Luego de anunciar que daba marcha atrás con el pedido de juicio político contra el presidente Alberto Fernández en el marco de la controversia por los fondos de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, el bloque de diputados nacionales de la UCR, con las firmas de los mendocinos Julio Cobos (quien está de vacaciones en Chile por lo que se entiende que su rúbrica es digital), Jimena Latorre, Lisandro Nieri y Pamela Verasay, finalmente volvió sobre sus pasos y decidió presentar el proyecto por el que busca la destitución del jefe de Estado.
La grieta política
Los 4 diputados nacionales radicales de Mendoza firmaron el pedido de destitución del Presidente
Julio Cobos, Jimena Latorre, Pamela Verasay y Lisandro Nieri firmaron el proyecto de ley de la Unión Cívica Radical para realizarle juicio político al presidente Alberto Fernández. El PRO, con Omar De Marchi y Álvaro Martínez pidió formar una comisión investigadora sobre la coparticipación
La Unión Cívica radical quiere hacerle juicio político y destituirlo al presidente Alberto Fernández.
En cambio, el PRO, con los otros dos legisladores nacionales de Mendoza de Juntos por el cambio -Omar De Marchi y Álvaro Martínez- dio a conocer otra iniciativa que busca formar una comisión investigadora sobre la distribución de impuestos federales que realizó el gobierno de Alberto Fernández desde su asunción el 10 de diciembre de 2019.
La UCR recalculó y ahora pide la destitución del Presidente
Cuando Fernández anunció que pagaría con bonos la presunta deuda de Nación con la Ciudad, en cumplimiento parcial con el fallo de la Corte Suprema, la bancada presidida por el cordobés Mario Negri decidió revertir su intención original de avanzar con el pedido de juicio político contra el Presidente, pero tras el anuncio del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, rechazando la modalidad de pago, el radicalismo decidió alinearse con esa postura.
Con la firma de todos sus diputados, la UCR presentó el proyecto de resolución pidiendo que la Cámara de Diputados se convierta en acusadora en el jury de enjuiciamiento contra Fernández.
En un primer momento, el Gobierno nacional dijo que la cautelar de la Corte Suprema de Justicia que ordenó que se le devuelva a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un 2,95% de la coparticipación, era un fallo "incumplible", lo que fue interpretado por la oposición y por medios de comunicación habitualmente críticos del oficialismo como un intento de no acatar al máximo tribunal de Justicia de la Nación.
El proyecto presentado por los diputados radicales insta en en su único artículo a "promover juicio político contra el señor presidente de la Nación, doctor Alberto Fernández, por mal desempeño y eventual comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo que dispone el artículo 53 y concordantes de la Constitución Nacional".
En los fundamentos, los 33 legisladores radicales sostienen que la decisión del Gobierno nacional de querer pagar con bonos de deuda pública (como lo hizo con Santa Fe) el monto de coparticipación que la Corte Suprema ordenó transferir diariamente a CABA es "un ardid malicioso orientado a solapar la desobediencia al fallo de la Corte convenida previamente entre el Presidente de la Nación y catorce gobernadores, ante la repercusión negativa que tuvo ese alzamiento contra la cabeza de uno de los poderes del Estado y la interposición de denuncias penales".
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El PRO pide una comisión investigadora
En el marco del conflicto de poderes por la quita de fondos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires, diputados nacionales del PRO presentaron este martes un proyecto de ley para crear una comisión investigadora sobre la distribución de impuestos federales que realizó el gobierno de Alberto Fernández desde su asunción el 10 de diciembre de 2019.
La iniciativa -con la firma de los mendocinos Omar De Marchi y Álvaro Martrínez- surge luego de que la Corte Suprema dictara una cautelar que suspende la ejecución de la ley nacional 27.606 y obliga al Gobierno a pagarle a la Ciudad el 2,95% de la masa total de impuestos coparticipables.
De acuerdo a un comunicado del bloque que preside Cristian Ritondo, el objetivo de la comisión propuesta es "determinar si durante el período bajo análisis el gobierno nacional dio cabal y oportuno cumplimiento a las normas y resoluciones judiciales firmes o ejecutorias en materia de coparticipación federal de impuestos".
Además la iniciativa plantea que en caso de ser necesario se realicen modificaciones en materia de coparticipación.
El PRO propone que la comisión esté integrada por 30 legisladores de los distintos bloques parlamentarios de acuerdo con el principio de proporcionalidad y respetando la representación de las minorías.
En tanto, se establece que la presidencia de la comisión quede en manos del partido opositor con mayor número de legisladores y tendría como sede la Cámara baja, aunque podría constituirse en cualquier lugar de la República.
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Fuente: agencias.