Infraestructura

Las dudas y certezas de la obra pública "a la chilena" que propuso Milei para Mendoza y el país

El presidente electo ha insistido en que durante su gobierno habrá "obra pública cero". Propone, en cambio, emular a los trasandinos en sus políticas de infraestructura, que permiten la participación de privados

Son días de incógnitas en la política argentina. Y así será hasta que el presidente electo, Javier Milei, asuma el próximo 10 de diciembre. Hay temas -como el de la obra pública- en los que el economista ha sido vehemente, lo que no significa que las cosas hayan quedado totalmente claras.

“No tenemos plata por lo cual esas obras pueden ser entregadas al sector privado”, dijo textualmente Milei durante una entrevista con Alejandro Fantino. Y ponderó el modelo chileno como estrella a seguir. ¿Qué significa eso para Mendoza y el país?

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Milei en uno de sus tantos tuits contra el protagonismo estatal en la obra pública.

Milei en uno de sus tantos tuits contra el protagonismo estatal en la obra pública.

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El sistema chileno para las obras públicas

En realidad la comparación no es tan simple. Milei se refirió a un sistema "a la chilena" casi como si fuera un todo, homogéneo, pero diversas voces trasandinas advierten de que si bien se trata de una modalidad que habilita a los privados a tener una participación, cobrar peajes y obtener ganancias, "el Estado mantiene responsabilidades que son intransferibles".

Recapitulemos: en Chile existen dos modalidades para la obra pública: la de concesiones y la de licitaciones.

Las licitaciones son conocidas en Argentina y funcionan de forma similar. Se formula una convocatoria, el Estado elige al proyecto ganador y le paga a la empresa que concreta el trabajo. El país vecino suele aplicar esta opción para proyectos de pequeña envergadura, o ubicados en lugares que no despiertan un interés de mercado: una salita de salud, un sistema de cloacas en un barrio periférico, etcétera.

Sin embargo, Milei parece referirse al otro protagonista del sistema: las concesiones. En ellas, las autoridades estatales marcan las prioridades y dejan que el privado haga la inversión a cambio de que se quede con el derecho de explotación del negocio por un tiempo determinado. En realidad, la propiedad de la infraestructura nunca deja de ser del Estado, y la administración vuelve a él una vez cumplidos los plazos. Pero en el ínterin hay un privado que obtiene ganancias.

El exministro Carlos Cruz aclaró que la inversión en infraestructura está muy lejos de ser puramente privada en Chile El exministro Carlos Cruz aclaró que la inversión en infraestructura está muy lejos de ser puramente privada en Chile

Carlos Cruz, exministro de obras públicas durante la presidencia de Julio Lagos y actual director ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructura de Chile, conversó esta semana con el programa "Hora Libre", de radio Nihuil, y aclaró que la inversión en infraestructura dista de ser puramente privada en Chile.

"El sistema de concesiones fue muy exitoso, pero no sustituye a toda la inversión del Estado. Hoy la inversión privada no representa más del 20% en relación a la pública, que implica al 80% restante", recalcó.

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Carlos Cruz, exministro de Obras Públicas de Chile. Foto: Consejo de Políticas de Infraestructura de Chile.

Carlos Cruz, exministro de Obras Públicas de Chile. Foto: Consejo de Políticas de Infraestructura de Chile.

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Respecto a los dichos de Milei, Cruz consideró que probablemente aludía a este modelo de concesiones "que tuvo éxito en Chile".

"Eso requiere definir las obras necesarias para el país y que luego se concurse para que algún privado se haga cargo del financiamiento, el diseño definitivo, la construcción y la operación de esa obra", continuó.

Así, la obra con participación de privados se financia por dos vías posibles. Una es el cobro a usuarios a través de un peaje, por ejemplo. Pero hay casos en que eso no es posible. Cruz aclaró: "En esas circunstancias, se fija una modalidad de pago diferido por parte del Estado en el largo plazo". Es lo que acontece con la construcción de hospitales y cárceles.

Para usar una metáfora concreta: sería parecido a comprar un inmueble a crédito, donde el que lo construye obtiene una ganancia mediante las cuotas y al final el que pagó dichas cuotas -en ese caso el Estado- se queda con la propiedad.

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Dudas

Las dudas surgen cuando se intenta trasladar esta forma de trabajo a las áreas periféricas, que pueden tener gran potencial pero no siempre garantizan el pago de servicio por parte de sus habitantes o los estados municipales/provinciales.

Se puede imaginar, por ejemplo, la concreción de una sala de salud en el secano lavallino, o un camino rural en una zona de poca población, como puede ser el sur de Mendoza.

Cruz subrayó: "Creo que todas las obras públicas están en condiciones de estructurarse de esa manera, teniendo presente que hay ciertos riesgos que el Estado no puede dejar de tener, como también hay riesgos que el privado tiene que asumir para que tenga sentido esta relación".

"Esto puede incluir la privatización de algunos servicios que hoy están en manos del Estado con un sistema regulatorio que asegure prestaciones a precios razonables, formas mixtas y modalidades de concesión con pago diferido por parte del Estado", resumió.

En ese escenario, el entrevistado remarcó que Argentina, al ser un país federal, tiene una ventaja. "Los estados provinciales -dijo- pueden tomar compromisos de endeudamientos con privados a largo plazo".

Eso permitiría a las provincias ganar independencia y elegir sus prioridades. Pero también las dejaría inermes en caso de que el mercado considere que se trata de lugares "inviables" desde el punto de vista de la rentabilidad.

De producirse las concesiones, "el Estado sí tiene que mantener el control de manera que se asegure el servicio que fue convenido inicialmente; y tendrá que consensuar con la gente que esa obra es necesaria, puesto es que la misma comunidad la que la tendrá que pagar".

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Los reparos de Mendoza

En la provincia, la idea de Milei fue recibida con cautela. Como contó Diario UNO, el gobernador electo, Alfredo Cornejo, recomendó "no parar la obra pública".

"La idea de frenar la obra pública apunta a reducir déficit fiscal, pero yo no recomendaría pararla, sino acelerarla. Porque al ralentizarla se están pagando costos muy caros", dijo el radical.

Por su parte, el mandatario saliente, Rodolfo Suarez, reconoció que le cuesta interpretar cómo se efectuarían obras de saneamiento y cloacas bajo un sistema de participación privada.

"En Chile hay un porcentaje de obras que hacen los privados, pero especialmente son caminos porque recuperan la inversión con peaje", analizó Suarez. "¿Pero qué haríamos con las obras especialmente destinadas a servicios?", añadió.

Otro que marcó la inconveniencia de llevar la obra pública "a cero" fue el diputado provincial y futuro presidente de la UCR Mendoza, Andrés "Peti" Lombardi.

"Sobre la obra pública, por ejemplo a la doble vía que tenemos a San Juan, paralizarla o dejarla así me parece que no está en el plan de Milei. Yo creo que tiene que avanzar y terminarse, porque no podemos dejar la ruta incompleta como está", reclamó Lombardi.

Lombardi reconoció que la obra pública nacional en Mendoza tiene demoras "impresionantes" y puso de ejemplo los caídos puentes de la ruta 40 -que llevan más de 3 años sin que se pueda restablecer el tránsito en esos tramos-, pero insistió en que "no cree" que el próximo gobierno abandone esas obras a la mitad.

"Puede paralizar momentáneamente alguna. Ahora: ninguna persona racional va a cortar las obras que están a mitad de camino", enfatizó. Y mentó fundamentalmente a la doble vía a San Juan, la variante Palmira y los puentes de la ruta 40.

"No pueden quedar paralizadas. Hay que hacerlas, alguien las tiene que terminar. Se puede poner a discusión qué modelo de obra, si hay que ir con peaje y con inversión privada, pero no pueden quedar paralizadas a cero. Hay contratos de vinculación con empresas privadas que hay que cumplir, porque si no le saldrá más caro al Estado nacional", cerró.

Ampliando el foco, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Gustavo Weiss, dijo que un eventual "parate" congelaría a “3.500 obras que están en ejecución en todo el país con fondos nacionales”, y que emplean “300.000 personas que pasarían a la calle”.

La paralización -auguró- también afectará al trabajo indirecto porque “si la obra pública desaparece, afectará también a las fábricas de insumos”.

“No tuve la oportunidad de hablar con Milei sobre este tema, pero lo que él transmite en su mensaje es que, si los municipios y las provincias no tienen dinero, van a tener que conseguir un privado que se interese en hacer la obra. Eso en el mundo no supera el 7% a 10% de la inversión total, porque (en muchas jurisdicciones) no hay negocio para el sector privado”, insistió Weiss.

El debate, por supuesto, es muchísimo más complejo, y esta semana Diario UNO dedicará más notas a desmenuzar punto por punto los distintos aspectos de la discusión sobre la participación privada en la obra pública.

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