Un informe parlamentario recomendó ayer abrir un juicio de destitución contra la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, en un nuevo capítulo de la grave crisis que golpea a la principal economía de América latina. El diputado Jovair Arantes, autor del informe, presentó sus conclusiones en una tumultuosa sesión de la comisión parlamentaria de 65 miembros, que debe votar su parecer el próximo lunes. Arantes se pronunció por “la admisibilidad jurídica y política de la acusación y por la consecuente autorización para la instauración, por el Senado, del proceso por crimen de responsabilidad” de Rousseff.
Rousseff, de 68 años, está acusada de maquillar las cuentas públicas en 2014, para favorecer su reelección, y a inicios de 2015. La oposición considera que se trata de un “crimen de responsabilidad”, en tanto que la mandataria del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) denuncia un “golpe de Estado”.
Según el informe, “la magnitud y el alcance de las violaciones practicadas por la presidenta de la república constituyeron un grave desvío de sus funciones, con perjuicios a los intereses de la nación”. “Tales actos justifican la apertura excepcional del mecanismo de impeachment”, subraya.
El voto de la comisión deberá ser aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados el lunes 18, según un calendario sujeto a modificaciones. Para que el impeachment prospere, debe contar con el apoyo de un mínimo de 342 de los 513 miembros de la cámara (dos tercios). En ese caso, pasará al Senado y, de aprobarse también en esa instancia, Rousseff sería separada de su cargo por un máximo de seis meses, en espera del veredicto final, que estará igualmente en manos de la Cámara alta.
Zona turbulenta. Rousseff sería reemplazada entonces hasta el fin de su mandato en 2018 por su vice Michel Temer, contra quien la Corte Suprema pidió también un proceso de juicio político. Temer pertenece al partido centrista PMDB, que la semana pasada rompió su alianza con el PT. Brasil entra así en una zona de turbulencia acentuada, a cuatro meses de los Juegos Olímpicos de Río (5 al 21 de agosto). Este sería el segundo juicio de destitución en Brasil desde el fin del régimen militar (1964-85). El primero le costó el cargo al presidente liberal Fernando Collor en 1992.
Rousseff, con una popularidad bajo mínimos, recurrió a su predecesor y mentor Luiz Inacio Lula da Silva para motivar a su electorado tradicional, desmovilizado por una recesión que se está convirtiendo en la peor en casi un siglo y por el escándalo de corrupción en Petrobras.
Lula fue nombrado el mes pasado jefe de gabinete de Rousseff, pero su asunción fue bloqueada por sospechas de que se trataba de una argucia para librarlo de la Justicia ordinaria, que investiga su presunta implicación en el escándalo de la petrolera estatal. La Corte Suprema debe zanjar su caso también la próxima semana.
El paso a paso: cómo es el mecanismo de juicio político en el Congreso
A continuación, el paso a paso que seguirá al pedido de apertura de juicio político a Dilma Rousseff.
• Las fechas manejadas son tentativas y están sujetas a alteraciones de último momento.
• Entre jueves y viernes, los 65 miembros de la Comisión Especial de la Cámara baja analizarán el informe del relator.
• El lunes 11, la comisión en su conjunto votará a favor o en contra del juicio político. Para que sea aprobado se necesita el voto favorable de 33 diputados. Independientemente de lo que vote la comisión, el dictamen debe ser sometido al plenario de Diputados.
• El martes 12, el resultado de la votación será publicado en el Diario Oficial.
• El viernes 15, el parecer de la comisión estará listo para llegar al plenario de Diputados.
• A raíz de los tiempos previstos en el reglamento de la Cámara, se estima que se necesitarán tres jornadas para llevar adelante las sesiones de votación en el plenario. Eso porque cada uno de los 25 partidos con representación parlamentaria tiene derecho a un discurso de una hora.
• Además, legisladores pueden inscribirse para realizar discursos en forma individual, y se estima que cada uno de los 513 diputados demorará 30 segundos para ir hasta el micrófono y emitir su voto.
• Para que el proceso avance al Senado, que es el que lo juzga, deben votar a favor de su continuidad 342 diputados, las dos terceras partes del total. Si Diputados vota por la no continuidad, el proceso es archivado.
• Si por el contrario los diputados votan para que prosiga, el Senado deberá crear una comisión especial que en 10 días debe emitir su parecer respecto a la recomendación de Diputados.
• El veredicto de esa comisión es luego sometido a votación en el Senado, donde se necesita una mayoría simple, de 41 votos —en 81— para que se instale el juicio.
• Si eso ocurre, Rousseff es alejada del cargo por 180 días, durante los cuales asumirá Temer.
• Durante la votación, el Senado pasa a ser presidido por el presidente del Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowsky.
• Para que la presidenta sea condenada y destituida, se necesita una mayoría especial en la Cámara alta, de dos tercios de sus miembros, 54 de los 81 senadores.
• La destitución en ese caso es inmediata. Rousseff saldría del gobierno y quedaría impedida de disputar o ejercer cualquier cargo electivo durante ocho años, y Temer se proclamaría presidente hasta el fin del mandato, el 31 de diciembre de 2018.
Manipulación de las cuentas públicas o “pedaladas”
El relator de la comisión de impeachment (juicio político), el diputado brasileño Jovair Arantes, que también es el autor del informe, vio ayer motivos suficientes para pedir la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda), por presunta manipulación de las cuentas públicas.
El presunto maquillaje se habría efectuado a través de “pedaladas” fiscales (como se las denomina en portugués), un mecanismo usado por el Tesoro Nacional, sin autorización del Congreso nacional, para retardar el traspaso de dinero a bancos públicos y privados de Brasil y a las grandes administraciones.
De ese modo, se mejoran de forma engañosa las cuentas del gobierno federal. El procedimiento equivale a un “empréstito” concedido por los bancos al Tesoro, algo prohibido por la Ley de Responsabilidad Fiscal del año 2000.
En concreto, la presidenta Rousseff habría cargado a los bancos brasileños en 2014, el año de su reelección, y a inicios de 2015, gastos correspondientes al gobierno por un total de 41.000 millones de reales (unos 17.400 millones de dólares al cambio medio de 2014).
El Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) dio impulso a la oposición a principios de octubre, cuando recomendó a los diputados que rechazaran las cuentas del año pasado.
Los partidarios del impeachment contra Dilma Rousseff juzgan que esas prácticas ilegales constituyen un “crimen de responsabilidad” por parte de la presidenta, uno de los motivos de destitución previstos en el artículo 85 de la Constitución, especialmente por violación de la Ley de Finanzas Públicas.
El jaqueado gobierno alega que se trata de una práctica corriente desde los años 90 y niega que Rousseff haya cometido un “crimen de responsabilidad”, que conciernen a actos que atenten contra la Constitución brasileña.
