Los dos ex agentes de inteligencia acusados de haber hecho tareas de espionaje ilegal a dirigentes políticos, entre ellos a la vicepresidenta Cristina Kirchner, pidieron a la Justicia no ser detenidos.
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El pedido lo hicieron Facundo Melo y Leandro Araque, quienes son investigados por el juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena, en el marco de la investigación por supuestas tareas de espionaje ilegal.
Ante el juez, el abogado de ambos, Fernando Sicilia, pidió la eximición de prisión, que de serles otorgada les permitiría seguir en libertad mientras dure la investigación.
La causa se inició a partir de la confesión del capo narco Sergio "Verdura" Rodríguez, quien aseguró que un abogado de la zona sur del Conurbano le encomendaba tareas de espionaje e incluso la colocación de un artefacto explosivo en la casa del ex subsecretario de Asuntos Internacionales del Ministerio de Defensa José Vila.
A partir de los mensajes y archivos encontrados en los teléfonos de este capo narco y de otras personas a las que el identificó como parte de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), como ser los dos que ahora hicieron el planteo de eximición, se fueron descubriendo nuevos datos y documentación sobre las supuestas tareas de espionaje ilegal que se llevaban adelante.
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Además de Cristina Kirchner y Rodríguez Larreta, también figuran en el listado de presuntas víctimas de espionaje ilegal el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santili; la hija de la vicepresidenta, Florencia Kirchner; así como otros dirigentes tanto de Cambiemos como del kirchnerismo.
Esta investigación es una causa análoga a la que tramita en los Tribunales Federales de Comodoro Py, a partir de la denuncia que hizo la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, de las supuestas tareas ilegales de intervención de los correos electrónicos de más de 80 personas durante la Presidente de Mauricio Macri.
El juez adelantó que también citará a otra gran cantidad de personas que son supuestas víctimas del espionaje, para darles la posibilidad de constituirse en parte querellante.
La lista de víctimas incluye a dirigentes del ámbito político, sindical, social, periodístico, eclesiástico, judicial, a pueblos originarios y a particulares.
