Grieta: abertura alargada y con muy poca separación entre sus bordes. A muchos no les gusta ese sustantivo de moda que se impuso para significar las diferencias que existen entre el peronismo y el radicalismo. Y puede que tengan razón en no querer usarlo. Es comprensible que con el paso del tiempo, seamos cada vez más los que estamos hartos del término. Para complacencia de algunos, no lo voy a utilizar, pero no por aquello, si no porque este momento particular de la relación entre el oficialismo y esa parte de la oposición, ni siquiera amerita ser llamado así. Hoy, la separación es tal que merece ser llamada sima.
La crisis entre el oficialismo y el peronismo atraviesa su peor momento en la Legislatura
“Están rotos todos los diálogos”, dice a Diario UNO un peronista tradicional que remarca que no es kirchnerista y que la mayoría de los que hoy conforman el Frente de Todos en Mendoza no lo son.
Que esté “roto” lo dice en sentido figurativo; charlas hay entre radicales y justicialistas pero banales.
Ese escenario se da en la relación intendentes peronistas- gobernador Rodolfo Suarez y se profundiza en la Legislatura, donde el rechazo de unos hacia otros y viceversa es tal que hasta la mismísima rosca política parece haberse perdido.
En las últimas semanas, las diferencias quedaron muy marcadas en la casa de las leyes. El bloque de senadores del Frente de Todos no participó de las sesiones de acuerdo para la elección de un juez laboral y la defensora pública y acusó al radicalismo de entrometerse en el Poder Judicial. Mientras que poco antes, ni en el Senado ni en Diputados el peronismo acompañó el proyecto de Boleta Única del gobernador.
Estas negativas fueron tomadas en el oficialismo como señales de querer “poner palos en la rueda”, como ya pasó con el pedido de endeudamiento durante el tratamiento de los presupuestos.
Desde el peronismo responden que “es mentira que nos oponemos a todo”. Lo que pasa, dice uno de los referentes del PJ en el Senado, es que “la postura con el oficialismo es diferente porque los roles son distintos: nosotros somos oposición y nuestra tarea es de contralor”.
“Cuando los proyectos tienen sentido, acompañamos”, remarca ejemplificando que el PJ sí votó a favor de los Mendoza Activa, la capitalización de IMPSA y de la reciente ley de facilitación de las escrituras para los deudores del IPV. Y de paso se anticipa a los debates que se vienen dándole el visto bueno a otros proyectos que llegaron a la Legislatura desde el Ejecutivo como el de la oficina civil de conciliación o el de la ampliación del juicio por jurado.
Pero claro, contraponen desde el radicalismo, salvo el de Mendoza Activa que es el caballito de batalla del oficialismo, el resto son proyectos que ayudan a una transformación pero que no son sustanciales.
“Cuando votaron en contra del pliego de José Thomas como director de la DGE ya supimos cómo iba a ser la cosa”, recuerda uno de los diputados de la UCR más cercanos al Ejecutivo. Aquella sesión de acuerdo fue en diciembre del 2019, apenas unos días después de que en conjunto, PJ y el oficialismo votaran la reforma a la Ley 7.722 habilitando la minería.
Como si de un presagio se hubiera tratado, aquella unión salió mal, duró poco y nada y tras una “rebelión popular”, el gobernador decidió dejar sin efecto una de las pocas normas trascendentales en las que ambos partidos mayoritarios estuvieron de acuerdo.
El rechazo es mutuo y muy fuerte
La historia es de larga data. Lo que vemos hoy en la Legislatura es el reflejo de una relación que empezó a romperse con Alfredo Cornejo como gobernador y que se fue acrecentando con el paso del tiempo.
Las acusaciones son cruzadas y muy fuertes, por lo que, si bien en política todo puede pasar, parece difícil por ahora ver la luz al final del camino y tendríamos que prepararnos para que, al menos durante este último tramo de Suarez como gobernador, el trato siga siendo distante.
En el radicalismo creen que el PJ está dominado por el kirchnerismo duro y que esa es la fuente de todos sus males. Por la falta de mando unificado, “nadie se sienta en una mesa de diálogo porque al que lo hace lo acusan de traidor”, dice un diputado de la UCR haciendo una lectura de lo que pasa en el partido de enfrente.
Resaltan a Germán Gómez entre aquellos “con mejores modales” pero consideran que terminan prevaleciendo las posiciones más duras que “reciben instrucciones desde Buenos Aires”.
“Yo creo que hasta que ellos no resuelvan su crisis de liderazgo, esto va a seguir así porque tienen un desorden tremendo. Uno ni sabe con quién sentarse a hablar”, dicen desde el oficialismo.
Con ese análisis coincide otro senador radical: “El PJ está adormecido y eso se refleja en la Legislatura”. Para él, la clave pasará por los intendentes. “Si ellos recuperaran su poder, hablarían con sus legisladores pero se ven sumisos”, dice e inmediatamente pierde las esperanzas por la cercanía de las elecciones, en las que considera que habrá una fuerte batalla interna para imponerse.
En el peronismo reconocen que no atraviesan su mejor momento y que el problema del liderazgo, después de las últimas elecciones perdidas con Anabel Fernández Sagasti a la cabeza, es un tema a resolver a corto plazo. “Pero no deja de ser un problema partidario, interno” que no tiene que ver con el rechazo al oficialismo.
De hecho, es en la crítica dura hacia el radicalismo que muchos dirigentes peronistas, aunque de diferentes sectores, coinciden. Para ellos el principal punto de discordia pasa por el desbalance institucional, la concentración de la fuerza que hace que el radicalismo “esté copando todas las instituciones”.
“No podemos apoyar la intromisión en el Poder Judicial”, dice un senador. “Usan forzadamente sus atribuciones para captar los tres poderes” y advierte que el proyecto de reforma constitucional que Suarez busca que se trate este año apunta en ese sentido: “Así como está, está claro que lo que buscan es limitar a las fuerzas políticas, se fuerza un bipartidismo y en esa, salen ganando. Te quieren meter la reforma y ya la proponen con el cuchillo bajo el brazo. Siempre hay una picardía escondida”.
“La relación de fuerzas es desigual y eso va en contra de la institucionalidad y me preocupa”, dice uno de los intendentes peronistas coincidiendo con las opiniones que emanan de la Legislatura.
“El desbalance institucional incluso se agravaría con la reforma constitucional que quieren meter y que solo es un proyecto para beneficiar a una fuerza política”, se anticipa y advierte: “Lamentablemente, lo que temo es que Mendoza se transforme en un feudo en el que el poder lo tiene Cornejo”.
Y hay otro punto que duele dentro del PJ. Un punto común que aparece en cada charla como una espina molesta, que lastima y que hasta pareciera ser la primera de todas las que con el tiempo se clavaron: la política de descrédito que empezó hace años en contra del peronismo dio sus frutos en Mendoza.
“Nos quieren hacer quedar como corruptos. Desde que asumió Cornejo empezó la persecución judicial, nos ensuciaron (como la causa en contra de Righi, en la que fue sobreseído) y lograron imponer que el peronismo y el camporismo son mala palabra”.
Esa herida está abierta y mientras los malos tratos de un lado hacia otro no cesen, será difícil de sanar.
La reforma constitucional los encontrará otra vez separados
La “ilusión” es la reforma educativa, que el Gobierno quiere volver a poner en agenda y que, según en los términos en los que se negocie con diferentes sectores, podría llegar a salir con el apoyo del peronismo (y del SUTE).
También los proyectos de transformación del Poder Judicial que tienen que ver con la ampliación de los juicios por jurado y la oficina de conciliación en causas civiles. Pero si algún trasnochado pensaba que la reforma constitucional podía aprobarse en la Legislatura, tendré que desilusionarlo.
Esta semana se espera una reunión clave entre el gobernador Rodolfo Suarez y los presidentes de bloque de la UCR para pulir qué temáticas se impulsarán en este nuevo período legislativo y que seguramente serán anunciadas en el discurso formal de apertura de sesiones del 1 de mayo. Entre ellas estará la reforma constitucional, a la que el oficialismo le gusta llamarla “institucional”.
Cuándo empezará su tratamiento aún es una incógnita, al menos públicamente. Si bien desde un sector de la Casa de Gobierno adelantan que será cuanto antes, hay quienes la “patean” para fin de año.
Para cuando sea tendremos que estar preparados para un nuevo enfrentamiento. Acusaciones de tirar el “no por el no” de un lado contra las de querer acaparar todo el poder y romper la institucionalidad del otro.
A diferencia de otros proyectos, para que se abra el camino hacia la reforma se necesita en la Legislatura la aprobación de las dos terceras partes de cada Cámara así que con la negativa del Frente de Todos la chance está caída desde el vamos.
Las últimas críticas del peronismo
Después de aquella fallida reforma de la 7.722, hubo grandes debates que terminaron con la negativa del Frente de Todos.
Las leyes de Avalúo Fiscal e Impositiva, los presupuestos anuales sin roll over, la ley que prohíbe la equiparación de magistrados, el desafuero del senador Marcelo Romano; el mencionado no a la designación de Thomas, el no al proyecto de Boleta Única (que incluyó el voto por lista completa) y los faltazos a las sesiones de acuerdo por los pliegos de María Teresa Day como miembro de la Suprema Corte de Justicia, de Cecilia Saint André como defensora pública y de Gauna Henríquez como juez laboral y el de Sergio Marinelli al frente de Irrigación, son algunos de ellos.


