Una de las modificaciones es sobre el 13° de la llamada Ley de Ética Pública disminuyendo los plazos de presentación de las declaraciones juradas de 60 días hábiles a 30 desde la asunción de sus cargos.
También se modifica el artículo 25° y se dispone que las multas por sanciones vuelvan al organismo de Ética Pública. Es decir que el producido por las multas que aplique se destine única y exclusivamente al equipamiento de bienes muebles inventariables.
Por otra parte se modifica el nombre de la Oficina de Ética Pública, al de Oficina de Investigaciones Administrativas, Ética y Acceso a la Información Pública Mendoza.
Otro cambio importante es el del artículo 1º de la ley que señala el objeto de la misma. Dispone al respecto que será el de regular y controlar el efectivo cumplimiento de las normas de conducta que deben regir en el ejercicio de la función pública para su responsable, honesto, justo, digno y transparente desempeño por parte de quienes detentan la obligación de desarrollarla, en cualquiera de las jerarquías, formas o lugares en donde la ejerzan.
Mientras que con los cambios en el artículo 6, respecto de la responsabilidad de los que manejan fondos públicos, se incluye ahora a "toda persona que integre comisiones de evaluación de ofertas o de adjudicación en licitaciones públicas o privadas, de compra o contratación de bienes o servicios en que intervenga la provincia de Mendoza o que administre patrimonio público o maneje fondos públicos"; mientras que, a su vez, se amplía el concepto a las nuevas formas societarias, como las de economía mixta que no estaban alcanzadas.
Entre los sujetos comprendidos por la ley relativos a los sindicatos y autoridades sindicales, se quita en el artículo 12 la leyenda "con o sin personería gremial".
La diputada radical Daniela García indicó que con estas modificaciones se "controlará a más de 6 mil funcionarios, a más de 390 contratistas, a más de 350 gremios y también las fichas limpias que el año pasado fueron 210".
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"Con estas modificaciones - que fueron votadas a favor tanto por el oficialismo como por el peronismo- venimos a fortalecer, a equiparar a las leyes de procedimiento administrativo que fueron posteriormente sancionadas, y a reducir los tiempos de presentación para fortalecer la institucionalidad, como así la responsabilidad de los funcionarios públicos del Estado y de aquellos que trabajan con el Estado".
