Legislatura de Mendoza

La Ley de Ética Pública cambió y las multas a funcionarios financiarán a la Oficina Anticorrupción

Esta semana se modificó la Ley provincial 8.993, que refiere a unos 6.000 funcionarios de los tres poderes. El oficialismo asegura que la norma marca una diferencia respecto a otras provincias

La Legislatura modificó esta semana la Ley provincial 8.993 –"de Responsabilidad en el ejercicio de la función pública"-, haciendo que las multas que se les cobran a los funcionarios se destinen exclusivamente a bienes para equipar la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública, entre otros cambios.

La propuesta del oficialismo provincial había obtenido media sanción en Diputados a principios de febrero y el martes pasó el filtro del Senado con 34 votos positivos y sólo una abstención -el FIT-, por lo que ahora se espera que el Ejecutivo promulgue el nuevo texto.

En cuestión de días, por ende, la 8.993 -que abarca a todas las jerarquías y dependencias del Estado- contará con un nuevo articulado.

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El senador Marcelo Rubio (UCR) fue uno de los que promovió la modificación en el Senado.

El senador Marcelo Rubio (UCR) fue uno de los que promovió la modificación en el Senado.

Las novedades que aprobó la Legislatura

El presidente de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales del Senado, Marcelo Rubio (UCR), dialogó con UNO y detalló algunos alcances de la modificación.

Una las novedades relevantes es la referida a los plazos de presentación de las declaraciones juradas de los funcionarios: se pasó de 60 días hábiles a partir de su asunción a sólo 30. Rubio -quien además es abogado- comentó: "Esos documentos, por otro lado, se publican en la web, para que la ciudadanía pueda hacer un seguimiento.

Y, como se apuntó más arriba, en el artículo 25° se dispone que las multas por sanciones vuelvan a la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública exclusivamente bajo la forma de "bienes muebles inventariales". O sea que contribuirán a su financiamiento.

Rubio analizó: "Antes, los ingresos por esas multas se perdían en las arcas generales. Ahora el organismo podrá disponder del valor de esas multas para comprar mobiliario, equipos informáticos, etc. Hablamos de una dependencia que actualmente funciona en las instalaciones del ex Banco Mendoza. Si vemos las atribuciones que tiene, está claro que necesita fortalecerse".

Controla a 6.000 funcionarios y 390 contratistas

Así las cosas, la esfera de acción de esta oficina de ética abarca a "toda persona que integre comisiones de evaluación de ofertas o de adjudicación en licitaciones públicas o privadas, de compra o contratación de bienes o servicios en que intervenga la provincia de Mendoza o que administre patrimonio público o maneje fondos públicos".

"Aquí estamos hablando de personas que pueden ser de menor rango y que a lo mejor no estaban contemplados anteriormente. Es una norma que marca la diferencia respecto a otras provincias", precisó Rubio.

"Un funcionario que -por ejemplo- haga una compra de pupitres debe rendir cuentas, porque está administrando fondos públicos o bienes del Estado", desarrolló el legislador. Y eso incluye, claro, a los tres poderes.

Según Rubio, la Oficina de investigaciones administrativas y ética pública controlará a unos 6000 funcionarios y 390 contratistas; incluyendo desde empleados que gestionan compras hasta representantes sindicales del ámbito estatal.

"También se amplió el alcance a las nuevas formas societarias como la economía mixta (privada-pública). Esas empresas no estaban alcanzada anteriormente", agregó Rubio.

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