secretos; pero ninguna de esas reuniones logró que se encauzara la prohibición de otra manera. Con casi todo el oficialismo a favor del proyecto más el flaco apoyo de otras provincias vitivinícolas, el final estaba cantado tal cual se dio en Diputados.

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Una modificación clave que quedó a medias

La esperanza de quienes no quieren este cambio se centró en Marisa Uceda. La diputada impulsó un proyecto junto al sanjuanino José Luis Gioja para que el límite fuese de 0,2 gramos por litro de sangre, pero hasta los 30 años; mientras que para el resto se mantendría el 0,5. Es decir, a más edad, más permisos, y un límite ajustado para la juventud, que suele ser responsable de una gran cantidad de siniestros y pone al mayor número de víctimas fatales.

"Uceda no fue a defender su proyecto a comisiones", se quejaron desde la COVIAR y la Unión Vitivinícola el viernes, aduciendo un aleccionamiento partidario con el que también castigaron a Adolfo Bermejo y Liliana Paponet por votar a favor. La verdad es que ni Uceda ni el ex gobernador sanjuanino forman parte de ese órgano parlamentario (la comisión de Transporte) y por eso no tenían posibilidad de elevarlo a través de ella. Su única chance era que otros dirigentes del Frente de Todos tomasen su idea y la impulsaran desde allí.

Esto no ocurrió. En parte porque ya estaba tomada la decisión de ir con el proyecto original, cuya idea venía desde los tiempos en que Mario Meoni era ministro de esa cartera. Lo que postulaba la mendocina no terminaba de convencer a parte del empresariado, pero al menos se alejaba del cero. De hecho, en uno de los encuentros con el diputado Ramiro Gutiérrez, los empresarios fueron escuchados en su intención de bajar el límite a 0,3 y que el 0,5 fuera no punible, pero aunque aquel día se volvieron entusiasmados, esa propuesta jamás se cristalizó.

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"En un par de meses, todos los enólogos van a tener que tener chofer para poder trabajar. Esto es un golpe a la industria", esgrime la Corporación Vitivinícola.

En uno de esos encuentros con Uceda -contaron fuentes del PJ- la misma diputada propuso que la Corporación se ofreciese a financiar campañas preventivas a cambio de mantener el límite en el mismo lugar en que está. Es decir ceder en lo económico para intentar convencer a las asociaciones de víctimas que apuntalan el proyecto. Esto tampoco avanzó y los empresarios aducen que para ellos hubiese sido imposible, porque no manejan los mismos caudales de dinero que las cerveceras ni las empresas de bebidas azucaradas.

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El factor Anabel y las provincias que abandonaron la causa

Dirigentes cercanos a Fernández Sagasti dicen que podría votar a favor del proyecto, como ya lo hicieron 110 diputados del Frente de Todos esta semana. Todavía no lo tendría completamente definido y públicamente no ha expresado su postura, aunque sí ha revelado que bajar la limitación al mínimo no le parece una salida recomendable, al menos no como única herramienta.

Sergio Villanueva, del Fondo Vitivinícola, y José Zuccardi, de COVIAR , anunciaron que buscarán un encuentro con ella antes de fin de año. Más allá de si tiene o no el poder político para torcer un proyecto con tanto consenso (y con tanto apoyo de sectores fuertes en el FDT, como el massismo), su voto puede ser determinante en el número final, si es que la decisión fuese a ser ajustada.

Pero no parece que vaya a serlo. Ni siquiera las provincias vitivinícolas acompañaron la resistencia a la ley, y para graficar este punto, basta con un dato central de lo que ocurrió el jueves por la noche: Mendoza fue la única provincia que tuvo más de un voto negativo. El resto aportó uno o cero, con puñados de legisladores que se inclinaron por la aprobación.

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La votación fue aplastante: 125 a 19.

La votación fue aplastante: 125 a 19.

San Juan era una jurisdicción clave. Tanto Gioja como el gobernador Sergio Uñac estaban en contra -o al menos, el mandatario se reunió con la COVIAR y salió diciendo que era un proyecto "impracticable"-. Sin embargo, sólo aquel le bajó el pulgar, mientras que los oficialistas Ana Aubone, Walberto Allende y Graciela Caselles lo hicieron a favor, al igual que el bloque de Producción y Trabajo -aliado del PRO- que aportó las manos alzadas de Susana Laciar y Marcelo Orrego.

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Empresarios pedirán la inconstitucionalidad

Los empresarios acudirán a la Justicia, como ya lo han anticipado durante las últimas semanas. La intención es presentar un recurso de amparo si sale la ley -lo cual algunos ya dan por descontado- cuyo eje central sea combatir al "alcohol cero", aduciendo que es imposible de practicar. La idea es plantear que toda la norma es inconstitucional, aunque antes esperarán por una sorpresa en la Cámara Alta.

Sus abogados ya se están asesorando y desde hace tiempo estudian los antecedentes de la fundamentación que tuvo la norma. Sin embargo, con nueve provincias adheridas a sus propias leyes de tolerancia cero, una decena de municipios que también se acoplaron, y el cercanísimo caso de Uruguay, que también bajó sus límites al mínimo posible, probablemente sea complejo.

Otro de los puntos será cuestionar la idoneidad de los medidores. Las famosas pipetas tienen, según los empresarios, un margen de error que podría complicar a algunos conductores e indicar que bebieron aún cuando no lo hayan hecho. Incluso, plantean, habrá que revisar finamente cómo serán las coberturas de las empresas de seguro en los casos en los que, por ejemplo, un siniestrado arroje 0,1 gramos por litro de sangre.

De hecho, fue uno de los puntos que les llevaron a las Madres del Dolor, la asociación civil fundada por familiares de quienes fallecieron en accidentes de tránsito. Ese encuentro fue a mediados de octubre y quien hizo de nexo entre la COVIAR y ellas fue el ex diputado Luis Petri. Se reunieron en Buenos Aires con la titular de la entidad, Viviana Perrone, cuyo hijo de 14 años fue embestido por un auto que se dio a la fuga en 2002. Murió ocho días después.

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El encuentro de este viernes en la sede de la Coviar, donde se anunció que el próximo paso implicaría ir a la Justicia.

El encuentro de este viernes en la sede de la Coviar, donde se anunció que el próximo paso implicaría ir a la Justicia.

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En sus rutas, Mendoza no acataría la ley

Está la posibilidad de que Mendoza no haga cumplir la reglamentación en calles y rutas provinciales, pero la puesta en práctica de esa idea -difundida por el propio gobernador- no asoma como sencilla.

El PRO ya envió un proyecto a la Legislatura para que Suarez desista de aplicarlo, ya que “sería un mensaje desalentador para los miles de turistas que visitan cada año Mendoza”, según explicó el autor de la norma, Gustavo Cairo. “Sobre todo, teniendo en cuenta que ha sido declarada una de las Grandes Capitales del Vino”, agregó.

Este punto ya generó respuestas en el Partido Justicialista. Diputados nacionales mendocinos se acercaron al propio Omar De Marchi para decirle que, lo que no sería una buena imagen para la provincia, sería desoír alegremente una ley votada por el Congreso, más allá de lo legítimo de definir sobre su propia jurisdicción.

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