Ibáñez aclaró que todavía no se puede exigir el estudio de impacto ambiental a El Azufre
El ministro de Gobierno explicó detalles técnicos de la asignación de terrenos a la empresa que levantará un centro de esquí en el Sur
Por UNO
Squí funcionará el centro de esquí en Malargüe.
Casi al mismo tiempo en que el Senado aprobó un pedido de informes al Ejecutivo por la asignación de tierras en Malargüe al centro de esquí El Azufre , el ministro de Gobierno, Víctor Ibañez aclaró algunos aspectos relacionados con el tema, como por ejemplo que no se puede exigir todavía un estudio de impacto ambiental hasta que la empresa no haya presentado su proyecto.
El funcionario detalló en Radio Nihuil que "Potreros de Cordillera (el terreno en cuestión) es una fracción de tierras de frontera que tiene una regulación específica. Fue el Estado nacional el que le dio la posesión a Mendoza en 1969. Por ende, jamás uno puede transmitir un mejor derecho del que tiene".
Ibñaez especificó que "la provincia, aparte de las leyes nacionales, tiene un convenio firmado por José Octavio Bordón con la Nación para darle curso a las 52.000 hectáreas de la zona. Lo que fomenta ese acuerdo es la radicación de personas, actividades, emprendimientos con el fin de poblarlas.... Este convenio y las leyes establecen finalidades que tienen algún tipo de preferencias como turísticas o agrícolas.".
"La facultad de la Provincia es asignar el terreno y darle prioridad a aquellos que comiencen a desarrollar proyectos vinculados a estas finalidades", amplió el ministro.
Para desarrollar un proyecto de una inversión de esta magnitud y para que en el mundo haya personas interesadas se requiere que puedan contar con un permiso precario. La Provincia tiene responsabilidad como poseedor y ejerce un control. El gobernador envió los antecedentes para que, antes del decreto, Fiscalía dictaminara, como lo hizo, favorablemente. Para desarrollar un proyecto de una inversión de esta magnitud y para que en el mundo haya personas interesadas se requiere que puedan contar con un permiso precario. La Provincia tiene responsabilidad como poseedor y ejerce un control. El gobernador envió los antecedentes para que, antes del decreto, Fiscalía dictaminara, como lo hizo, favorablemente.
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Víctor Ibañez, ministro de Gobierno.
"Una vez que se asigna -aclaró- la empresa tiene que evaluar el proyecto, la capacidad de inversión y existiendo un proyecto concreto entran en juego las demás normas. No se puede exigir el estudio ambiental aún porque no hay proyecto".
Finalmente indicó Ibañez: "Lo que hicieron fue presentarse al Estado y explicar que iban a instalar un domo pero no hay instalaciones de envergadura. El proyecto tiene que ser presentado en la Provincia y luego se pondrá en conocimiento a la Nación".
Hay que recordar que la Fiscalía de Estado (ombudsman ambiental de Mendoza), que comanda Fernando Simón, elaboró un dictamen por el cual avala la legalidad de la asignación de 12.000 hectáreas de terrenos fiscales que hizo el gobernador Rodolfo Suarez a favor de la firma El Azufre S.A. que proyecta un centro de esquí en Malargüe. Esta decisión fue objetada por la oposición, fundamentalmente por el Partido Justicialista.
El gobierno de Mendoza, a través de un decreto del gobernador publicado en el Boletín Oficial el 7 de enero asignó 12.000 hectáreas fiscales para que se concrete un proyecto turístico que promete generar empleo para más de 1.000 personas en Malargüe. La empresa beneficiaria es El Azufre S.A., que desde hace años trabaja en ese sector de la provincia y que ahora cuenta con aval oficial para utilizar las tierras, donde anticipa que hará punta en el uso de energías renovables y plantará cientos de miles de árboles.
El terreno se encuentra en el sur mendocino, muy cerca de la frontera con Chile y en mitad de la cordillera. El hecho de que se localice al sur y el oeste -a 2.400 metros sobre el nivel del mar, sobre el final de la Ruta 226- le permite recibir nevadas durante 5 meses al año, de ahí el entusiasmo de los inversores.
Así, el decreto 2.138 toma en consideración que la propiedad está en zona definida como "de frontera" y por lo tanto es de interés público fomentar allí la actividad económica y el asentamiento de pobladores.
En sintonía con esa definición, El Azufre venía presentando pedidos para que se les asignaran las hectáreas, argumentando que contaba con la cesión de derechos de quienes habitaron anteriormente aquellos parajes. "Desde la fecha de esas cesiones y hasta la actualidad, El Azufre ha mantenido la ocupación, realizando inversiones de infraestructura", explicó Suarez en su decreto.
