La Cámara Federal porteña confirmó la cautelar del juez Sebastián Casanello que le ordenó al gobierno elaborar un plan de distribución inmediata de los alimentos almacenados para comedores populares y merenderos. El recurso del magistrado no fue cumplido por la administración de Javier Milei.
El tribunal de alzada avalo la decisión del magistrado de “encomendar al Ministerio de Capital Humano a que elabore un plan de distribución de dichos alimentos en atención a su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino, previendo su ejecución de modo inmediato”.
Casanello había dado un plazo de 72 horas para elaborar ese plan, que el gobierno no cumplió.
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El tribunal señaló que en el expediente “se intenta establecer si los funcionarios públicos incurrieron en hechos delictivos al haber suspendido la entrega de alimentos a los comedores comunitarios”.
“Las leyes penales otorgan las herramientas preventivas concretas que el juez utilizó para intentar, o bien el cese de la comisión del hecho presuntamente delictivo que se investiga, o bien evitar que se agraven sus efectos”, reivindicó la Cámara la actuación de Casanello.
La Justicia detectó irregularidades en el allanamiento a un depósito de alimentos
Luego del allanamiento al galpón de Villa Martelli para recabar el inventario de los alimentos allí depositados, la Justicia Federal estableció un análisis preliminar en el que se habrían encontrado inconsistencias entre la información que brindó el Ministerio de Capital Humano y los resultados del operativo hecho el pasado sábado.
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Según información de un informe privado, en el establecimiento había faltante de varias toneladas de leche en polvo, así como errores en las marcas de algunos productos informados: mientras que no se hallaron los lotes de aceite "Costa del Sol", sí habían de la marca "Alsamar", que no había sido registrado por Capital Humano.
Durante la audiencia que tuvo lugar este martes por la causa de las irregularidades en la entrega de alimentos, Capital Humano apeló la medida del Juez Sebastián Casanello alegando la inexistencia de delito. A su turno, el dirigente social Juan Grabois replicó con una dura acusación al gobierno nacional.





