La Justicia reúne pruebas aportadas por el Ministerio de Seguridad y la Secretaría de Ambiente para determinar si hubo delitos y quiénes pudieron haberlos cometido durante la expedición al cerro Aconcagua, que derivó en el despido de Roberto Munives del cargo de Director General de Policía.

La pesquisa, que comenzó esta semana, está a cargo de la fiscal de Delitos No Especializados María de las Mercedes Moya y a partir del martes 1 de febrero, cuando termine la feria judicial, pasará a manos del fiscal correspondiente, Juan Ticheli.

Registros oficiales, declaraciones juradas, protocolos sanitarios y nóminas de personas que participaron directa e indirectamente de la travesía son algunos de los ejes de la investigación que tiene en la mira, en principio, a Munives y a la pareja, la abogada Mónica Delsouc.

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Mónica Delsouc, pareja de Roberto Munives.

Mónica Delsouc, pareja de Roberto Munives.

La lupa judicial también apuntaría a estudiar las conductas de personal policial y del Parque Aconcagua, al menos con el objetivo de que aporten información o, en algunos casos en particular, brinden las explicaciones correspondientes.

Ejes de la investigación

Hay varios ítem bajo análisis: la situación sanitaria de todos los miembros del grupo que subió al cerro y la utilización de recursos públicos, como el helicóptero que Ambiente dispone para el traslado de andinistas en caso de emergencia, previo pago del seguro correspondiente o pago posterior de 1.500 dólares por el desplazamiento.

También se analizará qué tipo de controles, administrativos o de tipo médicos, se hicieron durante el ingreso y la circulación en el Parque Provincial Aconcagua y durante la permanencia.

Especial valor cobra por estas horas el artículo 205 del Código Penal, que sanciona a quienes con sus conductas pongan en riesgo la salud de la población, en este caso debido a la pandemia de Covid.

Otro texto de gran importancia que estará sobre la mesa de la fiscalía es la resolución 822 de la Secretaría de Ambiente, que en uno de sus puntos más destacables establece que para acceder al Parque Provincial Aconcagua hay que acreditar que se ha completado el esquema de vacunación anticovid.

Además de Munives, que al momento de los hechos era funcionario público y participó de la travesía, también está bajo investigación su pareja, Mónica Delsouc, quien admitió públicamente haber ascendido, a pesar de lo establecido por la disposición 822, sin estar vacunada contra el Covid.

Acerca de este punto, la Justicia también estudia la responsabilidad de tipo sanitaria de los policías que subieron con Munives y Delsouc, más aún cuando la Inspección General de Seguridad ya les inició un sumario administrativo por haber detectado que no tienen el esquema de vacunación completo, lo que los inhabilitaba para ascender al Aconcagua.

Si alguien mintió declarando bajo juramento algo que no es real, como estar o no inoculado, arriesga quedar imputado por el delito de falsedad ideológica.

Y si alguno de los expedicionarios puso en riesgo la salud pública violando alguna de las disposiciones oficiales, como la exigencia de la vacunación, arriesga quedar imputado por esa conducta.

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