Aunque parezca mentira desde hace 108 años los legisladores mendocinos sostienen un periodo de sesiones ordinarias de sólo 6 meses, del 1 de mayo al 30 de octubre (incluyendo la prórroga de un mes), lo que se estableció así en la Constitución de 1916. En su defensa, desde la Casa de las Leyes dirán que ellos trabajan aún fuera de ese periodo, pero lo cierto es que de noviembre a abril, en sesiones extraordinarias, sólo se tratan los proyectos que le interesen al gobernador o alguno rezagado del año anterior.
Nuevos aires
La UCR, el Pj y demarchistas acordaron que los legisladores trabajen más: cambiarán una norma de 1916
Desde hace 108 años, las sesiones ordinarias en la Legislatura comienzan recién el 1 de mayo y va hasta el 30 de octubre. Pretenden extenderlo a 9 meses
Senadores de la UCR, el PJ y el demarchismo acordaron avanzar con la reforma de un artículo de la Constitución para ampliar el periodo de sesiones ordinarias y que los legisladores trabajen más.
Para cambiar esa regla, y extender ese periodo a 9 meses, habrá que modificar el artículo 84 de la Carta Magna y todos los mendocinos deberán votarlo en las próximas elecciones a legisladores provinciales, es decir en los comicios del año que viene.
Los proyectos que son prácticamente idénticos pretenden que el periodo de sesiones vaya desde el 1 de marzo al 30 de noviembre con la posibilidad de que se pueda prorrogar un mes más, es decir hasta diciembre.
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Eso es justamente lo que han acordado, saltándose la grieta, un grupo de senadores de la UCR, el PJ y el demarchismo, lo que hace suponer que esta vez ese cambio tendrá el consenso político que necesita para concretarse.
Tanto es así que al proyecto de los senadores Walther Marcolini y Martín Kerchner lo firmó el demarchista Martín Rostand y se unificó al que ya había presentado en noviembre del año pasado el peronista sanrafaelino Pedro Serra. Esa iniciativa unificada ya tomó estado parlamentario y por lo que adelantan de un lado y otro de los partidos políticos, están dadas las condiciones y los acuerdos para que logre el aval de los dos tercios de esa cámara que necesita.
Tan antigua es esa costumbre mendocina que se sustenta en una propuesta de Juan Bautista Alberdi, el llamado padre de la Constitución de 1853, que había instaurado ese periodo de sesiones en conmemoración del pronunciamiento del gobernador de Entre Ríos, Justo José de Urquiza, contra la tiranía de Juan Manuel de Rosas el 1 de mayo de 1851.
Para Alberdi, tal acto significaba el inicio del fin de una opresión que durante décadas había impedido a las provincias argentinas conformar un sistema republicano bajo una constitución federal y representativa. Inspiradas por este mismo espíritu, varias provincias, incluyendo Mendoza, habrían adoptado dicha fecha como referencia en sus propias constituciones.
Hoy sólo Mendoza y Santa Fe sostienen un periodo ordinario de sólo 6 meses, porque son las únicas provincias que no han reformado sus constituciones.
Pero además, esa idea de comenzar las sesiones el 1 de mayo tenía en cuenta el ciclo agrario, porque en aquel entonces varios de los legisladores que provenían de los departamentos más alejados se dedicaban a las tareas agrícolas, lo que actualmente no ocurre, claro está.
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El largo camino para reformar un artículo de la Constitución
Para modificar la extensión del periodo de sesiones ordinarias los legisladores deben avanzar con reformar el artículo 84 de la Constitución de Mendoza, y no morir en el intento. Es que la experiencia marca que varios de los intentos anteriores por reformar o enmendar la Carta Magna se frustraron o requirieron de décadas para implementarse. La mayoría se frenó cuando incluyó la reelección del gobernador, algo que nunca prosperó en Mendoza.
Valga contar por ejemplo que el último cambio se concretó en noviembre del 2018 cuando el actual gobernador, Alfredo Cornejo en su primera gestión, promulgó la enmienda del artículo 198 que le impidió a los intendentes ir por la reelección indefinidamente como les permitía la añosa letra de la Constitución.
En ese momento Cornejo promulgó la ley 7.814 que en el 2007 -11 años antes- se había aprobado en un referéndum en el que el 83% de los mendocinos habían votado que sí avalaba la restricción a las reelecciones indefinidas. Pero ni el gobernador del momento, Celso Jaque ni su sucesor Francisco Pérez se atrevieron a promulgarlo, en parte porque podrían haber llovido demandas de inconstitucionalidad y en parte por conveniencia política.
Entre otras cosas, además, porque pese al alto porcentaje de personas que votaron por el sí, no alcanzaba a cubrir la exigencia de ser más del 50% del padrón electoral del conocido fallo Kemelmajer, que tenía vigencia hasta ese momento.
Cornejo lo promulgó por decreto y más tarde, en agosto del 2019 ganó la batalla en la Corte, que además modificó la exigencia de que para enmendar un artículo de la Constitución se deba tener el aval de más del 50% del padrón. Ahora sólo se requiere más de la mitad de los que efectivamente voten el referéndum.
Por tanto, ahora si el proyecto de reforma del artículo 84 avanza en la Legislatura, el referéndum sólo requerirá más del 50% de los votantes para avalar el cambio.
"No tiene ninguna lógica sostener en estos tiempos una costumbre del siglo XX"
El primer argumento de los senadores que coinciden en la necesidad de ampliar el periodo de sesiones ordinarias de la Legislatura, es que esa costumbre sostenida en la Constitución no se cumple en la realidad. "Más allá de los 6 meses de periodo ordinario, nosotros seguimos tratando otros proyectos, seguimos trabajando en comisiones y sesionando de febrero a noviembre", dicen casi al unísono.
Como muestra de ese "sostenido trabajo", algunos radicales resaltan el avance del paquete de 25 leyes de reforma del sistema de Salud, que ingresó en febrero y a mediados de marzo ya se había aprobado más de la mitad de esas normas.
El detalle que no marcan es que a ese paquete de leyes lo impulsó el mismo gobernador y por eso se pudo avanzar fuera del periodo de sesiones ordinarias.
Es que esa condición es clave en la necesidad de ampliar ese periodo a 9 o 10 meses, porque así se podrían discutir en la Legislatura todos los proyectos que ingresen, sean oficialistas o de la oposición. Hoy si algún proyecto opositor ingresa fuera de ese periodo, aún cuando pudiera ser de tratamiento urgente, deberá dormir en un cajón hasta que se lo pueda discutir después del 1 de mayo.
"Hoy no tiene ninguna lógica que sostengamos sesiones ordinarias por una costumbre que data del siglo XX. Si fuera de ese periodo hubiese una urgencia y a ese proyecto no lo impulsara el gobernador no podría avanzar. Tenemos que terminar con eso, pero con una mirada que no sea oportunista ni partidista, que nos haga evolucionar a todos", opinó el senador Pedro Serra, autor del proyecto que se presentó en noviembre del 2023.
El radical Walther Marcolini, coincidió: "La modificación del período ordinario de sesiones cobra especial relevancia si tenemos en cuenta el creciente reclamo de la ciudadanía sobre la eficiencia del Estado, pero también en la operatividad de las Cámaras haciendo posible que el legislador pueda presentar iniciativas propias en la mayor parte del año, y además reduce el período de sesiones extraordinarias".
