Análisis y opinión

La detención del titular de ATE y de otros gremialistas abre un necesario debate acerca de los derechos

Los ciudadanos afectados por los cortes de calles padecen tanto la inflación o los problemas de la macroeconomía como los estatales y la dirigencia gremial, pero no se saltean la ley

Cortar calles y rutas es un delito. Está debidamente tipificado en el Código Penal y prevé penas de tres meses a dos años de prisión. Es uno de los delitos habitualmente consentidos por la política y la Justicia bajo el argumento de que no hay que criminalizar la protesta social, un argumento tan falaz como dañino. No hay que penalizar la protesta si se realiza dentro de lo que marcan las leyes nacionales y provinciales y las disposiciones municipales. Pero cualquier hijo de vecino es pasible de sanciones si se saltea la ley, como le sucedió a Roberto Macho y a otros gremialistas de ATE,

Lo que no puede hacer una facción determinada es arruinarle la vida cotidiana al resto de los ciudadanos, cortando por completo calles y rutas, muchas veces sin preaviso. Los ciudadanos afectados, que padecen tanto la inflación o los problemas de la macroeconomía como los estatales, nada pueden hacer para solucionar, por ejemplo, el problema salarial de los empleados públicos, que es materia de los representantes políticos elegidos por el pueblo.

Está clarísimo que el derecho de peticionar ante las autoridades es una de las esencias del sistema republicano, basado a su vez en el ideario liberal. Muchos de esos derechos sociales que algunos dirigentes levantan como un blasón contra el neoliberalismo han sido, paradójicamente, creados por el liberalismo, que no siempre es "neo".

Pero hete aquí que vivir en sociedad no es un viva la pepa sino un mecanismo de relojería social donde mi derecho a reclamar está tamizado por los derechos de los demás, a los que yo no puedo pisotear para hacer valer el mío.

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La detención de Roberto Macho -titular de ATE- y otros dirigentes gremiales ha generado una necesaria discusión que se debía la sociedad.

La detención de Roberto Macho -titular de ATE- y otros dirigentes gremiales ha generado una necesaria discusión que se debía la sociedad.

Convivir, ese es el tema

El espacio público debe preservarse como lugar de convivencia y civismo. En la Ciudad de Mendoza los lugares para concentrarse a fin de peticionar a las autoridades son la explanada de la Casa de Gobierno, el espacio similar de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza y, en el caso de la Legislatura, el paseo Sarmiento y la plaza Independencia. Hacia esos lugares las columnas deben desplazarse por las veredas, respetando los semáforos en cada esquina.

Por ejemplo, cortar en las mañanas el nudo vial del Acceso Este y Costanera, principal acceso a la Ciudad de Mendoza, es deliberadamente un acto malsano cuyo resultado es amargarle la existencia y anularle derechos a miles y miles de mendocinos que llegan al centro a trabajar, a estudiar, a dejar sus niños en las escuelas, a hacerse estudios médicos o a realizar todo tipo de trámites.

Algo similar ocurre cuando esos cortes se producen en Vicente Zapata y San Martín, en San Martín y Don Bosco, o a lo largo Patricias Mendocinas por donde discurre la mayoría de las líneas de transporte público.

Alfredo Cornejo batalló en su gobernación contra esos despropósitos. Fue uno de los pocos que marcó también la inacción judicial en esta materia. También hizo lo suyo Rodolfo Suarez cuando fue intendente de la Ciudad de Mendoza y avaló el Código de Convivencia que comenzó con muchos bríos y ahora está más apagado.

Razonable equilibrio

Impedir, estorbar o entorpecer el normal funcionamiento del transporte por tierra son razones más que suficientes para que ese derecho a la protesta cuente con frenos legales y sea pasible de castigos, incluida la prisión. De la misma forma, la protesta social está protegida por la Constitución que establece los derechos de reunión, de peticionar a las autoridades y el derecho a huelga, pero fija contrapesos para no afectar otros derechos, con lo cual se busca crear un justo y razonable equilibrio.

Ni el derecho a la protesta social ni las buenas prácticas de sensatez republicanas tienen que estar en un nivel de preponderancia de uno sobre otro. Tienen que mantener un equilibrio, pero es innegable que el derecho de unos pocos a peticionar un mejor salario no puede estar por encima del derecho de miles y miles a trasladarse de un lugar a otro o de utilizar sin problemas el transporte público..

¿Por qué, por ejemplo, deben tener más derechos los médicos anestesistas del Estado que aquellos enfermos que requieren de una cirugía programada y no pueden acceder a ella ya que esos profesionales de la medicina están acostumbrados a sacar mejor tajada a través de sus huelgas en las que se aprovechan de su posición de privilegio?

Castaño y oscuro

Nadie puede negar el deterioro salarial de los docentes y otros estatales de Mendoza, pero tampoco se puede obviar que las marchas ya se estaban pasando de castaño a oscuro en el sentido de que venían ahogando otros derechos ciudadanos.

De allí que hayan sido bien recibidas -por los que padecieron esos cortes- las actuaciones judiciales para multar a los dirigentes que insisten en ignorar las leyes y reglamentaciones que buscan poner un marco de simetrías en esa puja de derechos.

En ese marco de cosas debe leerse la orden de detención que el fiscal Fernando Giunta libró este martes contra dirigentes de ATE, entre ellos el titular de ese gremio Roberto Macho, ante las reiteradas obstrucciones de arterias claves de la Ciudad y por no haberse presentado a cumplimentar en tiempo y forma los requerimientos que les había hecho la justicia al respecto.

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