Legislatura provincial

Diputados aprobaron cambios en la Ley de Ética Pública que controla más de 6.000 funcionarios y privados

Con el visto bueno de casi la totalidad de la cámara, el proyecto oficialista que disminuye los plazos para las declaraciones juradas y amplía el alcance de los responsables obtuvo media sanción

La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto que modifica puntos de la Ley 8.993, de responsabilidad en el ejercicio de la función pública. Entre los cambios propuestos se destacan la reducción del plazo de presentación de las declaraciones juradas, el destino de la recaudación por multas a equipamiento de bienes muebles inventariables y una ampliación en el alcance de la norma.

Los diputados aprobaron casi por unanimidad el proyecto que resultó de la conjución de las iniciativas de Mabel Guerra y Analía Jaime, ambas legisladoras de la UCR mandato cumplido.

Una de las modificaciones es sobre el 13° de la llamada Ley de Ética Pública disminuyendo los plazos de presentación de las declaraciones juradas de 60 días hábiles a 30 desde la asunción de sus cargos.

También se modifica el artículo 25° y se dispone que las multas por sanciones vuelvan al organismo de Ética Pública. Es decir que el producido por las multas que aplique se destine única y exclusivamente al equipamiento de bienes muebles inventariables.

Por otra parte se modifica el nombre de la Oficina de Ética Pública, al de Oficina de Investigaciones Administrativas, Ética y Acceso a la Información Pública Mendoza.

Otro cambio importante es el del artículo 1º de la ley que señala el objeto de la misma. Dispone al respecto que será el de regular y controlar el efectivo cumplimiento de las normas de conducta que deben regir en el ejercicio de la función pública para su responsable, honesto, justo, digno y transparente desempeño por parte de quienes detentan la obligación de desarrollarla, en cualquiera de las jerarquías, formas o lugares en donde la ejerzan.

Mientras que con los cambios en el artículo 6, respecto de la responsabilidad de los que manejan fondos públicos, se incluye ahora a "toda persona que integre comisiones de evaluación de ofertas o de adjudicación en licitaciones públicas o privadas, de compra o contratación de bienes o servicios en que intervenga la provincia de Mendoza o que administre patrimonio público o maneje fondos públicos"; mientras que, a su vez, se amplía el concepto a las nuevas formas societarias, como las de economía mixta que no estaban alcanzadas.

Entre los sujetos comprendidos por la ley relativos a los sindicatos y autoridades sindicales, se quita en el artículo 12 la leyenda "con o sin personería gremial".

La diputada radical Daniela García indicó que con estas modificaciones se "controlará a más de 6 mil funcionarios, a más de 390 contratistas, a más de 350 gremios y también las fichas limpias que el año pasado fueron 210".

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"Con estas modificaciones - que fueron votadas a favor tanto por el oficialismo como por el peronismo- venimos a fortalecer, a equiparar a las leyes de procedimiento administrativo que fueron posteriormente sancionadas, y a reducir los tiempos de presentación para fortalecer la institucionalidad, como así la responsabilidad de los funcionarios públicos del Estado y de aquellos que trabajan con el Estado".