La Corte anuló un fallo del Tribunal de Cuentas y evitó que un ex titular de Vialidad pague $5 millones
Oscar Sandes debía pagar esa millonaria suma por irregularidades que sancionó el Tribunal de Cuentas en los ejercicios 2018 y 2019 de Vialidad Provincial
Oscar Sandes fue eximido por la Corte de pagar una sanción de $5 millones que le había impuesto el Tribunal de Cuentas.
En un fallo dividido, laSuprema Corte de Justicia salvó al ex titular de Vialidad Provincial, Oscar Sandes, de pagar $5 millones por una sanción que le había impuesto el Tribunal de Cuentas. La sanción era por irregularidades detectadas en la facturación de ese organismo en el ejercicio 2019, cuando Sandes era la mayor autoridad.
La Corte se expidió a pedido de Sandes, pero el fallo fue dividido. De los 3 jueces de la Sala I a la que llegó el planteo judicial, sólo dos -Pedro Llorente y María Teresa Day- hicieron lugar al pedido del ex funcionario de Vialidad, mientras que el juez Julio Gómez, había respaldado con su voto la sanción impuesta por el Tribunal de Cuentas.
Esta es la segunda intervención que esa sala de la Corte hace sobre la sanción contra Sandes. En abril del 2021 los mismos jueces -aquella vez de manera unánime- habían decidido suspender la ejecución de la multa contra el ex funcionario. En aquel momento se le imponía a Sandes devolver $2 millones que se habían gastado en ese organismo, pero que no se habían rendido.
El Tribunal de Cuentas había repasado los ejercicios 2018 y 2019 y en ellos detectó facturas truchas y varios gastos hechos con fondos de Vialidad Provincial que no tenían cómo justificarse. Según se detalló aparecían vacaciones, regalos y cenas que habían generado funcionarios de ese organismo.
La decisión por lo tanto fue que el titular de la administración de Vialidad era responsable de esos gastos que no se podían justificar y lo sancionó con devolver casi $5 millones.
En su defensa, Sandes repitió y lo dejó asentado en su planteo judicial que la mecánica que se detectó suponía la falsificación de su firma. "La operación consistía en que desde la Gerencia de RRHH, a cargo de la señora Corina Mercedes Gallardo, se emitían formularios P-18 (notas de pedidos para gastos) acompañados por facturas cuyo monto se adulteraban o no estaban vigentes (CAI vencido adulterado), se simulaba y falsificaba la firma del administrador, y se liberaban los fondos en efectivo y no en cheque como corresponde, conforme la normativa vigente y el uso y la práctica".
Además acotó que él ordenó abrir sumarios administrativos, designó una comisión investigadora y denunció penalmente la estafa. En medio de esa investigación pidió al gobernador, en ese momento era la primera gestión de Alfredo Cornejo, que suspendiera a Corina Gallardo.
También añadió que en una declaración notarial Corina Gallardo reconoció que había falsificado sus firmas sin su consentimiento en las facturas adulteradas bajo análisis. Este reconocimiento se efectuó ante la notaria Rosa Aurora Amaya Blasco, solicitando se libre oficio requiriendo copia del testimonio pertinente.
Sin embargo, el Tribunal de Cuentas marcó en su sanción que Sandes era el responsable de Vialidad Provincial, y que por el cargo que ocupaba debía controlar el uso de los fondos que emanaban de ese organismo estatal.
En el mismo sentido la Fiscalía de Estado, marcó en su oportunidad que las "irregularidades pasaban ante sus ojos y fueron justamente advertidas por el propio Tribunal de Cuentas, lo que demuestra una clara negligencia en el ejercicio de su cargo, ya sea por acción y también por la omisión en el debido control”.
“El fallo aquí cuestionado resulta manifiestamente arbitrario”, comenzó diciendo en sus argumentos el juez PedroLlorente en su voto.
En la justificación de su voto marca “la inconsecuencia de atribuir responsabilidad al señor Sandes aún luego de reconocer que su firma fue falsificada por otra persona y la omisión de todo análisis sobre la actividad y diligencias cumplidas por quien era el administrador de la DPV para investigar lo ocurrido en relación a los hechos analizados”.
Y destaca que "las irregularidades endilgadas parecerían hallarse en la órbita de competencia propia de los funcionarios que tenían a su cargo el sector contable y la Tesorería del organismo en cuestión", desligando a Sandes de esa responsabilidad.
En base a lo anterior, Llorente concluyó que "la decisión resulta ilegítima por hallarse en discordancia con las circunstancias de hecho y el derecho aplicable, y por carecer de suficiente motivación debiendo, por tal motivo, ser admitida la acción declarando nula la decisión contenida en el fallo número 17.357 en relación al señor Sandes.
Por tanto la sentencia de la Corte que anuló el fallo del Tribunal de Cuentas sólo beneficia a Sandes, no así al resto de los ex funcionarios de Vialidad Provincial sancionados por las irregularidades detectadas.
