Las posturas, diametralmente opuestas, de las senadoras nacionales Anabel Fernández Sagasti y Mariana Juri volverán a salir a la luz este martes a las 16, cuando ambas mendocinas se vean las caras en las comisiones del Senado en las que se avizora un fuerte debate por la conformación del Consejo de la Magistratura, y en el que ya la senadora kirchnerista lanzó dardos contra la Corte Suprema luego de que esta declarara inconstitucional la norma que el Congreso sancionó en el 2016 y le puso plazo para sancionar una nueva ley.
Fernández Sagasti y Mariana Juri confrontarán en el Senado por el Consejo de la Magistratura
Al analizar ambas propuestas, la que impulsó el mismo presidente Alberto Fernández en diciembre, y el proyecto conjunto que ingresó este lunes el interbloque de Juntos por el Cambio, resaltan a la vista las diferencias.
No sólo en la cantidad de integrantes -el Frente de Todos pretende que de 13 que son en la actualidad pasen a ser 17 y Juntos por el Cambio que el número se eleve a 20- sino también en el rol que podrían tener a futuro los representantes de la Corte Suprema en ese consejo, que no sólo se encarga de seleccionar a los futuros jueces, sino que también decide sobre las sanciones que podrían caberle a esos magistrados. Para el oficialismo nacional no deben haber integrantes de la Suprema Corte, mientras que los opositores pretenden que quien presida el Consejo de la Magistratura sea precisamente el presidente de ese tribunal.
"El proyecto del Ejecutivo excluye a la Corte Suprema del Consejo de la Magistratura, prevé que no esté integrado por nadie de ese tribunal supremo, lo que es de una enorme gravedad institucional, porque es quitarle independencia a la Justicia en pos de la impunidad. Ese organismo constitucionalmente está conformado por representantes de la Corte y excluirlos es quitarle equilibrio de fuerzas", criticó la senadora Mariana Juri.
Esa propuesta que ingresó este lunes Juntos por el Cambio tiene mucho de la iniciativa que presentaron en diciembre Alfredo Cornejo y Mariana Juri, combinando aportes del ministro de Gobierno, Víctor Ibañez y otros que acercó la comisión que analizó el tema, entre los que estuvo el mendocino Ernesto Sanz.
Allí se propone que el Consejo este compuesto "por cuatro jueces o juezas del Poder Judicial de la Nación, elegidos por sistema D'Hont, debiéndose garantizar la representación igualitaria de los jueces de cámara y de primera instancia y la presencia de magistrados, con competencia federal del interior de la República y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".
Además, se sumarán ocho legisladores nacionales, cuatro por cada Cámara. Para ello, los titulares de Senado y Diputados, a propuesta de los respectivos bloques, designarán cuatro legisladores/as por cada una de ellas, correspondiendo dos al bloque mayoritario, uno/a por la primera minoría y uno/a por la segunda minoría, debiendo garantizarse la representación igualitaria de género.
Según ese proyecto integrarán el Consejo cuatro representantes de los abogados de la matrícula federal, inscriptos en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal o en las Cámaras Federales del interior, designados por el voto directo de los profesionales que posean esa matrícula y por sistema D´Hont y completarán la nómina, un representante del Poder Ejecutivo, y otros dos del ámbito académico y científico, que deberán ser abogados/as, profesores/as titulares regulares cuyo cargo haya sido ganado por concurso público de oposición y antecedentes de cátedras universitarias de Facultades de Derecho de Universidades Nacionales Públicas y Privadas
Para Sagasti el fallo de la corte "rozó el golpe institucional"
Por su lado, la senadora kirchnerista evitó hablar sobre el tema antes de que comience el debate, y dedicó la jornada del lunes a entregar nuevas jubilaciones anticipadas a viñateros de San Juan, a donde viajó con la titular del ANSES, Fernanda Raverta; sin embargo ella ya había dado muestras de su postura.
Sagasti acusó a la Corte Suprema de "rozar el golpe institucional" al declarar inconstitucional la ley del 2006. En ese fallo de diciembre pasado el tribunal supremo anuló la norma impulsada por Cristina Kirchner, con la que se modificó la conformación a 13 miembros, y condicionó al Congreso a que sancione una nueva ley que la reemplace o que el Consejo vuelva a su anterior conformación de 20 miembros en un plazo de 120 días, que se cumplen el 20 de abril.
En caso de no hacerlo, sus actos podrían ser declarados nulos, lo que generaría un caos de seguridad jurídica.
Respecto de la ley que el tribunal declaró inconstitucional la senadora mendocina resaltó en su momento: "Es de hace mas de 16 años. La Corte nunca antes dictaminó la inconstitucional de toda una ley y ha generado con esto una inseguridad jurídica a todos los jueces que fueron designados en estos años".
Este martes, cuando se reúnan las comisiones de Justicia y Asuntos Penales, que integra Fernández Sagasti, y la de Asuntos Constitucionales, que también conforma Juri, ambas senadoras prometen ser protagonistas de la fuerte puja.
Contando con la presidencia de ambas comisiones y mayoría oficialistas en ellas, el Frente de Todos que sumará al debate al ministro de Justicia Martín Soria, pretende tener dictamen este mismo martes y tratarlo en el recinto el jueves.
En Juntos por el Cambio, por su parte, quieren tener la opinión de otros especialistas, además de la de Soria y trasladar el debate a la próxima semana.
Cómo se conforma el Consejo de la Magistratura y cómo se modificó
La primera ley del Consejo de la Magistratura, que data de 1997, establecía que el organismo debía tener 20 integrantes. Estos eran 8 legisladores y un representante del Ejecutivo; 5 jueces -incluyendo el presidente de la Corte como presidente del Consejo-, 4 abogados y dos académicos.
En 2006 el Congreso aprobó una modificación, impulsada por la actual vicepresidenta y entonces senadora, Cristina Fernández de Kirchner, para disminuir los miembros a 13: 6 legisladores; un representante del Ejecutivo; 3 jueces -ninguno de la Corte-, dos abogados y un académico.
A principio de diciembre pasado el Gobierno envió un proyecto al Senado para modificar el órgano. El cambio más importante que propone es que los miembros aumenten de 13 a 17 al sumar un juez, dos abogados y un representante académico. Ninguno de los miembros que se sumarían pertenece al estamento político. También implementará paridad de género. Además, ninguno de los miembros sería de la CSJN, tal como ocurre en la actualidad.



