La tensión que se ha generado en el piedemonte mendocino alcanzó un nuevo pico este martes. Apenas 24 horas después de que Diario UNO revelara la polémica decisión de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza de otorgar "factibilidad de uso" a un barrio privado clandestino, el Gobierno provincial decidió intervenir directamente en el territorio.
Polémica
Inspectores de Cornejo controlaron el barrio clandestino que Capital decidió "blanquear": qué encontraron
El Gobierno auditó este martes a Villa Adolfina para corroborar que no haya avances en el proyecto. El operativo derivó en el desalojo de otra obra ilegal aledaña
El Gobierno provincial decretó multas de hasta $100 millones para los que construyan ilegalmente en el piedemonte, como en el caso del barrio Viila Adolfina.
En un operativo que funcionó como un mensaje político de alto voltaje hacia la gestión del intendente Ulpiano Suarez, un equipo de inspectores y veedores del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial desembarcó en la zona durante esta mañana.
El objetivo era claro: verificar si la "luz verde" administrativa otorgada por Capital había reactivado las topadoras en un área de extrema fragilidad ambiental.
El operativo: calma en un lado, desalojo en el otro
La inspección se centró inicialmente en el predio de Villa Adolfina, el desarrollo inmobiliario que se encuentra en el ojo de la tormenta. Según confirmaron fuentes oficiales a este medio, los veedores constataron que, por el momento, no se registraron nuevos movimientos de suelo ni avances constructivos en el lugar.
La "pausa" en el terreno contrasta con la aceleración de los trámites burocráticos que buscaban legalizarlo.
Sin embargo, la recorrida deparó una sorpresa a pocos metros de allí. En un loteo colindante -cuya situación legal es tan precaria como la de su vecino-, los inspectores detectaron una obra en plena ejecución, sin cartel de permiso ni habilitación alguna.
La reacción de los inspectores de la administración de Alfredo Cornejo fue inmediata y severa: se ordenó la paralización total de los trabajos y se procedió al desalojo de los obreros que se encontraban levantando muros en una zona prohibida.
Además, se notificó al propietario del terreno para que cese de inmediato en su pretensión de urbanizar un área que carece de servicios y factibilidad ambiental.
La génesis del escándalo: un "blanqueo" insólito
Para entender la relevancia del operativo de este martes, hay que rebobinar la cinta hasta el 16 de enero. Ese día, la arquitecta Eva Lorena González, secretaria de Ambiente y Desarrollo Urbano de la Ciudad, firmó la Resolución Nº 13/2026 . Con su rúbrica, otorgó la factibilidad al barrio Villa Adolfina (ahora bajo la fachada de una Asociación Unión Vecinal), un proyecto que arrastra un historial delictivo en materia ambiental.
Lo que convirtió a esta resolución en un escándalo no fue solo el permiso, sino la confesión explícita que contiene. En sus propios considerandos, el municipio admite que el proyecto "había comenzado a desarrollarse clandestinamente", abriendo calles sin autorización.
Peor aún, reconoce que el inmueble se ubica en una "Zona Natural de Amortiguación", donde el uso residencial de barrio cerrado "no se encuentra permitido" según la normativa vigente.
A pesar de estas evidencias, que hubieran justificado una clausura definitiva, la funcionaria de Capital optó por la vía de la regularización.
Vivir a bidones: la precariedad como norma
La habilitación municipal no solo es cuestionable desde lo legal, sino que roza el absurdo desde lo técnico. Al estar emplazado en una zona no urbanizable y alejada de las redes de servicios, las condiciones de vida aprobadas por el municipio condenan a los futuros vecinos a una precariedad propia de siglos pasados.
La resolución detalla que el barrio no tendrá conexión a la red eléctrica (será "off-grid" solar) ni sistema de cloacas, dependiendo de biodigestores individuales. Pero el punto más crítico es el agua: el documento oficial admite que el pozo existente solo sirve para riego. ¿La solución aprobada por la Ciudad para el consumo humano? Que cada propietario se abastezca "mediante la compra de bidones".
Guerra fría política: decretos versus resoluciones
El caso "Villa Adolfina" ha dejado expuesta una grieta de criterio alarmante entre la Provincia y la Comuna de Capital. Mientras la funcionaria de Yayo Suarez firmaba la excepción para los infractores, el Gobierno de Mendoza endurecía su postura.
Apenas una semana antes, el Ejecutivo provincial promulgó el Decreto 2.792/2025 , una normativa que clasifica como infracciones "muy graves" aquellas conductas que causen daños irreversibles en el piedemonte o afecten zonas de protección, estableciendo multas millonarias.
La contradicción se complica al recordar los antecedentes: este mismo loteo fue objeto de denuncias penales impulsadas por la Secretaría de Ambiente de la Provincia en 2023. Las autoridades constataron que los desarrolladores originales avanzaron sin la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) e ignoraron sistemáticamente las órdenes de paralización, poniendo en riesgo la seguridad aluvional de todo el Gran Mendoza.
¿Zona liberada en Capital?
La lupa no sólo está puesta sobre la arquitecta González. Documentos a los que accedió este medio señalan que el subdirector de Planificación Territorial, Fernando Nicolás Bianchi, también habría autorizado en agosto pasado el ingreso de materiales al complejo "Quintas San Isidro Oeste", otro desarrollo cuestionado.
Esto plantea interrogantes incómodos: ¿existe una doble vara para medir a los vecinos que cumplen y a los especuladores que construyen en la clandestinidad?
Jaque mate legal: las normas que se violaron
Más allá de la voluntad política de "blanquear", la concreción de estos barrios choca contra una pared normativa infranqueable. Para que Villa Adolfina sea legal, la Ciudad de Mendoza tuvo que ignorar al menos 4 de sus propias ordenanzas:
- Ordenanza 3.671 (sin cloacas, no hay barrio): prohíbe terminantemente urbanizar en el piedemonte sin red colectora cloacal. La solución de los "biodigestores" aprobada por González viola esta norma de salud pública.
- Ordenanza 3.889 (reserva natural): declara la zona como de interés público y prohíbe nuevos asentamientos. La propia resolución municipal admite que el barrio está en esta zona de amortiguación.
- Ordenanza 3.866 (usos del suelo): el código de zonificación establece qué se puede construir y dónde. El texto del "blanqueo" reconoce que el uso solicitado "no se encuentra permitido".
- Ordenanza 3.687 (caso Dalvian): esta norma regula la excepcionalidad del barrio Dalvian de forma exclusiva. Ningún otro loteo puede reclamar derechos adquiridos por vecindad, cerrando la puerta a la expansión de "barrios satélites" ilegales.
El operativo de este martes dejó en claro que, aunque la Capital intente firmar la paz con la clandestinidad en los escritorios, el Gobierno de Mendoza está dispuesto a dar la batalla en el terreno.