Por ello, desde ATE repudiaron este jueves la decisión de la Justicia: "Desde nuestra asociación sindical y central obrera rechazamos la criminalización de la protesta social que aplica el Gobierno para disciplinar a los que luchan en defensa de los derechos y necesidades de las bases. Nos solidarizamos con la compañera, con más fuerza y unidad de todos los trabajadores que representamos".
En la tarde del miércoles, la Justicia imputó a Castro, quien también es referente del Departamento de Discapacidad de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Mendoza. En el contexto de un plan de lucha de 80 días por mejores salarios y condiciones de trabajo, también se detuvo e imputó a otros representantes gremiales del Consejo Directivo Provincial, incluidos los secretarios, general y adjunta, Roberto Macho y Adriana Iranzo.
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Los secretarios de ATE, Roberto Macho y Adriana Iranzo, repudiaron la imputación de Romina Castro, su compañera de la CTA.
"Acabo de ser imputada por el incumplimiento del Código 194, donde habla de entorpecimiento en la vía pública. Me han tomado huellas digitales por defender a la clase trabajadora. El año pasado estuvimos realizando distintas marchas durante 84 días, defendiendo a compañeros y compañeras con bajos salarios, que no tenían dignidad laboral. No obstante, el Gobierno y la Justicia de Mendoza tienen esta forma de responder: condenando las protestas”, apuntó Castro, al salir del Polo Judicial.
"Vendrán más imputaciones y persecuciones, pero nosotros vamos a estar presentes en la defensa de los derechos y necesidades de la clase obrera. Desde ATE y CTA Autónoma vamos a dar la lucha y dignidad por cada uno de los trabajadores de Mendoza”, enfatizó la representante sindical.
De hecho, desde el Poder Judicial adelantaron que llamarán a indagatoria a otros referentes sindicales en los próximos días.
