Política vitivinícola

Fuerte puja entre bodegueros de Coviar y el INV por quien manejará un crédito de 40 millones de dólares

Se trata de los créditos para productores vitivinícolas que dio el BID y que se distribuirían en la segunda mitad de este año. La Corporación Vitivinícola Argentina pretendía administrarlos pero el ministro de Agricultura de la Nación, Julián Dominguez, decidió que los ejecute el INV que lidera Martín Hinojosa

Una dura pelea por quien administrará los créditos de 40 millones de dólares del Proviar II para productores vitivinícolas enfrentó a los bodegueros de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) y al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) que conduce el mendocino Martín Hinojosa.

Es que la Coviar pretendía administrarlos, como ya hizo con los 50 millones de dólares del Proviar I que se entregaron desde el 2009, pero el ministro de Agricultura de la Nación, Julián Dominguez, zanjó la discusión y decidió que la Unidad Ejecutora de estos nuevos créditos será el INV. Hinojosa planteó que su intención es que tanto Coviar, como el resto de las instituciones que representan a los productores vitivinícolas "participen y trabajen en conjunto"

La puja no es nueva. Luego de que el Gobierno nacional anunciara en octubre pasado que había conseguido un préstamo del BID de 40 millones de dólares para beneficiar a pequeños productores vitivinícolas, hubo un sin fin de reuniones.

Esos créditos fueron largamente esperados por el sector vitivinícola, ya que el Proviar I se había dado en el 2009 y ahora la principal duda estaba en quién y cómo se administrarían estos nuevos fondos. Aquel préstamo anterior, que fue de 50 millones de dólares se administró a través del Programa de Apoyo a Pequeños Productores de Argentina (Proviar), y estuvo a cargo de la Coviar.

Según trascendió, el Gobierno y los privados habrían llegado a un acuerdo la semana pasada, pero el viernes pasado la Coviar envió al INV un documento pidiendo administrar esos créditos, argumentando que esa entidad público privada contaba con la estructura, la capacidad técnica y la representatividad para hacerlo.

Esas diferencias se materializaron más tarde, este lunes en la reunión de directorio de la corporación que se hizo en San Juan. De ese directorio forma parte el mismo titular del INV, Martín Hinojosa, y fue a él a quien le dirigieron los reclamos.

También integra ese directorio, como representante del Gobierno mendocino, el ministro de Economía, Enrique Vaquié, quien habría apoyado el pedido de la Coviar que preside José Zuccardi.

El ministro de Agricultura de la Nación, Julián Domínguez, junto al gobernador Sergio Uñac y al titular del INV, Martín Hinojosa.jpg

Ante la escalada de tensión en la discusión, el ministro de Agricultura de la Nación, Julián Dominguez que había llegado a San Juan para presentar el Proviar II a los productores locales, tomó la decisión política que se venía reclamando y confirmó que será el INV quien ejecute esos créditos. El funcionario argumentó que existe un decreto del 2018, que establece que todos los préstamos internacionales obtenidos por el Estado deben ser ejecutados por organismos públicos.

Cómo se hará el reparto de los créditos al sector vitivinícola

"El ministro Dominguez decidió que la Unidad Ejecutora de estos créditos para el sector vitivinícola sea el INV, y nosotros entendemos que debemos trabajar juntos con la COVIAR y con todas las entidades que tengan representatividad en el sector para definir los lineamientos básicos de cómo se distribuirán esos fondos", aclaró Martín Hinojosa.

En tanto desde la Coviar, aseguraron que fiel a su misión de trabajar para mejorar la situación de los productores vitivinícolas, se sumarían con sus técnicos para colaborar en la definición de cómo funcionará aquella Unidad Ejecutora, esto es cómo se tomarán las decisiones y cómo se distribuirán los disputados créditos.

En la experiencia anterior del Proviar I, se conformó un consejo de productores que tomaba las decisiones sobre el destino de los fondos. Eso estuvo auditado por el Estado que tenía poder de veto y por los referentes del BID que controlaban la asignación de los recursos.

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