Griselda Petri busca limitar el uso de celulares en las escuelas de Mendoza para mejorar el aprendizaje
La iniciativa de Griselda Petri plantea restricciones diferenciadas según el nivel educativo y busca reducir distracciones, ciberacoso y conductas adictivas
Griselda Petri avanza con un proyecto para regular el uso de celulares en las aulas.
La diputada provincial Griselda Petri presentó un proyecto de ley para regular el uso de celulares en las escuelas de Mendoza, tanto públicas como privadas, con el objetivo de fortalecer la experiencia educativa y prevenir situaciones vinculadas al ciberacoso, la desatención y la adicción a las redes sociales.
La iniciativa surge en medio de un creciente debate sobre el impacto de los celulares en las aulas y propone criterios diferenciados según el nivel educativo.
De acuerdo con el proyecto, en los niveles inicial y primario la restricción será prácticamente total durante la jornada escolar. Solo se contemplarán excepciones para estudiantes con discapacidad que necesiten el dispositivo por razones de accesibilidad, situaciones de emergencia médica o actividades pedagógicas supervisadas por docentes.
celulares clases secundaria
El proyecto de Griselda Petri indica que los niveles inicial y primario la restricción del celular será prácticamente total durante la jornada escolar.
En el nivel secundario, en cambio, los celulares no podrán utilizarse durante las horas de clase, salvo cuando formen parte de actividades educativas con un propósito pedagógico específico. Fuera del aula, cada institución podrá establecer sus propias reglas.
Qué busca el proyecto sobre el uso de celulares en las aulas
Según explicó Petri, la propuesta no apunta a prohibir la tecnología sino a promover un uso responsable dentro del ámbito escolar.
“No se trata de demonizar la tecnología. Los celulares son herramientas importantes, pero su presencia desordenada en el aula genera distracción, facilita el ciberacoso entre pares y alimenta conductas adictivas en edades críticas”, sostuvo la legisladora.
El proyecto establece además que el régimen de sanciones deberá ajustarse a lo dispuesto por la Ley Provincial 7.861, que contempla un esquema gradual de medidas disciplinarias orientadas a preservar la convivencia y el aprendizaje colectivo.
La iniciativa también se apoya en experiencias implementadas en distintos países europeos, algunos estados de Estados Unidos, provincias argentinas y la Ciudad de Buenos Aires, donde en los últimos años se adoptaron restricciones similares.
Según los fundamentos del proyecto de Griselda Petri, esas medidas permitieron mejorar la concentración de los estudiantes y reducir conflictos vinculados al uso de dispositivos móviles dentro de las escuelas.
