La Cámara Federal de Casación Penal ordenó ejecutar el decomiso de 111 propiedades vinculadas a Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, y al empresario Lázaro Báez, cerrando así el último capítulo patrimonial pendiente de la causa Vialidad. El objetivo es resarcir al Estado nacional por el fraude en la obra pública santacruceña, estimado en $685.000 millones.
La Justicia ordenó decomisar 111 propiedades de Cristina Kirchner, sus hijos y Báez para resarcir al Estado
La Cámara de Casación rechazó los últimos recursos de las defensas. Los inmuebles de Cristina Fernández de Kirchner quedarán bajo custodia de la Corte Suprema
La Sala IV rechazó todos los planteos defensivos y detalló los bienes a devolver: 84 propiedades a nombre de Báez, una de la ex presidenta, 19 transferidas a Máximo y Florencia Kirchner, y 7 distribuidas entre las firmas Austral Construcciones, Kank y Costilla, y Loscalzo y Del Curto. La totalidad de los inmuebles quedará bajo custodia y administración de la Corte Suprema de Justicia para su eventual venta.
Los abogados de Kirchner intentaron frenar la medida argumentando que varios bienes de los hijos fueron heredados de Néstor Kirchner o cedidos antes de la investigación. La defensa de Báez, por su parte, exigió pruebas sobre el vínculo exacto entre las propiedades y el dinero del delito. El tribunal desestimó ambos argumentos.
Los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, que conformaron el voto mayoritario, explicaron que en casos de criminalidad económica organizada alcanza con probar una coincidencia temporal y económica razonable, y que exigir una reconstrucción contable perfecta terminaría vaciando de contenido la pena.
El magistrado Mariano Borinsky votó en disidencia parcial y propuso anular el decomiso sobre los 19 bienes heredados por los hijos, pero su postura no prosperó.
El camino hasta el decomiso de los bienes de Cristina Kirchner
El plazo legal para que los condenados respondieran de manera solidaria por el fraude venció en agosto de 2025, pero la ejecución de los bienes quedó en suspenso por la sucesión de apelaciones. Con esta resolución, Casación despejó definitivamente el camino.
Los jueces señalaron que el dinero robado al Estado se transformó y se mezcló con activos lícitos con el paso de los años, por lo que resulta materialmente imposible trazar una línea directa hacia cada propiedad adquirida.
Cristina cumple actualmente su condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua bajo la modalidad de arresto domiciliario en su departamento del barrio porteño de Constitución.





