Una disputa que ya llegó a las puertas de la Corte Suprema de Justicia se disparó entre productores y compañías tabacaleras, con acusaciones de corrupción incluidas, vinculadas con la reforma tributaria que Mauricio Macri impulsó para el sector en 2017.
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Tabacalera Sarandí, la principal pyme tabacalera con 300 empleados, acusó al gigante mundial Philip Morris-Massalin Particulares, por supuestas "maniobras realizadas junto a funcionarios de la administración de Macri para aprobar la reforma impositiva al tabaco que reduce alícuotas para grandes corporaciones, e introduce un impuesto mínimo perjudicando a las pequeñas y medianas empresas".
En una querella presentada ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Número 4, la compañía asegura que Massalin Particulares -tiene más del 70% del mercado-, y los entonces funcionarios de la AFIP, del Ministerio de Hacienda y la Secretaría de Salud utilizaron "reportes e información desactualizada y falsa para impulsar este sistema impositivo, incluido en la reforma tributaria de la Ley 27.430".
La compañía denunció "irregularidades" en el proceso al afirmar que esos funcionarios del Estado Nacional "omitieron dar intervención a la Comisión Bicameral para la Reforma Tributaria para que se analizara y evaluara el proyecto de ley".
La reforma modificó la tasa general de impuestos internos, disminuyéndola del 75% al 70%, y estableció un impuesto mínimo fijo de $ 28 -actualizable- para cada envase de veinte unidades.
Aplicada la tasa general del 70% del impuesto, que da como resultado $28 -equivalente al impuesto mínimo- el precio de venta resulta en $51,69.
Todos los precios de venta que fuesen mayores a este valor liquidarían y pagarían con la alícuota del 70%, mientras que aquellos inferiores tributarían el pago del impuesto mínimo.
"Esta reducción benefició exclusivamente a las grandes empresas que son las que comercializan las marcas más caras, por ejemplo Marlboro, Phillip Morris, Benson & Hedges, Parliament, Virginia y L&M, todas de la firma Massalin Particulares", se quejó Tabacalera Sarandí en un comunicado.
Los precios de las tres marcas de cigarrillos que comercializa Tabacalera Sarandí, en diciembre de 2017, eran de $ 19, $ 24 y $ 25, respectivamente, y los impuestos contenidos y determinados a tasa general de $ 9,56, $ 12,38 y $ 12,95.
Periódicamente las tabacaleras presentan informes a distintas dependencias de la administración pública (Secretaría de Agroindustria y Dirección General Impositiva), los cuales contienen los precios de venta por marca y la cantidad de paquetes vendidos.
"Se interpreta, entonces, que el Poder Ejecutivo sabía, al momento de presentar la reforma, que los precios de venta de las pymes no superaban en ningún caso los $ 25 y que sólo las grandes corporaciones tenían precios superiores a $ 51,69, por lo que la decisión de la reforma de la ley fue propuesta conociendo que la reducción de la alícuota sólo beneficiaría a éstas últimas", denunció Tabacalera Sarandí.
Advirtió que el incremento de impuestos establecidos por la ley "no sólo no es un aumento de carácter general, sino que afectó exclusivamente y en forma desproporcionada a los cigarrillos de menores precios, y a las marcas más caras les redujo su tributación al reducir la tasa general del 75% al 70%".
Indicó que "los cigarrillos reconocidos como ultra baratos a partir del 1 de marzo de 2018 quedarían en precios similares a las primeras marcas de las grandes empresas e inclusive superarían los precios de sus segundas marcas. De esta manera, los condenarían a su desaparición afectando su supervivencia contrayendo centenares de perdidas de empleo, así como reducción en la recaudación tributaria".
La reducción al 70% de la alícuota también impacta en la recaudación para el Fondo Especial del Tabaco que, entre otras cuestiones, contribuye con el Sistema de Salud para tratar enfermedades producidas por el propio tabaquismo.