Mientras en la Argentina los gobernadores patagónicos se alinean detrás del reclamo para que el Congreso de la Nación declare la Emergencia Ígnea, desde la Organización de los Estados Americanos (OEA) lanzaron una advertencia sobre las causas estructurales detrás de la ola de incendios forestales que ya arrasó más de 200.000 hectáreas desde el primer foco.
Por los incendios forestales miles de hectáreas se queman en Chubut desde diciembre.
La Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca), que depende de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), puso el foco en una serie de factores que, en el caso argentino, agravan el impacto en los incendios forestales y comprometen el ejercicio de derechos humanos fundamentales.
En un pronunciamiento difundido en las últimas horas, la Relatoría expresó su solidaridad con las personas y comunidades afectadas por los incendios registrados en la Argentina y en Chile, lamentó las pérdidas humanas y los daños a viviendas e infraestructura, y subrayó las afectaciones a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las poblaciones impactadas. El organismo advirtió que se trata de fenómenos favorecidos por condiciones meteorológicas extremas —altas temperaturas, baja humedad y vientos intensos— que incrementan el riesgo de propagación y generan consecuencias graves y multidimensionales.
El Estado, los incendios forestales y pérdida de biodiversidad
En el caso argentino, la Redesca siguió con especial atención la magnitud de los incendios forestales en la provincia de Chubut. Algunas estimaciones oficiales calculan alrededor de 25.000 hectáreas arrasadas en lo que va del año, aunque el propio gobernador Ignacio Torres elevó esa cifra a 35.000 hectáreas durante una conferencia conjunta con sus pares de la región.
Según el informe, los incendios no solo provocaron una pérdida significativa de biodiversidad y recursos naturales, sino que también comprometieron el ejercicio de diversos derechos humanos de las comunidades afectadas. La Relatoría reconoció los esfuerzos de coordinación y respuesta desplegados por las autoridades, así como las acciones de asistencia brindadas a las poblaciones damnificadas.
No obstante, el pronunciamiento incorpora una advertencia central sobre las capacidades estructurales del Estado para prevenir y responder a este tipo de emergencias. En ese sentido, la Redesca manifestó su preocupación por análisis elaborados por organizaciones especializadas, basados en datos oficiales de ejecución presupuestaria, que señalan insuficiencia de recursos y subejecución en partidas vinculadas al Servicio Nacional de Manejo del Fuego. A ello se suma, según el informe, una reducción de las asignaciones previstas para 2026.
Dado que el Servicio Nacional de Manejo del Fuego brinda asistencia operativa y logística a las provincias a pedido de las jurisdicciones locales, la Relatoría advirtió que estos patrones presupuestarios podrían incidir negativamente en las capacidades de prevención, preparación y respuesta frente a los incendios forestales. En la misma línea, especialistas y organizaciones alertaron que una disminución de los fondos destinados a la protección de bosques nativos podría debilitar las capacidades provinciales de fiscalización y control de desmontes ilegales, un factor clave en la gestión del riesgo y la preservación de la biodiversidad.
En el marco de la emergencia climática, la Redesca recordó que los Estados tienen la obligación de fortalecer —y no debilitar— los arreglos institucionales y presupuestarios orientados a prevenir y mitigar riesgos previsibles. Subrayó, además, la necesidad de adoptar medidas estructurales de prevención y reducción del riesgo, conforme a los deberes de debida diligencia y de protección frente a amenazas conocidas.
El informe también pone el acento en factores territoriales que incrementan la exposición al fuego. La evidencia disponible en la región, señaló la Relatoría, indica que determinados patrones de uso del suelo —como la expansión de la interfaz urbano-forestal, la fragmentación del paisaje y, en ciertos contextos, la presencia de plantaciones homogéneas— pueden aumentar la severidad de los incendios, especialmente bajo escenarios de calor y viento extremos.
Frente a este escenario, el organismo llamó a reforzar el ordenamiento territorial, la protección y restauración de ecosistemas nativos y la gestión preventiva del riesgo, incluida la gestión de combustibles, garantizando además la participación efectiva de las comunidades en las decisiones que las afectan. Asimismo, remarcó que ante indicios de incendios intencionales los Estados deben investigar de manera diligente, imparcial y transparente, sancionar a los responsables y adoptar garantías de no repetición.
El caso de Chile
En un segundo plano, la Relatoría se refirió a la situación en Chile, donde el Gobierno declaró el estado de excepción constitucional por catástrofe en las regiones de Ñuble y Biobío ante la magnitud de los incendios, con al menos 20 personas fallecidas, cientos de viviendas destruidas y miles de evacuados. El organismo tomó nota de las medidas adoptadas y reconoció los esfuerzos de coordinación entre los distintos niveles de gobierno.
Del lado argentino, el Gobierno nacional recepcionó el pedido de las provincias para incluir en el temario de sesiones extraordinarias el debate sobre la emergencia ígnea. A la espera de definiciones sobre el decreto que habilitaría su tratamiento a partir del lunes 2 de febrero.