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Justicia Federal de Mendoza

La fiscal federal André defendió los juicios presenciales

Valoró la Justicia online por pandemia y dijo que en las audiencias cara a cara se advierten características de imputados y testigos que las cámaras no detectan

La fiscal federal María Gloria André consideró que la realización de juicios penales por videoconferencia durante el año de la pandemia de coronavirus permitió preservar adecuadamente las garantías constitucionales.

Sin embargo, y en sintonía con varios de sus colegas del fuero federal y del Poder Judicial de Mendoza, defendió la realización de las audiencias en la histórica modalidad presencial porque, agregó, revelan ciertas características del comportamiento humano, como la gestualidad, que no pueden ser captadas por la virtualidad.

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La fiscal federal María Gloria André durante un juicio presencial.

La fiscal federal María Gloria André durante un juicio presencial.

Es que "leer" gestos y conductas de testigos e imputados a la hora de las declaraciones frente a los tribunales suele ser una herramienta clave para los jueces y fiscales. Tanto que hasta ayudan a saber -o por lo menos dudar- de las veracidad de algunas frases o palabras dichas. Entonces se impone el cómo se dice por sobre el qué se dice.

Hay que volver a los juicios presenciales "porque la tecnología es un parche", había dicho el juez Rafael Escot a Diario UNO en agosto.

La magistrada, que tiene competencia ante los Tribunales Orales Criminales Federales 1 y 2, aportó esa y otras definiciones en conversación con el portal de noticias del Ministerio Público Fiscal de la Nación, que salió a sondear cómo había trabajado la justicia federal argentina durante el 2020.

A propósito del año de la pandemia, la fiscal André participó activamente del juicio oral que terminó con ocho personas condenadas a diversas penas de prisión por el delito de asociación ilícita por la emisión de facturas truchas. Entre los sentenciados hay una funcionaria provincial y un ex legislador provincial.

¿Se trabajó más o menos?

Muchos aseguran que los tribunales argentinos trabajaron mucho menos o prácticamente nada desde marzo/abril como consecuencia del aislamiento social y el consiguiente cierre de la atención al público por la pandemia de coronavirus.

Sin embargo, aunque no en todos los casos, los tribunales siguieron trabajando. No al 100% sino en un porcentaje mucho menor. Tampoco de manera presencial sino virtual y/o por teléfono. Magistrados, funcionarios y empleados conviviendo con los típicos obstáculos de tener que adaptarse a lo nuevo. Y a lo súbito.

Cuando a la fiscal André le preguntaron si en 2020 se trabajó más o menos que antes de la pandemia ella habló de un panorama signado por la compensación: lo que antes se hacía de manera presencial pasó a hacerse a través de los sistemas telemáticos.

La ecuación fue clara: de pronto se paralizaron los juicios por delitos penales pero, a la vez, hubo una gran cantidad de pedidos de prisión domiciliaria por resolver; todos planteos presentados vía online por imputados y condenados por la Justicia Federal cuyas edades y condiciones de salud los ubicaban en los denominados grupos de riesgo por el coronavirus.

Algo similar sucedió en la Justicia Provincial. Entonces, los jueces de ejecución penal debieron dedicarse a estudiar y resolver este tipo de planteos.

La digitalización de los expedientes judiciales es un fenómeno que antes de la pandemia avanzaba a paso firme en la Justicia Federal de Mendoza hasta que el coronavirus obligó, por razones de inmediatez, de proximidad y fundamentalmente de higiene, a que los tribunales cortaran camino y se adaptaran rápidamente a la virtualidad.

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